Alejandra Larrea
Javier Milei presentó el nuevo Código Penal en un acto realizado frente al Complejo Penitenciario de Ezeiza, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En su discurso, el mandatario sostuvo que “el que las hace, las paga” y reclamó “tolerancia cero” contra el delito.
El proyecto enviado al Congreso implica un endurecimiento generalizado de penas, la eliminación de beneficios excarcelatorios y la implementación plena del sistema acusatorio para agilizar juicios. También introduce la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.
Principales cambios previstos
El texto incluye reformas profundas en delitos graves y menores. El homicidio simple pasará de 8-25 a 10-30 años de prisión, y se agregan agravantes en homicidios con víctimas vulnerables. Las lesiones, el abuso de armas y las amenazas también tendrán incrementos notables. El robo simple podrá llegar a 8 años y el cometido con violencia hasta 10. En el caso de usurpaciones, la pena máxima podría llegar a 12 años.
El capítulo sobre delitos sexuales y contra la infancia incluye penas más severas para la pornografía infantil, elevando el mínimo a 3 años y ampliando los agravantes. También se modifican los artículos sobre trata de personas, con un máximo de hasta 15 años.
Un aspecto polémico es la creación de figuras específicas para agresiones en protestas sociales: atacar a un funcionario o miembro de fuerzas de seguridad durante una manifestación puede llevar hasta 9 años de prisión.
Argumentos del Gobierno
Milei defendió la iniciativa señalando que “los años de garantismo solo ataron de manos a las fuerzas de seguridad y a los jueces, mientras los delincuentes tuvieron vía libre”. Bullrich, por su parte, insistió en que la reforma es la herramienta que el país necesita para combatir el narcotráfico, los piquetes y la inseguridad cotidiana.
El oficialismo enmarca la propuesta en una narrativa de orden y autoridad. Con la campaña electoral a semanas de definirse, el nuevo Código Penal se presenta no solo como un proyecto legal sino también como un gesto político, buscando conectar con la demanda social de mayor seguridad.
Debate abierto en el Congreso
El proyecto ingresará ahora al Congreso, donde la correlación de fuerzas es incierta. Milei advirtió que “será responsabilidad de los legisladores decidir si se ponen del lado de las víctimas o de los delincuentes”. La oposición anticipa un debate intenso, especialmente por la reducción de la edad de imputabilidad y el tratamiento de la protesta social.
La discusión pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para construir consensos en un Parlamento donde ha sufrido recientes derrotas. De aprobarse, la reforma supondrá un cambio profundo en la política penal argentina.
