Alejandro Cabrera
El 19 de septiembre de 2025, tres jóvenes de La Matanza —Brenda del Castillo (20 años), Morena Verri (20 años) y Lara Gutiérrez (15 años)— subieron a una Chevrolet Tracker blanca con la promesa de asistir a un evento. Nunca regresaron. Cinco días más tarde, la policía bonaerense encontró sus cuerpos torturados y mutilados en el patio de una casa en Florencio Varela, al sur del conurbano bonaerense. La escena era escalofriante: los restos habían sido enterrados en bolsas, el suelo estaba cubierto de cal y cloro, y el olor químico confirmaba que los asesinos intentaron borrar huellas.
Desde el primer momento, la causa estuvo plagada de interrogantes. ¿Quiénes llevaron a las jóvenes a esa casa? ¿Por qué las atacaron con tanta saña? ¿Quién grabó el video del asesinato que circuló entre miembros de la banda?
A finales de septiembre, las autoridades imputaron a cuatro personas y detuvieron a un quinto sospechoso en Bolivia. Pero el mayor golpe llegó cuando se difundió el nombre de un joven peruano de 20 años, “Pequeño J”, como supuesto líder de una pequeña red narco y autor intelectual de la masacre. La identificación de este capo —junto con el hallazgo de su pistola, su pasaporte y transferencias de dinero al extranjero— abrió nuevas pistas y expuso vínculos que van más allá del crimen puntual.
En esta actualización, se sintetiza la información que ha emergido en los últimos días, se contextualiza la relevancia del caso y se analizan sus consecuencias sociales y políticas.
La noche de la desaparición
La invitación y el viaje. El 19 de septiembre Brenda, Morena y Lara aceptaron la invitación de asistir a un supuesto evento en La Matanza. Se subieron a una camioneta blanca que luego se comprobó había sido robada para no dejar rastros.
Búsqueda frenética. Las familias denunciaron su desaparición ese mismo día. La fiscalía de La Matanza rastreó las señales de los teléfonos; uno de ellos se desconectó en Florencio Varela esa misma noche.
Hallazgo macabro. El 24 de septiembre la policía bonaerense allanó una casa en Varela y encontró los cuerpos de las tres chicas enterrados en un pozo que había sido cavado con antelación. Los investigadores creen que la tumba fue preparada antes de que las víctimas llegaran, lo que demuestra premeditación.
La escena del crimen. La vivienda estaba cubierta de cloro y cal para ocultar la sangre y el olor. En una habitación se hallaron restos de ropa, botellas de alcohol y tarjetas SIM.
Un video atroz. Uno de los detenidos admitió que grabó el asesinato con su teléfono y transmitió el video a unos 45 integrantes de la banda, aparentemente para mandar un mensaje de terror. Este detalle evidencia el componente de alevosía y ensañamiento que la fiscalía atribuye a los homicidas.
Los primeros detenidos
En las horas posteriores al descubrimiento, la justicia de La Matanza detuvo a Magalí González (28 años) y a su pareja Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años) en un hotel; ambos confesaron haber limpiado la casa del crimen. También fueron arrestados Daniela Ibarra (19 años) y Maximiliano Parra (18 años), quienes habrían participado en la logística. Los investigadores sospechan que estos cuatro forman parte de una red de distribución de drogas en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.
Poco después, se identificó a Matías Ozorio (28 años) como mano derecha del líder de la banda. El fiscal Gastón Duplaá solicitó una notificación roja de Interpol para Ozorio y lo imputó por “triple homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por violencia de género”.
Nuevos hallazgos: del líder prófugo a las pistas internacionales
La aparición de “Pequeño J”
Una de las novedades más relevantes fue la identificación del presunto autor intelectual del triple crimen. Fuentes oficiales señalaron a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, un joven de 20 años oriundo del departamento de La Libertad, en Perú. La policía bonaerense difundió su fotografía, retocada con inteligencia artificial para mejorar la calidad, con el objetivo de que la ciudadanía pudiera reconocerlo.
Las autoridades creen que “Pequeño J” trató de huir del país en los días posteriores al crimen. Según declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, la decisión de divulgar su identidad se tomó al comprobar que buscaba escapar y para facilitar su captura.
La investigación sugiere que Valverde Victoriano es sobrino de Marcos Estrada —ex líder de la banda de la villa 1-11-14— y primo de “Dumbo”, otro capo narco del barrio. Pese a su juventud, “Pequeño J” habría intentado tomar control del negocio de drogas en los barrios Zavaleta y 1-11-14, aprovechando el vacío de poder dejado por las antiguas jefaturas. Hasta hace pocos meses, su nombre no aparecía en los registros policiales, lo que sugiere cierta complicidad de fuerzas de seguridad locales.
