Alejandra Larrea
La aprobación del endeudamiento en la provincia de Buenos Aires dejó al descubierto la dinámica real del poder en la Legislatura. Axel Kicillof, obligado por la urgencia fiscal y la falta de mayoría propia, tuvo que abrir una negociación que combinó concesiones institucionales, ampliación de estructuras y un reordenamiento político profundo. Lo que hasta hace unas semanas parecía imposible —un acuerdo con bloques opositores que venían trabando cada discusión— se volvió viable cuando el gobernador habilitó la entrega de espacios concretos en organismos provinciales y permitió que la oposición pusiera sus propios nombres sobre la mesa.
La sesión que parecía destinada a naufragar finalmente avanzó porque hubo un reparto específico: cargos, sillas, lugares de control y garantías hacia adelante. Aunque las designaciones aún no fueron formalizadas mediante decretos, los nombres negociados ya circulan en la política bonaerense y funcionaron como la clave para desactivar el bloqueo.
La urgencia financiera que empujó el pacto
La situación fiscal de la provincia fue el motor de toda la negociación. La caída abrupta de ingresos, el retraso de transferencias nacionales, el aumento de los costos salariales y los vencimientos inmediatos colocaron al gobierno bonaerense frente a un escenario crítico. Kicillof insistió en que sin endeudamiento la provincia no podía sostener pagos esenciales ni garantizar el funcionamiento de servicios básicos en salud, educación, seguridad y políticas sociales.
Ese diagnóstico generó consenso entre intendentes de distintos partidos, que comenzaron a presionar para que la Legislatura aprobara un instrumento que les permitiera acceder a recursos urgentes. La presión municipal se combinó con un mensaje claro al Ejecutivo: si quería los votos, debía ceder lugares concretos de poder.
El Banco Provincia: la pieza central del acuerdo
El punto decisivo de la negociación estuvo en el Banco Provincia. La ampliación del directorio —que pasó de 8 a 12 miembros— se convirtió en la moneda de cambio para destrabar la discusión. Esa expansión abrió cuatro sillas nuevas, y fueron precisamente esas cuatro sillas las que se disputaron en la mesa política.
Los nombres que se mencionan como próximos a ocupar esos lugares —aún sin confirmación oficial, pero sí instalados en la negociación— explican el equilibrio final del acuerdo. Por el lado del PRO, el sector de Néstor Grindetti empujó la postulación de Adrián Urreli, mientras que el espacio de Cristian Ritondo avaló a Matías Ranzini como representante de su línea interna. En la UCR tradicional circulan los nombres de Agustín Máspoli, Carlos Fernández y Marcelo Daletto, protagonistas de una disputa interna entre radicales del interior y dirigentes de trayectoria legislativa con aspiraciones en organismos de control.
En el radicalismo Evolución —el espacio que responde a la línea de Martín Lousteau y que antes estuvo vinculado a Facundo Manes— aparecieron dos nombres fuertes: Fernando Pérez y Matías Civale, ambos con experiencia legislativa y contactos en sectores técnicos del Estado provincial. También está mencionado Fernando Rozas, una figura cercana a sectores dialoguistas, cuyo nombre surgió como opción para equilibrar la representación de alianzas menores.
Aunque no está definido cómo se repartirán finalmente esas sillas, lo que sí quedó claro es que el apoyo legislativo dependió directamente de la promesa de que esos lugares quedarían en manos opositoras. Sin esa ampliación y sin esos nombres en discusión, el endeudamiento no se aprobaba.
La Legislatura: presidencias rotativas y tensiones internas
El acuerdo también incluyó un reordenamiento interno en la Cámara de Diputados. Allí se resolvió una conducción rotativa entre sectores del peronismo, como forma de contener tensiones entre La Cámpora, el massismo, el kirchnerismo tradicional y los intendentes. Los dos nombres que se establecerán en esa rotación son los de Alejandro Dichiara —referente del peronismo del interior— y Alexis Guerrera —dirigente del massismo y ex ministro de Transporte nacional—.
Este esquema permitió calmar disputas internas que habían dificultado la articulación legislativa del oficialismo durante el año. Kicillof, consciente de que la división interna era un obstáculo tan grande como la oposición, necesitaba ordenar su propia tropa para proyectar gobernabilidad.
Cargos en organismos provinciales: un reparto menos visible pero determinante
Además del Banco Provincia y de la Legislatura, hubo conversaciones sobre lugares en entes descentralizados y organismos técnicos. En estas áreas, los nombres no trascendieron con precisión, pero sí se conoce la orientación política: La Cámpora busca retener posiciones estratégicas vinculadas a control administrativo y programas sociales; el massismo negoció espacios operativos vinculados a gestión territorial; y los bloques opositores solicitaron acceso a áreas con impacto en auditoría, fiscalización y administración.
Este reparto silencioso complementó el acuerdo y fue fundamental para sumar voluntades que no se conformaban únicamente con los lugares del Bapro. En un contexto de recortes y ajustada disponibilidad presupuestaria, controlar organismos significa controlar decisiones clave, y eso tuvo peso en la negociación.
El rol de los intendentes: presión para asegurar los fondos municipales
Los intendentes fueron actores decisivos. Tanto los peronistas como los opositores reclamaron un fondo municipal que les permitiera cerrar el año sin entrar en crisis. El Ejecutivo tuvo que aceptar un esquema de desembolsos escalonados para los 135 distritos, una condición que para muchos legisladores era más importante incluso que los cargos.
Este componente territorial fue la llave final para que los bloques opositores habilitaran el tratamiento y acompañaran. Sin dinero para sus municipios, la presión política y social sobre los legisladores iba a ser insostenible.
Un acuerdo que salva la coyuntura, pero deja un mapa político inestable
La aprobación del endeudamiento le da aire inmediato a la provincia, pero abre un nuevo escenario político. El oficialismo mostró su debilidad estructural en la Legislatura: necesita pactos amplios para cada medida crítica. La oposición exhibió su fortaleza negociadora: sin sus votos, la provincia queda paralizada. Y la negociación de cargos y poder dejó claro que la gobernabilidad bonaerense se sostiene, cada vez más, en acuerdos frágiles y costosos.
Los nombres discutidos para el Banco Provincia, las presidencias rotativas en la Cámara y los espacios en organismos provinciales son el reflejo de esa realidad: un mapa político que depende más de equilibrios internos y alianzas circunstanciales que de una mayoría consolidada.
El verdadero test será en las próximas semanas, cuando comiencen a formalizarse las designaciones. Si el reparto se cumple tal como fue negociado, el acuerdo tendrá estabilidad. Si alguna parte del pacto se rompe, la tensión volverá a la Legislatura y la fragilidad política del oficialismo quedará aún más expuesta.
