El Congreso activó tres interpelaciones clave: el ministro de Economía deberá explicar los acuerdos financieros con Estados Unidos; Karina Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, deberán responder por las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. La oposición busca exponer contradicciones en el relato oficial mientras crece la tensión política dentro del Gobierno.
Política13 de octubre de 2025
Alejandro Cabrera
La Cámara de Diputados ha vuelto a ser el foco de la crisis política en Argentina. En una sesión marcada por la tensión, la oposición logró convocar a tres figuras clave del Gobierno de Javier Milei: Luis Caputo, Karina Milei y Mario Lugones. Estas citaciones, programadas para el próximo miércoles, ocurren en un contexto de creciente presión y desgaste político para la administración libertaria.
El debate se prolongó hasta la madrugada y captó la atención de todo el espectro político. Los convocados representan tres pilares del poder actual: la economía, la política del Ejecutivo y el sector sanitario, recientemente envuelto en acusaciones de corrupción. Para la oposición, esta sesión representa “el inicio de un control parlamentario real”; en cambio, el oficialismo lo percibe como “una operación política en un año electoral”.
La primera citación es para Luis Caputo, ministro de Economía y responsable de la estrategia financiera del Gobierno. Los diputados desean que explique los términos de los recientes acuerdos con Estados Unidos, especialmente en relación al ingreso de fondos mediante el swap, la recompra de bonos y la política de endeudamiento externo.
La oposición advierte que estos convenios se firmaron sin el suficiente control legislativo y que podrían poner en riesgo la soberanía financiera del país. En el recinto, varios legisladores exigieron más detalles sobre el desembolso anunciado de 20 mil millones de dólares y las condiciones del préstamo. Caputo, conocido por su perfil técnico y reservado, deberá presentarse con la documentación pertinente y responder preguntas en una sesión pública.
Desde el Palacio de Hacienda, se asegura que el ministro está listo para defender su gestión y demostrar que los acuerdos son “estratégicos” para estabilizar las reservas y fortalecer el peso. Sin embargo, en el Congreso se espera un ambiente hostil, ya que la oposición intentará señalarlo como un ejemplo del doble discurso del gobierno libertario, que prometió no endeudar al país y ahora se beneficia de asistencia financiera externa.
La citación de Karina Milei tiene una dimensión política sin precedentes. Por primera vez, la hermana del Presidente, una figura central en la estructura del poder, se ve obligada a comparecer ante el Congreso. Como secretaria general de la Presidencia y responsable del engranaje político, es objeto de críticas por concentrar poder sin rendir cuentas.
El motivo formal de su citación está relacionado con acusaciones de coimas y desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), un escándalo que surgió tras la filtración de audios que involucraban a funcionarios cercanos. Los legisladores exigen que Karina aclare su conocimiento sobre el asunto y la respuesta del Ejecutivo ante las irregularidades.
El oficialismo vaticina que esto es un ataque directo al núcleo de confianza presidencial. En la Casa Rosada existe preocupación; el hecho de que Karina Milei deba comparecer ante una comisión legislativa representa una grieta institucional inédita. Su comparecencia pública es un riesgo elevado: cualquier error o declaración podría resultar un golpe político para el Gobierno.
El tercer citado es Mario Lugones, ministro de Salud, quien asumió tras la renuncia de Eduardo Feijóo y se ha convertido en el centro de la controversia por el control de programas sociales y de discapacidad. Lugones deberá explicar las auditorías internas que intentaron aclarar las sospechas de corrupción y el destino de los fondos reasignados por su ministerio.
El caso de ANDis ha cobrado una importancia significativa para el Gobierno. Las acusaciones sobre sobornos para obtener beneficios, licitaciones manipuladas y desvíos de subsidios a cooperativas ficticias han afectado a funcionarios de menor rango y cuestionado la transparencia del sistema. Los audios que han derivado en esta causa judicial también comprometen a excolaboradores directos de la Presidencia, lo que aumenta el peso político de las citaciones.
Lugones intentará argumentar que el Gobierno actuó rápidamente al intervenir la agencia y que las irregularidades son herencia de gestiones previas. Sin embargo, desde la oposición se sostiene que los problemas persistieron durante el actual mandato y que el Ministerio de Salud no implementó controles eficaces.
La sesión que habilitó las interpelaciones ha sido vista como una señal de que la oposición está recuperando poder en el Congreso. Con el apoyo de bloques minoritarios, lograron romper el control que el oficialismo mantenía sobre la agenda legislativa. Durante el debate, se escucharon múltiples discursos sobre la falta de transparencia, el abuso de decretos y la necesidad de que los funcionarios sean responsables ante el pueblo.
Para muchos legisladores, las interpelaciones no son sólo un objetivo, sino un medio para desgastar al Gobierno, forzándolo a exhibir su funcionamiento interno y a crear contradicciones entre sus representantes. Al mismo tiempo, las comisiones están preparando nuevos pedidos de informes y posibles citaciones a funcionarios de menor rango, lo que podría resultar en una serie de comparecencias sin precedentes desde el retorno de la democracia.
El Gobierno enfrenta un dilema complicado: asistir al Congreso implica reconocer la autoridad de una institución que Milei ha denostado en varias ocasiones, pero rechazar la comparecencia sería políticamente insostenible. Caputo, Karina Milei y Lugones han confirmado su participación, aunque el Ejecutivo busca controlar el formato de la sesión para evitar un circo mediático.
Dentro del oficialismo existen temores de que la oposición utilice las interpelaciones para desgastarlo. Por otro lado, algunos consideran que es una oportunidad para “cambiar la narrativa” y demostrar competencia ante las críticas. En cualquier caso, el miércoles será un importante test político, donde los principales funcionarios deberán justificar su gestión ante un Congreso polarizado.
El Gobierno llega a este crucial momento con una economía debilitada, tensiones internas y una opinión pública cada vez más preocupada por los casos de corrupción. Las interpelaciones se producen en un contexto de descenso en los índices de aprobación presidencial y nuevas disputas entre los aliados libertarios y provinciales.
En este escenario, el desempeño de Caputo, Karina Milei y Lugones puede definir el rumbo político en los próximos meses. Si logran ofrecer explicaciones satisfactorias, el Gobierno puede recuperar iniciativa y mantener su agenda económica. Pero si las sesiones culminan en escándalo, la imagen de transparencia y eficacia que el Presidente ha defendido desde su llegada al poder se verá gravemente afectada.
El Congreso se prepara para una jornada que promete ser histórica. Los tres funcionarios más influyentes, tras el Presidente, deberán rendir cuentas. No se trata solo de cumplir con este requerimiento, sino de una lucha simbólica por el control del relato político.
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