Alejandro CabreraPatricia Bullrich dejó de hablar como una dirigente que plantea una diferencia menor dentro del oficialismo. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionó abiertamente una de las decisiones más sensibles incluidas por el Gobierno en el Presupuesto 2027 y utilizó palabras difíciles de relativizar: consideró que volver a avanzar sobre la emergencia en Discapacidad “parece una provocación” y afirmó que insistir con ese camino equivale a “ir a chocar directo contra la pared”.
El conflicto tiene dos dimensiones. La primera es social y presupuestaria: qué modificaciones pretende realizar el Ejecutivo sobre prestaciones destinadas a personas con discapacidad. La segunda es directamente política: Bullrich sostiene que esos cambios nunca fueron discutidos en la mesa política del Gobierno, mientras Diego Santilli dio una versión diferente sobre cómo se trató el tema.
La discusión llega, además, cuando el Gobierno necesita negociar votos para aprobar el Presupuesto y gobernadores, PRO y sectores de la UCR ya anticiparon objeciones al capítulo de Discapacidad.
“Los cambios en discapacidad fueron rechazados dos veces. ¿Por qué los mandan de nuevo? Perjudican al Presidente.” — Patricia Bullrich
El punto que provocó mayor resistencia es la propuesta oficial para eliminar el artículo 7 bis de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Ese artículo establece actualmente un mecanismo de actualización obligatoria, automática y mensual de los aranceles que reciben los prestadores, siguiendo la evolución del Índice de Precios al Consumidor.
No se trata solamente de una discusión teórica. El sistema se encuentra actualmente funcionando: el 18 de septiembre, la Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó una actualización del 1,7% para septiembre, calculada sobre la inflación de agosto. La resolución alcanza servicios de rehabilitación, centros de día, centros educativos terapéuticos, formación laboral, escolaridad, apoyos y transporte.
El proyecto de Presupuesto también incluye otros cambios cuestionados por bloques opositores y aliados.
Entre los principales aparecen:
El Gobierno sostiene que busca construir un sistema fiscalmente sostenible y mejorar la asignación y control de los recursos. El Ministerio de Salud afirmó este mes ante Diputados que su política pretende garantizar las prestaciones, actualizar el nomenclador y ordenar el régimen de pensiones con mayor transparencia.
La oposición y varios aliados interpretan que las modificaciones reducirían las garantías existentes y volverían a generar incertidumbre sobre los ingresos de los prestadores.
Bullrich hizo explícita esa preocupación.
“Cuando lo vi, dije: esto es ir a chocar directo contra la pared”, afirmó durante una entrevista con Luis Majul en La Cornisa. Según la senadora, dentro del propio Gobierno existen funcionarios que comparten sus reparos aunque no los expresen públicamente.
Su argumento es fundamentalmente político.
Bullrich recordó que la discusión sobre Discapacidad ya produjo durante 2025 y 2026 derrotas legislativas, conflictos con los aliados y una fuerte movilización social. Según LA NACION, el Gobierno sufrió siete votaciones adversas relacionadas con el tema, incluida la insistencia parlamentaria frente a un veto presidencial.
Para la senadora, volver a abrir el mismo frente en vísperas de la discusión presupuestaria carece de sentido estratégico.
La objeción de Bullrich no es solamente al contenido de la medida. Su argumento es que el Gobierno está reabriendo voluntariamente uno de los conflictos que más costos políticos le generó.
El conflicto se volvió más serio cuando la discusión dejó de centrarse en el texto del Presupuesto y pasó a quién sabía qué dentro del Gobierno.
Bullrich aseguró que estuvo presente cuando la mesa política analizó el proyecto y que la modificación sobre Discapacidad no fue mencionada.
Diego Santilli intentó posteriormente explicar la situación diciendo que Bullrich se había retirado antes de que terminara la reunión.
La senadora lo contradijo públicamente.
“Eso es mentira”, respondió. Según su versión, ella estuvo durante la discusión presupuestaria y Martín Menem permaneció apenas unos minutos más, sin que tampoco se tratara la modificación.
Bullrich agregó que piensa discutir el episodio personalmente con Santilli y sostuvo que el oficialismo debe ser “sincero” sobre cómo ocurrieron los hechos.
Al mismo tiempo aclaró que no pretende romper con el jefe de Gabinete ni con el Gobierno.
Su objetivo declarado, dijo, sigue siendo conseguir las mayorías necesarias para que las iniciativas de Milei sean aprobadas por el Congreso.
La senadora ya había elevado el tono días antes.
Al ser consultada sobre quién había incorporado los cambios al proyecto, apuntó hacia el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo.
“A mí no me tomen por tonta”, declaró, antes de remarcar que el Presupuesto había salido precisamente de Economía.
Bullrich evitó acusar personalmente a Caputo de haber diseñado la modificación, pero dejó planteada una cuestión políticamente sensible: el principal bloque oficialista del Senado dice no haber conocido una parte central del proyecto que después deberá defender y negociar en el Congreso.
Ese problema también se reprodujo en Diputados.
Legisladores libertarios manifestaron sorpresa cuando conocieron el articulado y algunos dirigentes del oficialismo se desmarcaron del intento de eliminar la actualización automática a los prestadores. Dentro del bloque llegaron a describir internamente la situación con una frase contundente: “Se incendió todo”.
La resistencia no queda limitada a Bullrich.
Gobernadores que el Gobierno necesita para aprobar el Presupuesto reclamaron modificaciones al capítulo de Discapacidad durante las reuniones mantenidas con Santilli y Caputo.
