
Jonathan Kovalivker entregó su celular en la causa por las coimas en ANDIS
Alejandra Larrea
Jonathan Simón Kovalivker, al frente de la droguería Suizo Argentina, se presentó voluntariamente en los tribunales de Comodoro Py acompañado de su abogado, en respuesta a una orden judicial para secuestrar su teléfono móvil. En su entrega no incluyó la contraseña del dispositivo, lo que obliga a las autoridades a solicitar acceso técnico para realizar el peritaje correspondiente.
El caso se enmarca dentro de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la filtración de audios atribuidos al ex titular Diego Spagnuolo, donde se aluden esquemas de pagos indebidos vinculados con contrataciones y provisiones farmacéuticas. Los hermanos Kovalivker, junto a otros empresarios y funcionarios, están siendo investigados por delitos como cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Además de la entrega del celular, el juez federal Sebastián Casanello ordenó bloquear las cajas de seguridad de los Kovalivker, de Spagnuolo y de Daniel Garbellini, para evitar que se sustraiga evidencia valiosa. Se les prohibió la salida del país mientras avanzan las medidas de prueba. Entre los allanamientos recientes figura la sede de ANDIS, domicilios vinculados a los empresarios y domicilios de los funcionarios, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación.
Entre los hallazgos que se difundieron, el hermano de Jonathan, Emmanuel Kovalivker, fue interceptado en Nordelta con 266 mil dólares en efectivo y varios millones de pesos, cantidad que los investigadores están analizando en el contexto de la causa. Su padre, Eduardo Jorge, también implicado, fue mencionado en los audios, aunque no se informaron medidas específicas contra él más allá de ciertas restricciones judiciales.
Este procedimiento es parte de un escándalo político que ha sacudido al Gobierno, ya que los audios ponen bajo escrutinio a figuras cercanas al poder, y la evidencia recolectada podría tener impacto en la responsabilidad política así como en eventuales sanciones legales.


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