El empresario detenido amplió su declaración indagatoria y admitió haber mantenido vínculos contractuales con José Luis Espert. Dijo que los pagos “eran por asesorías económicas” pero no pudo justificar documentación ni contraprestaciones. La Justicia investiga si se trató de operaciones de lavado de dinero.
Política07 de octubre de 2025
Alejandra Larrea
El caso que involucra a Fred Machado y al exdiputado liberal José Luis Espert sumó un nuevo giro judicial. Durante su indagatoria ante el juez federal que investiga la red de transferencias internacionales ligadas a operaciones de narcotráfico y lavado, Machado reconoció haber firmado contratos “de asesoría económica” con Espert y su entorno profesional, con montos que habrían alcanzado hasta 500.000 dólares.
La declaración, a la que accedieron fuentes del expediente, complica el escenario judicial del economista y amplía la línea de investigación que ya había sido abierta por una transferencia previa de 200.000 dólares detectada en registros financieros. Según los fiscales, el dinero habría sido girado desde sociedades offshore controladas por Machado, bajo el pretexto de “consultorías” cuyos contenidos no pudieron ser acreditados.
La declaración de Machado
Ante el magistrado, Machado sostuvo que los contratos “fueron legítimos y se firmaron en 2020”, cuando buscaba asesoramiento en temas de política económica argentina para un grupo inversor con base en Miami. Sin embargo, al ser requerido para aportar documentación, el empresario sólo presentó copias parciales y sin validez legal.
Los investigadores creen que los pagos se canalizaron a través de Southern Wings LLC y HLB Pharma Group, empresas que figuran como parte de la red utilizada por Machado para mover fondos entre Argentina, Uruguay y Estados Unidos. El dinero habría tenido como destino una consultora argentina registrada a nombre de un allegado a Espert.
El juez dispuso incorporar la declaración completa de Machado al expediente principal por lavado de activos y ordenó nuevas medidas para rastrear los movimientos contables. Entre ellas, el pedido de informes a bancos internacionales y la apertura de comunicaciones corporativas vinculadas al empresario y al exdiputado.
Repercusiones en el entorno político
La declaración generó inmediata repercusión en el entorno de Espert, que negó rotundamente los señalamientos. A través de su equipo legal, el economista aseguró que “no existió ningún contrato con Machado ni relación comercial alguna”, y calificó las declaraciones del empresario como “una maniobra de defensa para atenuar su propia situación penal”.
En el Gobierno nacional, el tema volvió a generar incomodidad. A pesar de que Espert se había alejado de la campaña libertaria, la exposición pública de su nombre sigue golpeando la narrativa oficial de transparencia y orden. Fuentes cercanas a la Casa Rosada señalaron que “no habrá pronunciamientos hasta que la Justicia se expida”, pero reconocen que el caso “erosiona la imagen del espacio liberal”.
La causa se expande
El expediente, radicado en los tribunales de Comodoro Py, ya acumula más de 3.000 fojas e involucra a una red de empresarios, pilotos, financistas y funcionarios aduaneros. Las autoridades judiciales investigan un circuito de triangulación de dinero proveniente del narcotráfico mexicano, con ramificaciones en Argentina, Uruguay y Estados Unidos.
Machado, detenido desde 2023, es considerado una pieza central en el entramado financiero. Los fiscales sostienen que utilizó un esquema de empresas fachada para blanquear ganancias ilícitas mediante inversiones simuladas y contratos profesionales de alto valor. En ese contexto, los pagos a Espert y su entorno se convirtieron en una línea de investigación prioritaria.
Fuentes judiciales confirmaron que, tras la declaración, el juez evalúa citar a Espert a indagatoria formal para ampliar su descargo y determinar si existió participación dolosa o si fue víctima de una operación encubierta.
El riesgo político de un caso que no se apaga
El episodio vuelve a poner en jaque al oficialismo libertario, que intenta recomponer su discurso de orden y transparencia tras la crisis por la renuncia de Espert. En el Congreso, la oposición ya adelantó que pedirá explicaciones públicas y que podría impulsar pedidos de informes sobre los vínculos entre funcionarios, empresarios y consultoras privadas.
El propio Espert busca tomar distancia del escándalo. En su entorno sostienen que “no hay pruebas de ningún delito” y que la acusación “se basa únicamente en dichos de un detenido que intenta mejorar su situación judicial”. Sin embargo, en los tribunales, la línea de investigación sigue abierta y con múltiples derivaciones internacionales.
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