Adorni defendió la gestión de Milei en Diputados y negó delitos por su patrimonio: “Voy a probarlo en la Justicia”

Manuel Adorni llegó al Congreso para hablar de gestión, pero sabía que la política lo esperaba por otro lado. Su primer informe como jefe de Gabinete ante la Cámara de Diputados se convirtió en una escena de doble lectura: por un lado, el Gobierno intentó mostrar resultados, orden, reformas y respaldo presidencial; por el otro, la oposición buscó llevarlo al terreno más incómodo, el de su patrimonio, sus viajes personales, la presencia de su esposa en una comitiva oficial y las denuncias judiciales que lo tienen bajo investigación. 

La presentación tuvo una puesta en escena fuerte. Javier Milei, Karina Milei y funcionarios del Gabinete acompañaron a Adorni desde los palcos, en una señal política destinada a blindarlo frente al Congreso. No fue una presencia neutra: el Presidente decidió transformar el informe de gestión en una demostración de apoyo a uno de sus funcionarios más cercanos, justo cuando la oposición intentaba instalar que el jefe de Gabinete debía responder no solo por la administración nacional, sino también por las sospechas que rodean su situación personal.

El informe de gestión: economía, reformas, seguridad y Estado

Adorni abrió su exposición con una definición política que buscó ordenar el eje de su discurso. Dijo que el Gobierno “solo se debe a la gente común” y que defiende “el interés de los que trabajan, estudian y se esfuerzan”. Con esa frase intentó ubicar la presentación dentro del relato central de Milei: un Gobierno que se presenta como enemigo de los privilegios, del gasto político y de la estructura estatal heredada.

El jefe de Gabinete defendió el plan económico y sostuvo que los resultados de la gestión fueron “contundentes y positivos”. En ese tramo, insistió en que la baja de la inflación y el orden macroeconómico permitieron reducir la pobreza al 28,2%, dato que presentó como el nivel más bajo en siete años. También reivindicó el rol de Capital Humano y defendió al INDEC en medio de las críticas por la medición estadística y la postergación del nuevo índice de pobreza.

La exposición también tuvo un fuerte componente reformista. Adorni destacó que las empresas públicas no recibieron dinero del Tesoro y mencionó casos como Aerolíneas Argentinas y AySA. Además, defendió el esquema de concesiones privadas en infraestructura y lo presentó como una forma de terminar con la corrupción asociada a la obra pública tradicional. En ese punto, volvió a aparecer el tono político del oficialismo, porque el jefe de Gabinete vinculó el modelo anterior con la causa Vialidad y con la condena a Cristina Kirchner.

Otro de los ejes fue la reforma laboral. Adorni la presentó como una herramienta para ampliar la formalización del empleo, reducir la litigiosidad y adaptar las relaciones laborales a la realidad actual. La frase que más ruido generó fue dirigida al Poder Judicial, cuando pidió que “algunos jueces laborales entiendan el régimen”, en un contexto donde distintos artículos de la reforma enfrentan cuestionamientos y medidas judiciales.

En seguridad, el jefe de Gabinete defendió la política oficial y destacó una baja en la tasa de homicidios, que ubicó en 3,7 cada 100.000 habitantes frente al 4,4 registrado en 2023. También remarcó el impacto del Plan Bandera en Rosario y presentó esos datos como parte de una mejora en los indicadores de criminalidad. En paralelo, señaló el problema de las vacantes en la Justicia federal y defendió el envío de pliegos al Senado para cubrir cargos.

Adorni también puso sobre la mesa la agenda de desregulación. Resaltó el trabajo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y habló de la eliminación y modificación de miles de regulaciones. Según el funcionario, esa política ya produjo efectos en sectores como la productividad empresaria, el acceso a internet satelital y el transporte aerocomercial.

En salud, el jefe de Gabinete mencionó inversiones en el Hospital Garrahan, nuevas políticas sanitarias y equipamiento de última generación. También utilizó ese capítulo para cuestionar a la provincia de Buenos Aires por una deuda con hospitales de gestión compartida, que ubicó por encima de los 630 mil millones de pesos. Con ese planteo, el informe dejó de ser solo una rendición de cuentas administrativa y se convirtió también en una disputa directa con el gobierno bonaerense.

