Alejandro Cabrera
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acompañó el despliegue y confirmó múltiples arrestos en operativos con agentes fuertemente armados. Trump volvió a amenazar con enviar tropas de la Guardia Nacional, pese al rechazo del gobernador Pritzker y de organizaciones locales que denuncian un clima de persecución y militarización.
Desde el martes, Chicago registra un aumento en la presencia de equipos migratorios, aunque no se detalló el alcance total de la operación. Bovino afirmó que “los equipos se han dispersado por la ciudad para ir tras los objetivos”, mientras que defensores de inmigrantes anticipan nuevas protestas en barrios críticos.
La figura de Bovino genera controversia porque durante su paso por Los Ángeles estuvo al frente de redadas masivas que incluyeron detenciones en centros de trabajo, escuelas y espacios comunitarios. En su gestión se denunciaron casos de uso excesivo de la fuerza y deportaciones sin debido proceso. Para el gobierno de Trump, en cambio, Bovino es símbolo de “eficacia” en el control migratorio.
El contexto político en Illinois añade tensión al desembarco. El gobernador demócrata J. B. Pritzker ha sido uno de los opositores más firmes a la política migratoria federal, asegurando que el Estado no colaborará con lo que define como una “caza indiscriminada de migrantes”. Sin embargo, la presencia federal limita su margen de acción.
En barrios como Pilsen y Little Village, de fuerte presencia latina, se multiplicaron asambleas vecinales y comunicados de alerta. Organizaciones comunitarias distribuyen folletos con recomendaciones legales y números de asistencia para quienes puedan ser blanco de las redadas. Se percibe un clima de incertidumbre, con familias que evitan salir a la calle por miedo a ser interceptadas.
El presidente Trump utilizó el despliegue en Chicago como parte de su estrategia de campaña hacia 2026, repitiendo que “las ciudades santuario son nidos de criminalidad”. Los analistas interpretan que esta medida busca reforzar su discurso de orden y seguridad, especialmente en distritos clave del medio oeste donde la cuestión migratoria moviliza a su electorado.
La “Operación At Large” se suma a otras acciones ya desplegadas en Nueva York y Houston, con un patrón de coordinación federal que busca mostrar control centralizado. El envío de agentes con armamento pesado a zonas urbanas densamente pobladas despierta críticas incluso entre legisladores republicanos locales, que temen un efecto contraproducente en comunidades migrantes que son fuerza laboral clave.
La Iglesia católica de Chicago y distintas congregaciones religiosas lanzaron comunicados de repudio. El cardenal Blase Cupich llamó a proteger a los migrantes y cuestionó que se utilice “la política del miedo como estrategia electoral”. Desde el ámbito académico también hubo pronunciamientos: la Universidad de Illinois advirtió sobre el impacto psicológico en niños y adolescentes de origen migrante.
El operativo podría derivar en un litigio legal. Diversas ONGs anunciaron que presentarán demandas por violación de derechos constitucionales, alegando allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias. Abogados especializados anticipan que la batalla judicial podría llegar a la Corte Suprema, dada la magnitud del despliegue.
En paralelo, sindicatos como el de trabajadores de servicios y la construcción expresaron su preocupación: advierten que la persecución a migrantes desorganiza sectores enteros de la economía local y que las redadas generan vacíos de mano de obra. Estos gremios alertan que, lejos de solucionar problemas de seguridad, la operación profundiza la inestabilidad social.
La Casa Blanca, por su parte, sostiene que se trata de un esfuerzo coordinado para “recuperar el control de las fronteras internas” y que los equipos solo actúan sobre “objetivos específicos con antecedentes”. Sin embargo, la experiencia en Los Ángeles mostró que muchas de las detenciones fueron a personas sin récord criminal. Esa contradicción alimenta el debate público y la desconfianza hacia la versión oficial.
El futuro inmediato dependerá de la resistencia local. Chicago es una de las ciudades con mayor tradición de refugio a migrantes y su gobierno municipal prometió no cooperar con las fuerzas federales. La tensión entre jurisdicciones abre un escenario de confrontación directa que podría escalar en las próximas semanas, con impacto tanto en la política migratoria como en la campaña presidencial en curso.
