Alejandra Larrea
La tranquilidad de la localidad de La Estancia, en el municipio de Pisaflores, se rompió el lunes por la noche cuando Miguel Bahena Solórzano regresaba a su domicilio. Dos hombres, a bordo de una motocicleta, le dispararon en al menos cinco ocasiones, según reportes preliminares, y el alcalde murió antes de que los servicios de emergencia pudieran atenderlo.
El funcionario, de 47 años y militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), llevaba poco más de un año al frente del municipio y era conocido en la región por su presencia comunitaria. Su asesinato reabre el debate sobre la seguridad de los servidores públicos y la penetración del crimen en zonas de frontera estatal.
La agresión ocurrió alrededor de las 21 horas en la comunidad de La Estancia, cercana a la cabecera municipal de Pisaflores, en el norte del estado de Hidalgo. Según versiones de la prensa local, los atacantes esperaron al alcalde, lo interceptaron al llegar a su domicilio y huyeron en motocicleta tras el ataque. Bahena presentó al menos cinco impactos de bala en el sitio.
Autoridades estatales activaron un operativo de búsqueda que cubrió caminos rurales y comunidades vecinas, con el objetivo de localizar a los responsables. Hasta el momento no se han divulgado detenidos ni pistas definitivas.
Horas antes del homicidio, el alcalde había publicado en redes sociales un video informando sobre los daños ocasionados por fuertes lluvias en el municipio: 30 viviendas afectadas, deslaves en varias zonas y caminos inhabilitados en buena parte de la demarcación. El PVEM emitió un comunicado condoliente, calificando el asesinato como un atentado contra la democracia y la seguridad de las comunidades, y pidió que la investigación sea exhaustiva e inmediata.
Pisaflores, municipio ubicado en la frontera con San Luis Potosí y Querétaro, pertenece a la región de la Sierra Gorda, una zona con historial de tala ilegal, tráfico de combustible y desafíos de gobernabilidad. En este contexto, el homicidio de un alcalde adquiere dimensiones más amplias que un caso aislado.
Bahena había sido postulado por el PVEM luego de militar también en el Partido Acción Nacional (PAN) y contaba con una trayectoria previa en el ámbito municipal. Vecinos lo describen como un servidor público cercano, que reclamaba mayor inversión estatal para su comunidad montañosa y apartada.
El asesinato es uno más en una larga serie de crímenes contra autoridades municipales en México, lo cual añade una capa de urgencia hacia la consolidación de políticas de protección para ediles en zonas de alto riesgo. La capacidad del gobierno estatal para esclarecer el caso se está observando de cerca tanto por la población de Pisaflores como por organismos de derechos humanos.
La muerte de Miguel Bahena Solórzano no solo representa una pérdida para Pisaflores, sino un nuevo síntoma de la vulnerabilidad que enfrentan los servidores públicos en regiones arraigadas en la violencia estructural. Mientras la investigación de los hechos se despliega bajo la mirada pública, el municipio serrano busca, entre el dolor y la indignación, respuestas que garanticen que el homicidio del recién electo alcalde no quede impune.
