Alejandro Cabrera
Durante la madrugada del domingo, unidades militares en la región de Antsiranana, en el norte de Madagascar, se rebelaron y tomaron el control de una base aérea y una instalación de comunicaciones estratégicas. Fuentes gubernamentales informaron que este levantamiento fue impulsado por una facción ligada a exoficiales del antiguo régimen de Hery Rajaonarimampianina, quien fue derrocado en 2018. Los sublevados exigieron “el restablecimiento del orden constitucional” y acusaron al actual presidente de “corrupción y autoritarismo”.
En respuesta, Andry Rajoelina se dirigió a la nación en una transmisión por cadena nacional, acompañado por su gabinete y oficiales leales de las fuerzas armadas. Denunció lo ocurrido como un “intento criminal de desestabilización” y pidió calma a la población, afirmando: “No permitiremos que unos pocos oportunistas destruyan la paz que tanto nos costó reconstruir.” Su mensaje fue grabado en el Palacio de Iavoloha.
El gobierno declaró el estado de emergencia nacional y ordenó la detención de los líderes de la revuelta, mientras helicópteros del Ejército sobrevolaban el norte del país y se bloquearon los accesos a la capital.
Madagascar enfrenta desde hace años una crisis económica estructural. Más del 70% de su población vive por debajo del umbral de pobreza, la inflación supera el 12%, y la sequía ha devastado las cosechas del sur. Este contexto ha desencadenado una ola de protestas sociales, impulsadas por el aumento de los precios del arroz y del combustible, así como por denuncias de corrupción en la administración pública.
Este descontento no es nuevo. Desde su independencia en 1960, Madagascar ha experimentado cinco golpes de Estado, y Rajoelina —un ex DJ y empresario que se convirtió en político— ha estado involucrado en varios de ellos. Ascendió al poder en 2009, derrocando a Marc Ravalomanana, y regresó a la presidencia en 2018 tras unas elecciones controvertidas.
Su estilo personalista y sus alianzas con grupos empresariales han generado descontento en las fuerzas armadas, que históricamente han actuado como árbitro del poder en el país. Los analistas locales apuntan a que el Ejército está fracturado, dividido en facciones regionales y lealtades personales más que ideológicas.
La Unión Africana fue una de las primeras en reaccionar, pidiendo el respeto al orden constitucional y advirtiendo sobre sanciones para quienes intenten tomar el poder por la fuerza. Francia, antigua potencia colonial con gran influencia económica en Madagascar, expresó su “preocupación” y solicitó diálogo. Desde las Naciones Unidas, se han hecho llamados a evitar “una espiral de violencia”.
Los Estados Unidos y la Unión Europea, principales socios de Madagascar en cooperación, han aumentado su personal diplomático en Antananarivo y han recomendado a sus ciudadanos que eviten viajar. Mientras tanto, los gobiernos vecinos —Mozambique, Mauricio y Comoras— han ofrecido su mediación para prevenir la regionalización del conflicto, ya que el Canal de Mozambique, crucial para el comercio en el Índico, podría verse afectado.
La Sombra de 2009
Este intento de golpe trae a la memoria el levantamiento de 2009, cuando Rajoelina lideró grandes protestas y forzó la caída de Ravalomanana con apoyo militar. Ese evento resultó en sanciones internacionales y una década de aislamiento económico.
Hoy, el presidente enfrenta críticas de sectores militares que le acusan de concentrar poder, manipular instituciones y desatender las regiones más pobres. La diferencia es que, en esta ocasión, el entorno económico es más vulnerable y el apoyo internacional, más escaso.
El ministro de Defensa, Richard Rakotonirina, afirmó que “el 90% de las fuerzas armadas permanece leal al Gobierno”, aunque reconoció focos de insubordinación en el norte y el oeste. Las autoridades han confirmado la detención de varios oficiales, incluyendo al coronel a cargo de la base de Antsiranana, prometiendo someterlos a tribunales militares.
En la capital, Antananarivo, se han desplegado tropas frente al Parlamento y al Banco Central, y el aeropuerto internacional fue cerrado como medida preventiva. La tensión en las calles es palpable, con los ciudadanos intentando abastecerse ante la amenaza de un colapso institucional.
Lo ocurrido en Madagascar se suma a una ola de inestabilidad en África, donde en los últimos tres años se han producido golpes de Estado en Níger, Burkina Faso, Chad, Gabón y Malí, siempre justificados por “falta de gobernabilidad” y “corrupción política”.
Sin embargo, Madagascar, geográficamente aislada, había logrado mantener un equilibrio precario mediante el turismo, la exportación de vainilla y acuerdos con organismos financieros internacionales. Este frágil modelo se encuentra ahora en peligro bajo la actual revuelta.
La televisión estatal muestra al presidente Rajoelina reunido con su gabinete y oficiales leales, mientras circulan rumores de nuevas deserciones por redes sociales. El Gobierno afirma haber recuperado control de las instalaciones militares inicialmente tomadas, aunque la información sigue siendo confusa y fragmentada.
Si el intento de golpe resulta fallido, Rajoelina podría salir fortalecido a corto plazo. Sin embargo, una represión severa o una purga en el Ejército podrían provocar una guerra civil de baja intensidad, en un país donde el Estado tiene escasa presencia.
Madagascar, con su diversidad natural y desafíos sociales, sigue atrapada por su viejo estigma de inestabilidad crónica. La historia se repite, una vez más, al borde del océano Índico.
