El presidente Javier Milei firmó decretos para reactivar el Ministerio del Interior —que había sido degradado a secretaría en 2024— y designó a Lisandro Catalán como su ministro. También se redefinieron funciones de la Jefatura de Gabinete para fortalecer el vínculo con las provincias después de las últimas elecciones.
Política15 de septiembre de 2025
Alejandra Larrea
El lunes 15 de septiembre, el Gobierno nacional formalizó dos medidas clave: por un lado, la restitución del Ministerio del Interior mediante decreto; por otro, la designación de Lisandro Catalán como ministro al frente de la cartera. Catalán ya venía actuando en tareas vinculadas con lo que sería el rol del ministerio, pero ahora lo tendrá con rango plenario.
Estos cambios fueron establecidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia 658/2025, que reestructura la Ley de Ministerios, y por el Decreto 672/2025, que nombra oficialmente a Catalán. La reforma incluye la transferencia de competencias, unidades organizativas, presupuesto y personal que hasta ahora dependían de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.
El flamante Ministerio del Interior tendrá amplias funciones: coordinación política con provincias y municipios, gestión del Registro Nacional de las Personas, migraciones, régimen electoral, política ambiental, deporte y turismo. Es una apuesta clara para mejorar el federalismo y reforzar la interlocución del Ejecutivo con los gobiernos locales.
También se modificó el rol de la Jefatura de Gabinete: ahora contará con un Vicejefe Ejecutivo con rango de ministro, para quien se delegarán facultades específicas, y se le asignaron funciones más amplias de coordinación política, seguimiento parlamentario, control presupuestario y supervisión de políticas nacionales.
El nombramiento de Catalán y la reinstauración del ministerio coinciden con el intento del Gobierno de recomponer su relación con las provincias, especialmente tras los resultados adversos en las elecciones de Buenos Aires. La nueva estructura busca fortalecer el diálogo provincial a través de la recién creada “Mesa Federal”.
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El presidente vetó la ley que destinaba 200.000 millones de pesos para la reconstrucción y asistencia a los damnificados. El Ejecutivo asegura que el auxilio se canaliza a través de otro programa, pero sólo se liberó la mitad de los recursos previstos, lo que generó críticas y reclamos en la región afectada.
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