Patricia Bullrich

De los US$74.346 millones que América Latina y el Caribe le deben actualmente al Fondo Monetario Internacional, unos US$58.115 millones corresponden solamente a la Argentina. El país concentra casi cuatro quintas partes de toda la deuda regional, supera ampliamente los límites habituales de financiamiento del organismo y paga miles de millones de dólares por intereses y sobretasas. El nuevo préstamo conseguido por Javier Milei en 2025 permitió reforzar las reservas y sostener el programa económico, pero profundizó una anomalía que comenzó con el acuerdo récord de Mauricio Macri en 2018: ningún otro país de la región depende del FMI en una magnitud semejante.

La Sala I de la Cámara Federal cambió formalmente su integración la semana pasada y desde entonces tomó tres decisiones de fuerte impacto político: apartó querellantes de $LIBRA, archivó la investigación por el préstamo récord del FMI y ratificó el sobreseimiento de Luis Caputo en otra causa. Detrás de la secuencia aparece una historia que atraviesa dos gobiernos y vuelve a poner bajo la lupa uno de los tribunales más poderosos del país.

A un mes de asumir la Presidencia de Colombia, el dirigente que derrotó por menos de un punto a Iván Cepeda trasladó buena parte de su estrategia electoral a la Casa de Nariño. La respuesta al terremoto, la ofensiva militar, el alineamiento con Trump y Netanyahu y una comunicación estrictamente controlada muestran un Ejecutivo que busca conservar la iniciativa política, mientras empiezan a aparecer límites judiciales, fiscales e institucionales.

La nueva estrategia presidencial consiguió instalar nuevamente la cuestión del Atlántico Sur y las medidas anunciadas reciben apoyo en sectores amplios de la sociedad. Sin embargo, una encuesta de Management & Fit muestra una fuerte desconfianza sobre las motivaciones del Gobierno: apenas uno de cada cuatro consultados atribuye el cambio a una convicción genuina.