La querella solicitó la pena máxima para los dos principales acusados por el intento de asesinato de la vicepresidenta, ocurrido en septiembre de 2022 frente a su casa.
Política13 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
El juicio por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner entró en una etapa clave con el pedido de condena de la querella. Los representantes legales de la expresidenta reclamaron 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, acusados de planificar y ejecutar el ataque fallido frente a su domicilio en Recoleta.
El hecho, que generó conmoción política y social en todo el país, fue calificado por la acusación como un atentado premeditado, con motivaciones políticas y una ejecución coordinada.
Durante su exposición, la querella describió el episodio como un acto de violencia política que tuvo el objetivo de eliminar físicamente a una figura central de la política argentina. Recordaron que el arma utilizada estuvo cargada y que, según las pericias, fue accionada a escasos centímetros de la cabeza de la vicepresidenta, aunque no se disparó por un fallo mecánico.
La acusación vinculó a Sabag Montiel como el autor material y a Uliarte como coautora, señalando que ambos actuaron en conjunto, con tareas de logística, inteligencia previa y planificación. Se presentó como prueba el intercambio de mensajes, registros de ubicación y testimonios que reconstruyeron los movimientos previos y posteriores al atentado.
Además, se remarcó que el ataque se produjo en un contexto de tensión política creciente, con discursos hostiles que, según la querella, alentaron un clima de odio que desembocó en la acción violenta. En ese marco, el pedido de pena se fundamentó en la gravedad del hecho, la peligrosidad demostrada y el impacto institucional del atentado.
El tribunal escuchará en los próximos días los alegatos de la defensa, que intentará desacreditar la acusación y plantear nulidades. Una vez finalizadas todas las exposiciones, se fijará la fecha para la lectura del veredicto, que podría conocerse antes de fin de año.
Este caso sigue siendo uno de los episodios judiciales más sensibles de la última década, con derivaciones políticas y mediáticas que lo mantienen en el centro del debate público.
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