El caso Manuel Adorni dejó de ser una discusión contable. Ya no se trata solamente de dólares, Bitcoin, anexos omitidos o formularios rectificados. El problema central es político: el jefe de Gabinete del Gobierno quedó atrapado en explicaciones contradictorias sobre su patrimonio y, en cualquier administración con estándares mínimos de responsabilidad pública, ya habría tenido que dar un paso al costado.