Martínez de Giorgi rechazó la causa $LIBRA y devuelve el expediente: incertidumbre judicial y repercusión política

El caso nació a partir de la denuncia por la promoción pública de una criptomoneda llamada $LIBRA, que fue impulsada a través de redes sociales con un mensaje del propio presidente Javier Milei. Aquella publicación generó un salto abrupto en la cotización del token, que pasó de centavos a varios dólares en cuestión de horas, para luego desplomarse dejando a cientos de pequeños inversores con pérdidas significativas. La sospecha central es que hubo maniobras de manipulación de mercado, uso de información privilegiada y un esquema de beneficios para allegados al oficialismo que habrían vendido antes de la caída.

Con el correr de las semanas, las ramificaciones del caso se multiplicaron. Empresarios del mundo cripto, firmas de consultoría y compañías radicadas en el exterior aparecieron señaladas como parte de la estructura que habría coordinado la operatoria. También se abrió la línea de investigación sobre la Secretaría General de la Presidencia, a partir de la sospecha de que existieron pagos para obtener audiencias con el mandatario. En ese entramado, el nombre de Karina Milei quedó en el centro de la escena, sumando peso político a una causa que ya de por sí era explosiva.

El juez Ariel Lijo, que tenía en sus manos la investigación por la ausencia de la jueza María Servini, había decidido enviar el expediente a Martínez de Giorgi con el argumento de que existía conexidad con otra investigación en curso. La intención era unificar los procesos y evitar que las pruebas quedaran dispersas en dos despachos diferentes. Sin embargo, Martínez de Giorgi entendió que ya había pronunciamientos previos de la Cámara Federal que indicaban lo contrario, y decidió no aceptar la competencia, devolviendo la causa y trasladando el conflicto nuevamente a la instancia superior.

La consecuencia inmediata es una parálisis procesal. Mientras la Cámara define, la investigación queda en un limbo que retrasa las medidas de prueba más sensibles: peritajes financieros, análisis de billeteras virtuales, cruces de mensajes y citaciones que podrían incluir a figuras del más alto rango del poder político. Ese estancamiento no es menor, ya que en causas de alta exposición pública cada semana perdida genera especulaciones y sospechas de maniobras dilatorias.

Desde el punto de vista político, la resolución de Martínez de Giorgi alimenta tanto la narrativa del oficialismo como la de la oposición. En el gobierno insisten en que se trata de una maniobra de sectores judiciales y mediáticos que buscan erosionar la figura presidencial en plena campaña electoral. Del otro lado, la oposición sostiene que el rechazo del juez es una señal de la incomodidad que genera el expediente y que, tarde o temprano, saldrán a la luz pruebas que comprometen seriamente al círculo íntimo del presidente.

El trasfondo es aún más complejo porque la causa $LIBRA no se limita a una operatoria financiera puntual. En juego están la confianza en los mercados, la credibilidad de la palabra presidencial y la percepción de que desde el poder se puede manipular información sensible para beneficio de unos pocos. La tensión se amplifica porque el Congreso también decidió avanzar en paralelo con la citación de Karina Milei, un movimiento legislativo que aumenta la presión política sobre la Casa Rosada y amenaza con convertir la investigación judicial en un escándalo institucional de gran escala.

El futuro inmediato dependerá de la rapidez con que la Cámara Federal defina la competencia. Si lo hace con celeridad, el expediente podrá retomar su curso y encaminar las medidas pendientes. Si se demora, el riesgo es que la investigación quede empantanada y que el paso del tiempo diluya la potencia de las pruebas y los testimonios. En cualquier caso, el caso $LIBRA ya trascendió el terreno judicial y se instaló como uno de los grandes frentes políticos de este año, capaz de impactar en la relación de fuerzas dentro del Congreso y en la credibilidad de un gobierno que se propuso como adalid de la transparencia.