Los gremios universitarios anunciaron una huelga de 24 horas en todas las universidades públicas del país para este viernes, denunciando que el veto presidencial pone en riesgo salarios, infraestructura y becas.
Política11 de septiembre de 2025
Alejandra Larrea
Tras el veto firmado por Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, los docentes nucleados en FEDUN, CTERA, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT y UDA convocaron a un paro nacional de 24 horas en todas las universidades nacionales para este viernes 12 de septiembre. También anticiparon que realizarán una Marcha Federal Universitaria el día que el Congreso trate el rechazo del veto.
Denunciaron que el financiamiento universitario aprobado por el Congreso no puede ser ejecutado por el Ejecutivo sin garantías reales, ya que consideran que el veto se basa en argumentos de costo fiscal e insuficiencia de las fuentes de financiamiento. Aducen que las universidades atraviesan una situación crítica, con deterioro en infraestructura, recortes presupuestarios en investigación, dificultades para mantener servicios básicos y salarios que han perdido frente a la inflación.
La oposición política y las organizaciones estudiantiles se sumaron al reclamo. Se preparan movilizaciones y sesiones especiales en el Congreso, donde anticipan que los bloques opositores buscarán revertir el veto si logran reunir la mayoría especial necesaria. También expresaron que la educación pública es un derecho que, según ellos, el Ejecutivo estaría dejando de lado con esta medida.
El paro afectará el normal desarrollo de clases, administración y servicios de atención en todas las universidades públicas del país. Las medidas también incluyen clases públicas al aire libre, asambleas de protesta y difusión pública del impacto que supone el veto en los estudiantes y docentes.
Los gremios afirmaron que las medidas no son aisladas: forman parte de una estrategia de presión creciente frente a lo que califican como un ajuste educativo extremo. Estiman que si no hay modificaciones al decreto presidencial que veta la ley, la conflictividad en el sector educativo podría escalar en los próximos días.
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