Los mandatarios plantearon que el respaldo parlamentario al Presupuesto estará condicionado, entre otros temas, a revisar los artículos cuestionados. El gobernador salteño Gustavo Sáenz sintetizó su posición diciendo que el equilibrio fiscal debía estar acompañado por un “equilibrio social”.
Esto transforma un capítulo presupuestario en un problema de gobernabilidad parlamentaria.
Milei no dispone por sí solo de los votos necesarios para sancionar el Presupuesto 2027. Necesita acuerdos con gobernadores, partidos provinciales, PRO y sectores radicales.
Y justamente varios de esos actores consideran que Discapacidad constituye una línea roja.
La historia reciente ayuda a comprender la advertencia de Bullrich.
Durante 2025, el Congreso sancionó la emergencia en Discapacidad en medio de reclamos de prestadores y familias por el atraso de los aranceles.
El Gobierno cuestionó el costo fiscal de la iniciativa y Milei intentó bloquearla. El Congreso terminó imponiéndose en distintas votaciones y el Ejecutivo también enfrentó resoluciones judiciales relacionadas con la reglamentación de la norma.
Finalmente se implementó el mecanismo de actualización mensual por inflación que ahora el Presupuesto propone modificar.
En agosto de este año, el Gobierno actualizó el nomenclador 2,1% y en septiembre otro 1,7%, siguiendo el IPC de los meses anteriores.
Por eso los críticos de la iniciativa sostienen que eliminar el ajuste automático volvería a colocar a los prestadores frente a la necesidad de negociar periódicamente los aumentos.
El Ejecutivo, por su parte, insiste en que cualquier sistema debe ser compatible con la sostenibilidad fiscal y con una política de control del gasto.
La discusión aparece además en el peor momento posible para el oficialismo en materia de Discapacidad.
La ex Agencia Nacional de Discapacidad continúa bajo investigación judicial por supuestas irregularidades en compras de medicamentos e insumos, mientras una auditoría oficial detectó recientemente una diferencia de $158.717 millones entre registros internos de deuda.
Ese desfasaje no prueba por sí mismo un desvío de fondos, pero incrementó la presión sobre la gestión anterior del organismo y sobre los mecanismos de control existentes.
En ese contexto, cualquier modificación que pueda presentarse públicamente como una reducción de prestaciones adquiere un costo político adicional.
La reacción fue suficientemente fuerte como para que la Casa Rosada comenzara a evaluar modificaciones.
Fuentes oficiales consultadas por LA NACION reconocieron que el Ejecutivo trabaja en un nuevo texto consensuado y está dispuesto a modificar parte de los artículos vinculados con Discapacidad. Sin embargo, el Gobierno tampoco pretende aceptar todas las exigencias planteadas por sus aliados.
La negociación apunta a encontrar una solución intermedia.
Por un lado, Milei quiere preservar el control del gasto y evitar que leyes con actualizaciones automáticas comprometan las metas fiscales futuras.
Por otro, los negociadores del oficialismo necesitan evitar que el capítulo de Discapacidad arrastre consigo a todo el Presupuesto.
La paradoja es evidente: una medida pensada para reducir rigideces fiscales puede terminar poniendo en riesgo la aprobación de la principal ley económica del Gobierno.
El episodio también muestra un cambio político alrededor de Patricia Bullrich.
Desde su ingreso al Gobierno libertario fue una de las defensoras más firmes de Milei. Tras dejar el Ministerio de Seguridad y pasar al Senado, se convirtió en una figura central para negociar la agenda legislativa del oficialismo.
Pero durante las últimas semanas comenzó a expresar diferencias públicamente.
En este caso no cuestionó un detalle técnico, sino una decisión incluida en el principal proyecto económico del Poder Ejecutivo.
Y dejó claro que piensa sostener esa postura aun cuando implique discutir con Economía, Santilli o integrantes de la Casa Rosada.
Al mismo tiempo, evitó transformar el desacuerdo en una ruptura: reafirmó que desea la reelección del proyecto libertario y que su objetivo es conseguir votos para las leyes del Gobierno.
Eso hace todavía más significativa su advertencia.
No proviene de la oposición.
Proviene de una de las principales dirigentes de La Libertad Avanza en el Congreso.
La discusión de fondo recién empieza.
El Ejecutivo presentó el Presupuesto 2027 con la intención de consolidar el equilibrio fiscal y proyectar continuidad de su programa económico. Pero la primera semana de negociación quedó dominada no por las variables macroeconómicas, sino por la modificación de una ley social particularmente sensible.
PRO, radicales, gobernadores e incluso legisladores oficialistas reclamaron cambios. Bullrich fue más lejos y calificó la decisión como una posible “provocación”.
La Casa Rosada todavía puede modificar el articulado durante el trámite parlamentario.
Pero el conflicto dejó una señal política antes incluso de que comience el debate profundo del Presupuesto: el equilibrio fiscal continúa siendo un punto de cohesión dentro del Gobierno; la forma concreta de alcanzarlo ya no genera la misma unanimidad.
Bullrich no está cuestionando la necesidad de ordenar las cuentas. Está advirtiendo que hay ajustes que pueden tener un costo político superior al ahorro que pretenden conseguir.
Y ésa es justamente la discusión que Milei tendrá que resolver cuando regrese a la Argentina: no sólo cuánto está dispuesto a ceder en Discapacidad, sino cuánto margen conserva para imponer su política fiscal cuando algunos de quienes deben defenderla en el Congreso empiezan a decir públicamente que esta vez el Gobierno eligió el camino equivocado.
