Alejandra Larrea
El triple crimen de Florencio Varela sigue generando fuertes repercusiones políticas y sociales. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, calificó el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez como un “narcofemicidio” y reclamó la intervención directa del Gobierno nacional. En sus palabras, se trata de un “hecho federal” que excede los límites provinciales por su vínculo con redes criminales dedicadas al narcotráfico.
La declaración de Kicillof marca un giro conceptual en la interpretación del caso. No se trata únicamente de un femicidio múltiple, sino de un crimen organizado que buscó enviar un mensaje mafioso en el conurbano bonaerense. El gobernador apuntó que las características del hecho —la planificación, la brutalidad y el perfil de los acusados— son propias de una estructura narco que debe ser enfrentada con todos los recursos del Estado.
Un caso que conmociona al país
El asesinato de las tres jóvenes en Florencio Varela sacudió a la sociedad argentina. Sus cuerpos fueron hallados en condiciones que evidenciaban un ataque planificado, con participación de varias personas y un trasfondo directamente vinculado al narcotráfico. La hipótesis principal de la Justicia es que se trató de un crimen mafioso, ejecutado como represalia o advertencia dentro de disputas territoriales por el control del negocio de las drogas.
En ese marco, Kicillof sostuvo que el femicidio múltiple no puede analizarse como un hecho aislado ni limitarse a una causa provincial. “Esto es un narcofemicidio y, por lo tanto, un hecho federal. Debe intervenir el Gobierno nacional y las fuerzas federales para que no quede impune”, declaró.
Reclamo de coordinación federal
El mandatario bonaerense exigió que el presidente Javier Milei convoque a una mesa de trabajo con gobernadores y ministros de Seguridad para coordinar una política conjunta contra el crimen organizado. “El narcotráfico no reconoce fronteras provinciales. Si no hay una estrategia nacional, las provincias quedamos desprotegidas”, advirtió.
Kicillof también remarcó que la Justicia federal debe asumir un rol más activo en el caso, dado que la figura del narcotráfico convierte el hecho en un delito de carácter nacional. Para el gobernador, el desafío excede la investigación puntual y obliga a repensar cómo se combate el narco en todo el país.
El contexto judicial
La causa ya tiene varios detenidos, entre ellos Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez, acusados de haber colaborado en la logística del crimen. Sin embargo, el principal sospechoso, conocido como “Pequeño J”, sigue prófugo y es considerado el autor intelectual del triple asesinato.
El hallazgo reciente de una carta anónima en una comisaría de Barracas, que aportaba pistas sobre allegados a este líder narco, reforzó la hipótesis de que la red criminal cuenta con protección y conexiones que complican su captura.
Un crimen con mensaje mafioso
Para los investigadores, el triple femicidio tuvo la intención de sembrar terror y reafirmar el poder de la organización narcocriminal en la zona sur del conurbano. La violencia ejercida contra las víctimas, todas jóvenes, funciona como un acto de disciplinamiento mafioso, en línea con los métodos utilizados por bandas que buscan consolidar dominio territorial.
Kicillof advirtió que este tipo de prácticas son una señal de alarma que no puede ser ignorada. “Si dejamos que los narcos avancen, lo que hoy sucede en Florencio Varela puede extenderse a otras ciudades. Necesitamos respuestas rápidas, coordinadas y efectivas”, aseguró.
Repercusiones políticas y sociales
Las palabras del gobernador se suman a las movilizaciones que en los últimos días exigieron justicia por Brenda, Morena y Lara. Organizaciones feministas, de derechos humanos y colectivos barriales marcharon en Florencio Varela, Quilmes, La Plata y en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, denunciando la complicidad estatal y la falta de políticas de protección frente a la violencia narco.
Desde la oposición, algunos dirigentes cuestionaron el uso del término “narcofemicidio”, argumentando que podría desviar el foco del problema de la violencia de género. Sin embargo, para el oficialismo bonaerense, el concepto refleja con mayor precisión la fusión entre crimen organizado y violencia contra las mujeres.
Una agenda de seguridad en disputa
El triple crimen reabrió el debate sobre las competencias en materia de seguridad. Mientras la Nación sostiene que el combate al narcotráfico depende de las provincias, los gobernadores reclaman mayor presencia federal en las zonas más conflictivas.
Kicillof insistió en que la magnitud del caso demanda que el Ejecutivo nacional deje de lado la confrontación política y actúe de manera coordinada. El desenlace de esta discusión marcará el rumbo de la relación entre el Gobierno nacional y la provincia más poblada del país.