Allanamientos en Villa Zavaleta y hallazgo de su pistola
En la noche del 26 de septiembre, efectivos de la Bonaerense allanaron la vivienda de una mujer que solía albergar a “Pequeño J” en el barrio Zavaleta de la Ciudad de Buenos Aires. Allí encontraron:
Una pistola Glock .40 calibre, supuestamente utilizada por el líder para intimidar y controlar a sus subordinados.
Un pasaporte nuevo a nombre de Valverde Victoriano, lo que confirma sus planes de huir.
Recibos de transferencias internacionales a Perú por cientos de miles de dólares y un esquema de recaudación a través de Mercado Pago. Esta documentación evidencia la logística económica que sostiene a la banda; demuestra que el negocio no se limita a la venta de droga al menudeo, sino que incluye lavado de dinero y movimientos transnacionales de fondos.
Los investigadores creen que “Pequeño J” se trasladó a Jujuy tras el triple homicidio y que intenta cruzar la frontera hacia Perú vía Bolivia. En ese marco, se allanaron varios domicilios en el conurbano y en provincias del norte en busca de su paradero, pero hasta ahora no se ha logrado su captura.
Detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Bolivia
Otra novedad importante fue la detención de Lázaro Víctor Sotacuro Lázaro, conductor de nacionalidad boliviana con DNI argentino, quien habría sido uno de los choferes que apoyaron la logística del crimen. Sotacuro, de 32 años, ingresó a Bolivia por la frontera de La Quiaca y fue arrestado en un hospedaje de Villazón gracias a la coordinación entre la policía jujeña y las autoridades bolivianas.
Aunque su nombre no figuraba entre los principales sospechosos, su captura fue presentada por las fuerzas de seguridad como un avance. Según la fiscalía, había manejado un Volkswagen Fox para respaldar la operación de secuestro y asesinato. Su traslado a Buenos Aires estaba previsto para fines de septiembre.
Testimonio de un chofer de aplicación y hallazgo de la pala
En el mismo día, un chofer de una aplicación de transporte declaró ante el fiscal Adrián Arribas. Contó que el 20 de septiembre realizó un viaje desde la casa de Florencio Varela donde ocurrió el crimen hacia otra vivienda cercana, llevando a dos personas cubiertas de barro.
Al identificar al chofer, la policía allanó la vivienda a la que había llevado a los pasajeros y encontró la pala con la que se cavó el pozo donde enterraron a las víctimas. Este hallazgo confirmó que el hoyo se excavó antes de que las chicas llegaran, reforzando la teoría de que el asesinato fue planificado y premeditado.
La grabación y el mensaje mafioso
Uno de los detalles más escalofriantes emergió de la confesión de Miguel Ángel Villanueva Silva. El joven reconoció haber grabado el asesinato con su celular y haber enviado el video a alrededor de 45 miembros de la banda. Esta distribución tuvo un propósito claro: demostrar poder y ejercer terror sobre otros narcos o posibles traidores. Según la notificación de Interpol citada por Página/12, los atacantes “aumentaron intencionalmente e inhumanamente el sufrimiento de las víctimas”, utilizando su condición dominante de género para ejercer violencia.
La investigación se reorienta
Tras la salida del fiscal Gastón Duplaá —quien había imputado a los primeros detenidos y solicitado las circulares de Interpol— la causa pasó a manos del fiscal de homicidios Adrián Arribas. Su equipo trabaja con fuerzas provinciales y federales para capturar a “Pequeño J”, a su mano derecha Matías Ozorio y a otros sospechosos. Arribas sostiene que la hipótesis central es la venganza narco: una de las víctimas habría retenido dinero o droga, por lo que la banda planificó el crimen para enviar un mensaje.
Mientras tanto, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, se vio envuelta en polémicas. Críticos la acusan de subestimar la crisis y destinar gendarmes a otras tareas en lugar de reforzar las fronteras y combatir las redes de narcotráfico.
Ramificaciones: narco-violencia, género y vulnerabilidad social
1. Violencia de género como estrategia de terror
El triple crimen fue tipificado como femicidio, no solo por tratarse de mujeres, sino también por la crueldad y la exposición de sus cuerpos. La notificación de Interpol señala que los asesinos aprovecharon su superioridad física para infligir sufrimiento innecesario. Esta violencia no es incidental: el uso del terror sexualizado es un mecanismo disciplinario de las bandas, que cosifica a las mujeres como objetos de venganza.
