Alejandro CabreraEscocia volvió a poner sobre la mesa una de las discusiones más sensibles de la política británica: su posible independencia del Reino Unido. El Parlamento escocés aprobó una resolución para pedirle al Gobierno de Londres que transfiera las competencias necesarias para convocar un nuevo referéndum, una solicitud que busca reabrir el camino constitucional que ya permitió la consulta de 2014. El pedido fue impulsado por el Partido Nacional Escocés y acompañado por los Verdes, que sostienen que existe un mandato democrático para volver a preguntarles a los escoceses si quieren seguir dentro del Reino Unido o transformarse en un país independiente.
La pregunta básica es clave: Escocia no busca independizarse formalmente de Inglaterra como si se tratara de una separación bilateral entre dos países vecinos, sino del Reino Unido, el Estado integrado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. En la práctica, sin embargo, la disputa política se da con Londres y con Westminster, porque allí está el Gobierno británico y el Parlamento que conserva la soberanía constitucional sobre la unión. Escocia tiene Parlamento y Gobierno propios, pero no controla plenamente política exterior, defensa, moneda, Constitución ni la potestad legal para decidir unilateralmente su separación.
El movimiento actual no implica que el referéndum vaya a realizarse de inmediato. De hecho, el primer ministro escocés, John Swinney, admitió que una nueva consulta no ocurriría antes de 2028. Pero la votación tiene valor político porque vuelve a fijar una posición institucional: el independentismo quiere que Londres habilite una nueva consulta mediante una orden de la Sección 30 de la Ley de Escocia de 1998, el mecanismo legal que permitió el referéndum de 2014. Sin esa autorización, Escocia no puede organizar un referéndum vinculante por su cuenta.
La unión política entre Escocia e Inglaterra se consolidó en 1707, cuando ambos parlamentos aprobaron los Actos de Unión y nació el Reino de Gran Bretaña. Desde entonces, Escocia mantuvo una identidad nacional propia, con sistema legal, tradición educativa, cultura, símbolos e instituciones diferenciadas, pero dentro de una estructura estatal común. Con el tiempo, esa tensión entre identidad nacional y pertenencia al Estado británico fue creciendo hasta convertirse en una de las grandes discusiones constitucionales del Reino Unido contemporáneo.
La devolución de poderes de fines del siglo XX le dio a Escocia un Parlamento propio en Edimburgo y un Gobierno autónomo para áreas como salud, educación, transporte, justicia y políticas sociales. Pero esa autonomía no equivale a independencia. Las decisiones centrales sobre defensa, relaciones exteriores, inmigración, política monetaria y parte sustancial de la política fiscal siguen en manos del Reino Unido. Por eso el independentismo escocés plantea que la autonomía actual es insuficiente y que Escocia debería poder tomar sus decisiones como Estado soberano.
El gran punto de inflexión llegó en 2014. Aquel año, Escocia votó en un referéndum acordado con Londres bajo una pregunta directa: “¿Debe Escocia ser un país independiente?”. Ganó el “No” con el 55,3% de los votos frente al 44,7% del “Sí”, con una participación muy alta. Ese resultado frenó la independencia, pero no cerró el debate. Para los unionistas, aquella votación debía ser una decisión por una generación. Para los independentistas, el resultado quedó condicionado por una promesa de estabilidad dentro del Reino Unido que, según ellos, se rompió dos años después con el Brexit.
El Brexit es el argumento más fuerte del nacionalismo escocés para exigir otra consulta. En 2016, el Reino Unido votó salir de la Unión Europea, pero Escocia votó de manera clara por permanecer. Esa diferencia abrió una herida política: el independentismo sostiene que Escocia fue arrastrada fuera de Europa contra su voluntad. Desde entonces, el SNP insiste en que las condiciones que existían en 2014 cambiaron de manera sustancial y que, por lo tanto, los escoceses deberían tener derecho a volver a decidir.
El problema para Escocia no es solo político, sino jurídico. El Parlamento escocés puede votar una resolución y pedir un nuevo referéndum, pero no tiene capacidad legal para imponerlo si el Gobierno británico se niega. En 2022, la Corte Suprema del Reino Unido dictaminó por unanimidad que el Parlamento escocés no puede legislar por su cuenta para organizar un referéndum de independencia, porque la unión del Reino Unido es una materia reservada a Westminster.
Esa sentencia dejó al independentismo frente a un dilema. Puede ganar elecciones en Escocia, puede aprobar mociones en Holyrood y puede decir que existe un mandato democrático, pero sigue necesitando que Londres habilite el camino legal. La Sección 30 funciona como la llave institucional: permite transferir temporalmente la competencia para celebrar un referéndum. Fue utilizada para el referéndum de 2014, pero los sucesivos gobiernos británicos se negaron a repetir el mecanismo.
