Alejandro CabreraEl caso ANDIS volvió a escalar con nuevas pruebas que apuntan al funcionamiento de un esquema de intermediación dentro de las compras públicas del organismo. La investigación ahora pone el foco en la posibilidad de que operadores privados se hayan quedado con hasta el 20% del valor de determinadas contrataciones, en una trama que combina proveedores, presuntos retornos, sobreprecios y mecanismos de compra que quedaron bajo sospecha judicial. La novedad agrava un expediente que ya había dejado procesamientos, embargos millonarios y un impacto político directo sobre el Gobierno nacional.
La causa tiene como uno de sus principales acusados a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad y dirigente muy cercano a Javier Milei antes de ser desplazado del cargo. En febrero, el juez Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo como presunto jefe de una asociación ilícita dentro del organismo, junto con otros exfuncionarios y empresarios, en línea con la investigación impulsada por el fiscal Franco Picardi. El fallo incluyó embargos por cifras extraordinarias y describió a la agencia como una estructura utilizada para direccionar pagos millonarios, adjudicar contrataciones fuera de parámetros transparentes y beneficiar a proveedores vinculados con funcionarios o intermediarios.
La gravedad política del caso no surge solo del monto investigado, sino del lugar donde habría ocurrido. ANDIS es el organismo encargado de políticas vinculadas a personas con discapacidad, pensiones, prestaciones, insumos médicos y programas de asistencia para sectores vulnerables. Por eso, cada denuncia sobre compras infladas, intermediarios o retornos golpea sobre un punto particularmente delicado: el dinero que debía garantizar derechos básicos habría sido utilizado, según la hipótesis judicial, como una fuente de enriquecimiento irregular.
El expediente ya venía acumulando elementos comprometedores. Un informe técnico del Ministerio de Salud detectó presuntos “desvíos críticos y sobreprecios” en compras realizadas por ANDIS durante 2025, con diferencias que en algunos casos iban del 300% al 1000%, y en otros superaban ampliamente esos niveles. La Nación informó que, en el caso de un andador, la diferencia entre el monto facturado al Estado y el valor de referencia llegó al 4239%, mientras que en sillas de ruedas se detectaron brechas cercanas al 2000%.
Ese informe no fue un dato aislado. También identificó conexiones societarias y familiares entre proveedores, diferencias llamativas frente a precios de mercado y pagos por miles de millones de pesos a empresas del sector ortopédico y médico. Entre las firmas mencionadas aparecen proveedores vinculados a la compra de sillas de ruedas, andadores, prótesis e insumos de alta complejidad, en operaciones que ahora forman parte del análisis judicial.
La nueva línea sobre los intermediarios agrega una pieza central para entender cómo habría funcionado el circuito. Si una parte del valor de las compras terminaba retenida antes de llegar al proveedor final o como retorno dentro del sistema, el sobreprecio no sería solamente una distorsión comercial, sino parte de una estructura deliberada para extraer dinero público. Esa es la hipótesis que vuelve explosivo al expediente: no se trataría de errores administrativos ni de compras caras, sino de un engranaje pensado para capturar una porción del gasto estatal.
El caso estalló inicialmente por la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se hablaba de presuntas coimas dentro del organismo y se mencionaba a figuras del entorno presidencial. Chequeado informó que los audios fueron peritados por una empresa especializada y que el análisis encontró fuerte evidencia de que la voz correspondía a la misma persona que aparece en registros públicos del exfuncionario. Tras la filtración, el Gobierno desplazó a Spagnuolo y también a Daniel Garbellini, entonces director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS.
La relación de Spagnuolo con Milei también volvió inevitable la lectura política del caso. El exfuncionario formaba parte del ecosistema libertario desde antes de la llegada al poder, fue abogado del Presidente y, según registros oficiales citados por Chequeado, ingresó a la Quinta de Olivos en 38 oportunidades entre 2024 y 2025. Ese dato no prueba responsabilidad presidencial, pero sí explica por qué el expediente se convirtió en una crisis para la narrativa oficialista de transparencia y combate contra la corrupción.
