Alejandro CabreraEl Gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta una de sus primeras grandes controversias en materia de seguridad. Apenas unas semanas después de haber recuperado los bombardeos aéreos contra estructuras guerrilleras y grupos armados, el ministro de Defensa, general retirado Jorge Eduardo Mora, tuvo que presentarse ante la Cámara de Representantes para responder políticamente por la muerte de menores de edad durante esas operaciones. La discusión ya no gira solamente alrededor de la efectividad militar de los ataques: el Congreso, la Justicia y organismos defensores de derechos humanos plantean hasta dónde puede llegar el Estado cuando sabe que grupos ilegales utilizan o reclutan niños y adolescentes.
El representante Óscar David Benavides, uno de los legisladores que impulsó la moción de censura, resumió su cuestionamiento de manera personal después del debate: aseguró que el ministro “ni siquiera fue capaz de mirarme a los ojos” mientras se discutían las muertes de los cuatro menores registradas en los bombardeos ejecutados durante las primeras semanas del nuevo Gobierno.
La cifra de cuatro corresponde a dos operaciones distintas. El primer bombardeo se produjo el 10 de agosto contra una estructura del ELN en Catatumbo y dejó muerto a un adolescente de 16 años. El segundo fue realizado el 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, contra disidencias de las FARC vinculadas con alias Calarcá Córdoba. Allí fueron identificados otros tres menores entre los fallecidos, según las primeras informaciones utilizadas para promover la moción de censura. Diferentes actualizaciones forenses posteriores generaron algunas variaciones en los recuentos específicos del operativo de Guaviare, pero las investigaciones y decisiones judiciales de septiembre han utilizado la cifra de al menos cuatro menores muertos en los bombardeos realizados desde la llegada de De la Espriella.
La velocidad con la que la nueva administración modificó la política de seguridad explica buena parte de la polémica.
Durante sus primeras tres semanas, el Gobierno realizó tres bombardeos: uno contra el ELN en Catatumbo y dos contra disidencias de las FARC en Guaviare. De la Espriella había llegado a la Presidencia prometiendo abandonar la estrategia de negociación simultánea con distintos grupos armados y recuperar una política mucho más ofensiva contra las organizaciones ilegales.
El ministro Mora defendió públicamente esa estrategia y aseguró que las operaciones respetaron los procedimientos militares y las obligaciones jurídicas del Estado.
Pero las muertes de los adolescentes cambiaron inmediatamente el eje de la discusión.
Los menores no estaban allí voluntariamente según la interpretación sostenida por los sectores que promueven la moción: habían sido víctimas de reclutamiento por parte de grupos armados.
Ese punto introduce uno de los dilemas más difíciles del conflicto colombiano.
Los grupos ilegales cometen una grave violación del derecho humanitario cuando reclutan menores. Pero esa condición de víctimas no determina automáticamente qué protección conservan cuando participan directamente en hostilidades.
Ante la Cámara, Mora defendió los bombardeos y negó que las Fuerzas Armadas hayan vulnerado la Constitución o el Derecho Internacional Humanitario.
Su argumento central fue que una persona que cumple una “función continua de combate” dentro de un grupo armado puede constituir un objetivo militar incluso si es menor de edad. También aseguró que un ataque aéreo no se decide improvisadamente y que cada operación atraviesa hasta seis filtros técnicos, jurídicos y de inteligencia antes de ser autorizada.
El ministro sostuvo además que la responsabilidad primaria corresponde a las organizaciones que reclutan niños y adolescentes.
Desde esa perspectiva, suspender completamente los bombardeos cuando los grupos armados incorporan menores podría generar un incentivo perverso: utilizar niños como mecanismo de protección frente a ataques militares.
Ese argumento también ha sido defendido públicamente por legisladores oficialistas y de sectores de derecha.
Benavides y los otros congresistas que promovieron la moción no niegan que el reclutamiento sea un crimen.
Su argumento es que precisamente porque esos adolescentes son víctimas de reclutamiento, el Estado tiene una obligación reforzada de protegerlos.
Cuando presentó la moción a comienzos de septiembre, Benavides pidió que Mora explicara qué información de inteligencia existía antes de lanzar las bombas, quién evaluó el riesgo para niños y adolescentes y qué alternativas menos dañinas fueron consideradas.
La proposición fue respaldada por 19 congresistas y formalmente convocó al ministro a responder por la planificación y supervisión de la política operacional. La Cámara confirmó que la sesión se extendió durante más de cuatro horas.
El núcleo de la acusación política puede resumirse en una pregunta:
si los servicios de inteligencia sabían o podían razonablemente saber que había menores reclutados dentro de los campamentos, ¿debió haberse utilizado otra herramienta militar?
La polémica no quedó limitada al Congreso.
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó a comienzos de septiembre suspender los bombardeos sobre objetivos en los que exista información cierta o razonable sobre presencia de menores hasta que se evalúen las medidas de precaución necesarias y se determine que no existe una alternativa operacional menos lesiva.
