Alejandra Larrea
Dentro del oficialismo crece una corriente que impulsa convertir en formal un rol que hasta ahora ha sido extraoficial. La figura de Santiago Caputo, actualmente un referente clave en el armado económico del gobierno, es potenciada por sectores que lo ven con capacidad para ocupar un puesto público después de las elecciones. No obstante, no se trata de una confirmación sino de una aspiración interna.
El impulsor más visible de esa propuesta fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien sugirió en declaraciones públicas que “sería bueno que Caputo asuma responsabilidades” formales, dado que en la práctica ya maneja asuntos relevantes. Esa intervención alimentó el debate interno sobre la conveniencia de transformarlo en funcionario con rango, para darle legitimidad institucional al peso que ya ostenta dentro del gobierno.
Quienes apoyan la medida argumentan que institucionalizar su rol clarificaría líneas de autoridad y reduciría tensiones de hecho entre áreas técnicas y políticas. Para ellos, si Caputo está operando como un “funcionario de facto”, es mejor que su tarea sea reconocida formalmente. También señalan que eso otorgaría mayores garantías legales y políticas frente a posibles cuestionamientos públicos.
Pero la propuesta no encuentra consenso. Algunos sectores del gobierno la miran con cautela. Temen que poner a Caputo en un rol visible genere celos o resistencias de ministros actuales que lo vean como un desplazamiento. Además, preocupa que hacerlo antes de las elecciones podría leerse como una jugada de poder más que una decisión técnica.
El momento tampoco es inocuo. En el oficialismo se especula con cambios de gabinete para diciembre, tras las elecciones. En ese contexto, incorporar oficialmente a Caputo podría formar parte de una reestructuración más amplia, en la que varios ministerios experimenten ajustes, salidas de candidatos y relanzamientos institucionales.
Caputo tiene detrás una historia de influencia técnica dentro del gobierno, aunque sin título formal equivalente. Su cercanía con el presidente y su rol en decisiones de política económica le dieron peso pero también le restan visibilidad pública consolidada. Formalizar su función sería un paso adelante: asumir responsabilidades, aparear nombres con acciones y responder políticamente por ellas.
Desde la oposición y medios se observa con atención. Algunos advierten que este tipo de movimientos internos reflejan vacíos institucionales, donde los nombres con poder quedan fuera del escrutinio público hasta que sus funciones se hacen explícitas. Otros relativizan la propuesta, señalando que la prioridad debe estar puesta en los anuncios concretos y resultados, más que en administraciones internas.
Por ahora, la iniciativa permanece como propuesta y aspiración. No existe decreto, resolución ni anuncio oficial alguno que indique que Santiago Caputo vaya a asumir función pública. El próximo paso dependerá del resultado electoral, del mapa de poder que se configure en el Congreso y del rol que el presidente decida asignarle en el nuevo equipo de gobierno.