Desde el Gobierno, la reacción inicial fue separar el caso de la Casa Rosada, negar responsabilidades superiores y presentar las acusaciones como parte de una operación política. Sin embargo, la causa siguió avanzando con medidas judiciales, procesamientos y documentación administrativa. El expediente dejó de depender solamente de audios filtrados y empezó a apoyarse en informes técnicos, facturas, vínculos comerciales, pagos y decisiones administrativas bajo análisis.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas informó que Casanello procesó a Spagnuolo y a otros 18 acusados, entre ellos exfuncionarios y empresarios, por una presunta organización criminal que habría utilizado contrataciones públicas para generar ganancias millonarias. En la resolución, el juez sostuvo que un organismo destinado a garantizar derechos esenciales habría funcionado como una ventanilla de pagos permanentes, direccionados y con sobreprecios.
La novedad sobre intermediarios que habrían retenido hasta el 20% de las compras vuelve a abrir una pregunta central: cuánto dinero se perdió realmente en el circuito de contrataciones de ANDIS y cuántos actores participaron del mecanismo. Si el porcentaje se confirma en la investigación, la causa dejaría al descubierto una lógica de recaudación paralela dentro de un área donde el Estado debía comprar insumos esenciales para personas con discapacidad.
El daño político para el oficialismo es evidente. Milei llegó al poder con un discurso de ruptura moral contra la “casta”, de auditoría sobre el Estado y de eliminación de privilegios. Pero el caso ANDIS golpea justo sobre ese relato porque involucra a un funcionario de extrema cercanía con el Presidente, a un organismo de sensibilidad social máxima y a compras públicas realizadas durante la gestión libertaria. La contradicción es difícil de administrar: mientras el Gobierno recortaba, auditaba pensiones y prometía terminar con el despilfarro, la Justicia investiga si dentro de esa misma estructura funcionaba una red de sobreprecios y retornos.
También hay una dimensión social que el Gobierno no puede subestimar. Las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones del sector vienen denunciando desde hace tiempo demoras, bajas de pensiones, dificultades de acceso a prestaciones y un deterioro general del sistema de asistencia. En ese contexto, la idea de que recursos destinados a ese universo pudieron haber terminado capturados por intermediarios genera un nivel de indignación pública mucho más alto que otros casos de corrupción administrativa.
La investigación todavía debe probar responsabilidades, reconstruir circuitos, determinar montos exactos y establecer si los porcentajes atribuidos a intermediarios formaban parte de un mecanismo estable o de operaciones puntuales. Pero el expediente ya modificó el escenario. No se habla solo de una mala gestión ni de irregularidades aisladas, sino de una presunta estructura organizada alrededor de las compras del Estado.
El Gobierno intentará sostener que fue la propia administración la que detectó irregularidades y canalizó información hacia la Justicia, especialmente a partir del informe técnico del Ministerio de Salud. Esa línea puede servir como defensa institucional, pero no alcanza para borrar la pregunta política de fondo: cómo pudo funcionar un sistema de estas características dentro de un organismo nacional, quiénes lo permitieron, quiénes se beneficiaron y hasta dónde llegaban las responsabilidades.
ANDIS se convirtió así en uno de los expedientes más sensibles para el oficialismo. No solo por el dinero investigado, sino por lo que representa. En una causa donde se mezclan discapacidad, compras públicas, intermediarios, audios, funcionarios cercanos al Presidente y sobreprecios extremos, el problema ya no es únicamente judicial. Es un golpe directo al relato de pureza administrativa con el que Milei llegó al poder y una prueba de fuego para saber si el Gobierno puede explicar, sin consignas, qué pasó con los fondos destinados a una de las poblaciones más vulnerables del país.