El Gobierno intentó impugnar esa medida.
La jueza mantuvo la orden.
La resolución no prohíbe en términos absolutos todos los bombardeos de las Fuerzas Armadas. Exige mayores precauciones cuando exista información sobre niños o adolescentes dentro del objetivo.
La diferencia es importante: el Estado conserva la posibilidad de utilizar fuerza aérea contra organizaciones armadas, pero tiene que justificar de manera mucho más estricta que evaluó el riesgo para los menores y que no había una alternativa menos lesiva disponible.
Detrás de toda la controversia aparece un problema que atraviesa gobiernos de distintos signos políticos: el reclutamiento infantil continúa siendo utilizado por organizaciones armadas colombianas.
Mora presentó ante el Congreso cifras destinadas a demostrar que su cartera también desarrolla operaciones para rescatar menores. Según el balance ofrecido por el propio ministro, durante sus primeros 45 días habían sido recuperados 43 niños y adolescentes, además de 25 personas secuestradas; también informó 95 toneladas de cocaína incautadas y más de 23.000 capturas. Son cifras oficiales presentadas por el Ministerio de Defensa y no constituyen por sí mismas una evaluación independiente de la efectividad global de la política de seguridad.
El ministro también afirmó que los enfrentamientos entre las estructuras de alias Mordisco y alias Calarcá habían provocado decenas de muertes en Guaviare, incluyendo menores. Su planteo es que recuperar militarmente esos territorios forma parte precisamente de la estrategia para disminuir la capacidad de reclutamiento de las organizaciones.
El Derecho Internacional Humanitario establece protecciones especiales para niños y adolescentes.
Al mismo tiempo, la participación directa y sostenida de una persona en operaciones armadas puede modificar temporalmente determinadas protecciones frente a ataques.
Ahí aparece el problema jurídico que divide a Gobierno y oposición: una cosa es determinar que alguien participa en hostilidades y otra es decidir si bombardear todo un campamento era necesario, proporcional y adoptaba suficientes precauciones frente a la presencia conocida o probable de menores.
Precisamente por eso los cuestionamientos no se limitan a preguntar quién estaba dentro de los campamentos.
Preguntan también:
Son esos elementos los que permiten evaluar jurídicamente una operación militar, no únicamente la pertenencia de las víctimas a una estructura armada.
La controversia también tiene una dimensión política.
De la Espriella llegó al poder después de cuestionar la estrategia de “paz total” del Gobierno anterior y prometió recuperar la iniciativa militar frente a guerrillas, disidencias y grupos criminales. Los bombardeos se convirtieron rápidamente en uno de los símbolos de esa ruptura.
Sus partidarios consideran que durante los años anteriores las organizaciones armadas aumentaron su control territorial y capacidad militar mientras negociaban con el Estado.
Sus críticos temen que la nueva política reproduzca episodios del pasado colombiano en los que operaciones contra grupos armados terminaron afectando a menores reclutados y poblaciones civiles.
La muerte de cuatro adolescentes colocó esa discusión en el centro de la política apenas semanas después de la llegada del nuevo Gobierno.
En ese contexto adquiere sentido la frase de Benavides.
El legislador convirtió el debate técnico y jurídico sobre operaciones militares en una interpelación política directa al responsable de Defensa.
Su afirmación de que Mora no fue capaz de mirarlo a los ojos debe entenderse como una acusación política del congresista, no como evidencia sobre la legalidad de los bombardeos o sobre la responsabilidad personal del ministro.
Pero expresa el tono que alcanzó la discusión.
Para Benavides y quienes acompañaron la moción, el problema es que el Estado terminó matando a menores que previamente habían sido víctimas de reclutamiento.
Para Mora y el Gobierno, la responsabilidad fundamental recae sobre los grupos armados que incorporaron a esos menores a estructuras combatientes, y renunciar a la capacidad de atacar esos objetivos puede terminar fortaleciendo justamente a quienes los reclutan.
El Congreso deberá definir ahora la suerte política de Mora.
La moción de censura es uno de los mecanismos más fuertes de control parlamentario previstos por el sistema colombiano: si alcanza la mayoría requerida, puede obligar a un ministro a abandonar el cargo.
Pero incluso si Mora permanece en Defensa, el episodio ya modificó la discusión.
En apenas semanas, los bombardeos pasaron de representar el símbolo de la nueva política de mano dura de De la Espriella a convertirse en su primer gran conflicto político, judicial y humanitario.
La Justicia impuso límites precautorios. El Congreso exige explicaciones. El Gobierno insiste en que no renunciará a recuperar territorios controlados por organizaciones armadas. Y los grupos ilegales continúan reclutando niños y adolescentes.
Entre esos cuatro elementos queda la pregunta que Colombia conoce desde hace décadas y todavía no consiguió resolver: cómo combatir militarmente a quienes utilizan menores sin que el propio Estado termine convirtiendo a esos menores en víctimas de sus operaciones.