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El descargo por las denuncias: patrimonio, viajes y Justicia

El momento más fuerte llegó cuando Adorni dejó el tono de gestión y entró en el terreno personal. El jefe de Gabinete respondió a los cuestionamientos por su patrimonio, sus viajes y los presuntos vínculos con contrataciones estatales. Allí fue directo: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”. Esa frase marcó el tramo más político de la exposición, porque buscó cortar la acusación pública y trasladar la discusión al expediente judicial.

Adorni sostuvo que pidió disculpas a los argentinos porque entendía que su conducta debía ser “siempre clara” y afirmó que se puso a disposición de la Justicia frente a cada denuncia. Pero también acusó a sectores de la oposición de usar esas disculpas como herramienta política para obstaculizar la gestión del Gobierno. Según su defensa, los cuestionamientos intentan mezclar gastos privados con gasto público y actividades personales con actos de gobierno.

Sobre sus viajes personales, aseguró que todos fueron pagados por él y que no existió financiamiento de terceros. Dijo que sus movimientos quedaron registrados ante Migraciones, Aduana o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y remarcó que el Estado nacional no registra pagos de costos vinculados a esos viajes personales. Con esa explicación, buscó responder a una de las sospechas centrales: si su nivel de gastos se correspondía con sus ingresos declarados o si hubo aportes externos no explicados.

El jefe de Gabinete también defendió la presencia de su esposa en una comitiva oficial. Afirmó que ella viajó como invitada únicamente en el vuelo de salida y regresó en un vuelo comercial. Según su explicación, la documentación fue presentada ante la Justicia y las actuaciones concluyeron sin detectar irregularidades. Además, sostuvo que la invitación formó parte de una decisión discrecional de Presidencia y que se ajustó a los marcos legales vigentes.

Uno de los puntos más sensibles fue su patrimonio. Adorni negó haber ocultado información y aseguró que cumplió con las obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública. También explicó que parte de los datos patrimoniales se encuentra en anexos reservados ante la Oficina Anticorrupción y que todavía no venció el plazo para presentar su última declaración jurada, instancia en la que, según dijo, deberá formularse el detalle integral de sus bienes.

Además, rechazó haber favorecido a terceros mediante contrataciones públicas. Dijo que es falso que haya coordinado contrataciones en favor de personas con supuestos vínculos previos, negó que existieran contratos entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío, y afirmó que tampoco participó en expedientes administrativos que involucraran a Grandío o a IM House Sociedad Anónima. También negó contratos entre el Estado nacional y su cónyuge, de manera directa o indirecta.

El descargo tuvo una intención evidente: separar el plano judicial del plano político. Adorni pidió que sean los jueces, y solo los jueces, quienes resuelvan las denuncias formuladas. Al mismo tiempo, intentó instalar que el Gobierno colaboró con la Justicia y que no busca obstruir ninguna investigación. Esa línea le permite al oficialismo sostener una defensa institucional, aunque no necesariamente cierra el debate público, porque el Congreso funciona con tiempos mucho más rápidos que los tribunales.

Un informe atravesado por la sospecha y el blindaje político

La jornada dejó una imagen central: Adorni habló como jefe de Gabinete, pero fue interpelado como funcionario bajo sospecha. Su informe tuvo números, reformas, seguridad, salud, obra pública, desregulación y política económica, pero el clima del recinto estuvo marcado por una pregunta de fondo: si el Gobierno que hizo de la lucha contra los privilegios una bandera puede explicar sin zonas grises el patrimonio y los viajes de una de sus figuras más importantes.

El respaldo de Milei ordenó al oficialismo, pero también subió el costo de la defensa. Al acompañarlo desde el palco, el Presidente dejó claro que Adorni sigue siendo parte del núcleo duro del poder libertario. Sin embargo, esa decisión también ata al propio Milei a la suerte política del jefe de Gabinete. Si las explicaciones convencen, el Gobierno podrá presentar la jornada como una muestra de fortaleza. Si las dudas persisten, la oposición tendrá un eje para seguir golpeando en el terreno más sensible para cualquier administración que llegó al poder prometiendo transparencia.

Adorni intentó cerrar la discusión con una fórmula precisa: gestión por un lado, Justicia por el otro. Defendió el plan económico, reivindicó las reformas y negó delitos en el tramo final de su exposición. Pero el informe dejó en claro que la batalla ya no se libra solo en el expediente judicial. También se juega en la percepción pública, en la capacidad del Gobierno para sostener su relato moral y en la respuesta que pueda dar cuando las denuncias no alcanzan a un adversario, sino a uno de los hombres más cercanos al Presidente.