Además, testimonios de vecinos indican que en barrios como 1-11-14 y Zavaleta, algunas adolescentes son cooptadas por narcos para vender contenidos eróticos o prostituirse. La falta de oportunidades y la ausencia del Estado dejan a estas jóvenes expuestas a explotación y a la violencia. El caso de Lara, de solo 15 años, muestra cómo el crimen organizado se aprovecha de las menores y las convierte en chivo expiatorio de disputas que no les pertenecen.
2. Las bandas pequeñas y la disputa por territorios
A diferencia de los clanes históricos como el de Marcos Estrada, la banda de “Pequeño J” no es un cartel transnacional, sino un grupo de siete u ocho personas que pelea por el control de los puntos de venta. Según la investigación, estos grupos emergentes se arman con jóvenes sin antecedentes, lo que complica el rastreo policial.
No obstante, operan de manera coordinada: roban vehículos para secuestrar a sus víctimas, construyen fosas con anticipación y se apoyan en líderes comunitarios o policías corruptos que les garantizan impunidad. La grabación del crimen y su difusión muestran un aprendizaje de patrones de violencia narco de países como México y Brasil.
3. Desigualdad y vulnerabilidad en el conurbano
Barrios como Florencio Varela, Zavaleta y 1-11-14 presentan altos índices de desempleo, pobreza y falta de servicios básicos. La ausencia de políticas sociales sostenidas y la desatención gubernamental han permitido que narcos suplan al Estado: reparten alimentos, financian comedores y prestan dinero sin intereses. Este “capitalismo narco” fortalece su poder simbólico y dificulta que las víctimas recurran a la justicia.
El triple crimen puso en evidencia cómo la desigualdad de género y la desigualdad socioeconómica se entrelazan. Las jóvenes que buscan oportunidades laborales en entornos precarizados son susceptibles a engaños y cooptación. En este sentido, la tragedia de Brenda, Morena y Lara no es un hecho aislado, sino un reflejo de una crisis social más amplia.
4. Complicidades institucionales
Varios informes periodísticos y testimonios afirman que la banda de “Pequeño J” y otras similares han contado con protección de policías federales y de la Ciudad. La fiscal Mónica Cuñarro, pionera en investigar homicidios narcos en el sur de la ciudad, denunció que agentes trasladaban los cuerpos mutilados a distintos hospitales para desviar la atención y evitar que se relacionaran los crímenes.
Esta connivencia permitió que pequeños clanes se expandieran sin ser detectados. La falta de controles en la frontera y la corrupción interna facilitan que personas como Valverde Victoriano ingresen ilegalmente y se instalen en barrios populares.
5. Reacción política y demandas sociales
El triple femicidio generó una fuerte reacción en la opinión pública. Colectivos feministas y organizaciones barriales convocaron marchas bajo las consignas “Ni Una Menos” y “Basta de narco-violencia”. Las familias de las víctimas denunciaron negligencia estatal y exigieron justicia.
En el plano político, el jefe de Gabinete Guillermo Francos criticó al gobierno de la provincia de Buenos Aires por la supuesta “desbandada” de las fuerzas de seguridad y cuestionó a los votantes que apoyan a dirigentes peronistas. Por su parte, la ministra de Seguridad Bullrich rechazó las acusaciones y resaltó la coordinación con Bolivia para detener a Sotacuro. No obstante, estas acusaciones cruzadas no han resuelto la pregunta central: ¿Cómo impedir que se repita una tragedia así?
El triple femicidio de Florencio Varela no solo reveló la crueldad de ciertas bandas narco. También puso al descubierto fallas estructurales: la fragilidad de la protección de mujeres y niñas, la impunidad de grupos violentos, la corrupción policial y la falta de políticas integrales para el conurbano.
A finales de septiembre de 2025, la investigación había logrado identificar al presunto autor intelectual, “Pequeño J”, decomisar su pistola y sus documentos, y detener a un cómplice en Bolivia. Sin embargo, las principales cabezas de la banda siguen prófugas. La difusión del video del crimen demuestra que la violencia narco busca espectacularizar el terror y que, sin una respuesta firme y coordinada, estos métodos podrían replicarse.
Más allá de la búsqueda de los culpables, el caso obliga a repensar políticas de prevención de violencia de género, estrategias de seguridad en barrios vulnerables y la creación de oportunidades para jóvenes que, como Brenda, Morena y Lara, pueden ser atraídas a trampas mortales.
La sociedad espera respuestas. La justicia debe actuar con eficacia, pero también es necesario que el Estado recupere el territorio, mejore la calidad de vida y rompa el círculo de impunidad que permitió este horror.
