Alejandra Larrea
La jueza Julieta Makintach, quien presidía el juicio oral por la muerte de Diego Maradona, presentó un escrito ante la Justicia para pedir que se anule la imputación formulada por los fiscales en su contra. Para ella, la acusación es infundada, los argumentos están mal fundados y la actuación fiscal ha sido parcial, con una intención de perseguirla más allá de lo estrictamente penal.
La presentación surge luego de que se le atribuyeran cinco delitos: cohecho pasivo, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado de servicios. Makintach sostiene que la acusación busca obstaculizar el juicio y generar un daño irreparable a su defensa y reputación.
La imputación fiscal acusa a Makintach de participar en el documental Justicia Divina en momentos en que dirigía el debate oral del juicio por la muerte de Maradona, lo que los fiscales entienden como un conflicto de interés.
Sus defensores presentaron una petición de nulidad de 38 páginas, donde alegan que la acusación fiscal carece de precisión: no se definen claramente los hechos que supuestamente cometió, ni cuándo, cómo y dónde. Según ellos, eso viola derechos fundamentales, como el derecho a una defensa adecuada.
Además, los defensores señalan que la fiscalía ha valorado conjeturas y pruebas indirectas en lugar de hechos concretos. Acusan al Ministerio Público Fiscal de haber manejado la prueba de manera irregular, y de promover acusaciones antes de que existan fundamentos sólidos.
Otro punto fuerte de la defensa es que, según ellos, la acusación penal y el jury disciplinario que también enfrenta Makintach estarían incurriendo en doble persecución por hechos superpuestos, lo que podría afectar el principio de no ser juzgado dos veces por lo mismo.
La causa penal se tramita en la UFI Nº 1 de San Isidro, mientras que el juicio disciplinario (jury) está en otro ámbito institucional. La defensa afirma que las acciones fiscales no solo afectan su desempeño profesional sino su integridad institucional.
El pedido de nulidad presentado por Julieta Makintach obliga a la Justicia a revisar si la acusación fiscal cumple con los estándares legales de precisión y objetividad exigidos por el derecho penal. Más allá de lo jurídico, este caso desata un debate sobre la independencia de los tribunales, el papel de los fiscales, y la delgada frontera entre responsabilidad judicial y persecución política.
Mientras tanto, el proceso continúa abierto: los fiscales deberán responder a los planteos de la defensa, y los tribunales determinarán si admiten la nulidad del requerimiento. Para Makintach, es clave que se respete el debido proceso y que no se use la acusación como herramienta de desgaste institucional.
