La reforma judicial que desató una tormenta en Comodoro Py

Una reforma de alto voltaje

El nuevo sistema acusatorio, que transfiere la conducción de la investigación penal de los jueces a los fiscales, está generando un verdadero sismo en Comodoro Py. Mientras en otras jurisdicciones del país se viene aplicando sin mayores resistencias, su inminente implementación en los tribunales federales de Retiro activó una cadena de disputas internas, renuncias, reacomodamientos y hasta denuncias penales.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, encabezó el anuncio de la reforma como una modernización indispensable del proceso penal. Sin embargo, su visita a Comodoro Py terminó en escándalo: fiscales de peso como Carlos Stornelli y Eduardo Taiano elevaron reclamos formales por la falta de recursos y alertaron sobre la improvisación del plan. Lo que debía ser un cambio técnico se transformó en una batalla política.

La Cámara Federal también fue epicentro de las tensiones. El desplazamiento de funcionarios clave y los movimientos para consolidar poder interno en vistas a la nueva lógica del sistema dispararon una interna virulenta entre los magistrados. Se habla de “golpes palaciegos” y de una puja encarnizada por el control de las causas sensibles.

Desplazamientos, internas y acusaciones cruzadas

Uno de los movimientos más ruidosos fue la denuncia penal presentada contra el propio Cúneo Libarona por parte de un funcionario judicial, lo que llevó a la intervención del procurador interino Eduardo Casal. La acusación gira en torno al manejo de fondos y contrataciones para implementar la reforma. El ministro respondió denunciando una “resistencia corporativa”.

A esto se suma la presión política que se percibe desde distintos sectores del oficialismo para acelerar cambios en el Poder Judicial. La llegada del sistema acusatorio es vista como una oportunidad para “limpiar” y reestructurar espacios clave del fuero federal. La tensión entre el gobierno nacional y la cúpula judicial —ya presente desde el inicio de la gestión de Milei— se agudiza ahora con esta reforma en marcha.

La Unión de Empleados Judiciales expresó también su rechazo a la implementación “precipitada y sin garantías laborales”, sumando un ingrediente gremial al conflicto. El malestar atraviesa todos los niveles del edificio judicial.

Una pulseada con ecos históricos

Comodoro Py no es cualquier tribunal: allí se tramitan las principales causas de corrupción política, narcotráfico, espionaje y crimen organizado. Cambiar el sistema procesal allí no es solo una cuestión técnica, sino una transformación del equilibrio de poder dentro de uno de los bastiones del sistema republicano argentino.

Desde los años 90, distintos gobiernos intentaron avanzar con reformas que reordenaran el funcionamiento judicial, pero el statu quo siempre resistió. Esta vez, la coyuntura de crisis institucional, la llegada de una administración con aires refundacionales y la ambición de controlar los tiempos judiciales convergen en una tormenta perfecta.

Varios fiscales han advertido que, sin el presupuesto adecuado, la implementación del nuevo sistema puede fracasar estrepitosamente. Denuncian que no cuentan con personal, tecnología ni espacios físicos para afrontar el cambio. Algunos incluso evalúan acciones legales contra el Estado por ponerlos “en situación de riesgo operativo”.

Por detrás, también se tejen operaciones mediáticas y denuncias cruzadas que intentan deslegitimar a jueces y fiscales. Las internas entre sectores del Poder Judicial, los servicios de inteligencia y la política vuelven a emerger con crudeza en un escenario que ya ha sido escenario de escándalos memorables.