El actual Gobierno laborista de Keir Starmer tampoco muestra voluntad de autorizar una nueva consulta. La posición de Londres es que el referéndum de 2014 fue legal, claro y decisivo, y que no corresponde repetirlo cada vez que el independentismo lo pida. Para Westminster, abrir nuevamente la puerta podría debilitar al Reino Unido, incentivar otras demandas territoriales y profundizar una discusión constitucional que consume energía política en medio de problemas económicos, sociales y geopolíticos.
El independentismo responde que bloquear la consulta también tiene un costo democrático. Su argumento es que si una mayoría parlamentaria en Escocia pide votar y si el tema aparece reiteradamente en elecciones escocesas, Londres no debería impedirlo indefinidamente. Esa tensión es el corazón del conflicto: Westminster defiende la legalidad constitucional de la unión; Edimburgo reclama el derecho político a decidir.
El Partido Nacional Escocés sigue siendo el principal motor del proyecto independentista, pero llega a esta nueva etapa con más dificultades que en otros momentos. Gobernó Escocia durante casi dos décadas y enfrenta desgaste de gestión, presión por los servicios públicos, debates económicos y escándalos internos. El caso más delicado es el de Peter Murrell, exjefe ejecutivo del SNP y marido de la ex primera ministra Nicola Sturgeon, quien admitió haber malversado más de 400.000 libras de fondos partidarios. El episodio golpeó la credibilidad del partido y fue usado por la oposición para cuestionar su autoridad moral y política.
La votación reciente en el Parlamento escocés mostró que el bloque independentista todavía conserva fuerza institucional. La moción fue respaldada por 72 votos contra 55, con el apoyo del SNP y los Verdes. Pero la discusión no se resuelve solo contando bancas. Los partidos unionistas sostienen que buena parte del electorado votó opciones contrarias a la independencia y que las prioridades sociales de Escocia pasan hoy por salud, costo de vida, vivienda, educación y economía, no por abrir de nuevo un proceso constitucional.
Ahí aparece una contradicción sensible para Swinney. Necesita mantener viva la causa independentista porque es el núcleo identitario del SNP, pero también debe demostrar que su Gobierno puede responder a problemas concretos. Si la independencia aparece como una forma de escapar de los problemas de gestión, puede perder fuerza. Si logra presentarla como una respuesta estratégica al futuro económico, europeo y democrático de Escocia, puede recuperar impulso.
El independentismo escocés también enfrenta una pregunta práctica: qué país nacería si Escocia votara por irse. La discusión no termina en la bandera ni en la identidad. Implica resolver moneda, deuda pública, frontera con Inglaterra, acceso al mercado británico, relación con la Unión Europea, defensa, energía, petróleo del Mar del Norte, comercio, ciudadanía, pensiones y financiamiento del Estado. Esas preguntas ya fueron centrales en 2014 y volverían con más intensidad en una nueva campaña.
Los unionistas, por su parte, usarán esos interrogantes para advertir sobre el costo de romper con el Reino Unido. Dirán que la independencia traería incertidumbre económica, riesgo fiscal, problemas comerciales y una frontera compleja con el principal socio económico escocés: Inglaterra. El independentismo responderá que seguir dentro del Reino Unido también tiene costos, especialmente después del Brexit, y que Escocia podría recuperar el vínculo con Europa si se convierte en un Estado independiente.
El debate escocés vuelve así a una pregunta de fondo: qué significa soberanía en el siglo XXI. Para los unionistas, la soberanía compartida dentro del Reino Unido ofrece estabilidad, escala internacional, defensa común y pertenencia a un Estado con peso global. Para los independentistas, esa misma estructura se volvió una jaula política que obliga a Escocia a aceptar decisiones que no votó, como el Brexit, y a depender de gobiernos británicos que no siempre reflejan las preferencias del electorado escocés.
La nueva resolución del Parlamento escocés no abre automáticamente las urnas, pero sí reactiva una disputa que nunca terminó. Escocia vuelve a decir que quiere decidir; Londres vuelve a recordar que la decisión no depende solo de Edimburgo. En el medio queda una sociedad dividida, con una identidad nacional fuerte, una memoria reciente de referéndum, un independentismo persistente pero golpeado y un Reino Unido que enfrenta otra vez la pregunta que amenaza su propia arquitectura: si puede seguir unido cuando una de sus naciones reclama el derecho a marcharse.
