Alejandro CabreraManuel Adorni tiene una semana más. Pero no porque la Justicia le haya concedido en las últimas horas una nueva prórroga, sino porque el calendario judicial terminó modificando una fecha que durante varios días fue informada de manera incorrecta. El exjefe de Gabinete deberá presentar finalmente el próximo 22 de septiembre las explicaciones requeridas por el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa que investiga su evolución patrimonial. La aclaración es relevante: distintas publicaciones habían ubicado el vencimiento entre el 15 y el 16 de septiembre, pero fuentes judiciales precisaron que tanto el plazo original como la extensión concedida posteriormente debían calcularse en días hábiles judiciales. Hasta el momento no se informó que la defensa haya solicitado una segunda extensión.
La causa tiene como punto central un requerimiento de 20 preguntas elaborado por Pollicita después de recibir un informe técnico de más de 200 páginas sobre las finanzas del exfuncionario y de su esposa, Bettina Angeletti. El análisis cruzó declaraciones juradas, registros inmobiliarios, información bancaria, movimientos migratorios y datos vinculados con operaciones en criptomonedas. La investigación comprende el período que va desde diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó al Gobierno de Javier Milei, hasta el 27 de junio de 2026, cuando dejó la Jefatura de Gabinete. El objetivo de esta etapa no es establecer todavía una condena, sino determinar si Adorni puede acreditar documentalmente el origen de una serie de fondos y gastos que la fiscalía considera que, hasta ahora, no encuentran explicación suficiente en los ingresos registrados.
Los números explican por qué la respuesta adquirió semejante importancia. Según el cálculo incorporado por la fiscalía al expediente, durante el período analizado el matrimonio registró ingresos por $229.752.283,20, incluyendo los salarios cobrados por Adorni durante su paso por el Estado y los ingresos atribuidos a Angeletti. Los gastos computados por tarjetas de crédito, impuestos, expensas, seguros, servicios, viajes, electrodomésticos y otros consumos alcanzaron, en cambio, los $272.820.832,20. La diferencia es de $43.068.549 en contra de los ingresos registrados, un desbalance que Pollicita pretende que sea explicado mediante documentación y no solamente mediante una declaración del investigado.
Pero el capítulo más significativo está expresado en dólares. La fiscalía identificó movimientos y erogaciones por US$402.578,12 cuyo origen, según el requerimiento judicial, todavía no habría quedado acreditado. Allí aparecen la compra y remodelación de propiedades, mobiliario, operaciones inmobiliarias, alquileres temporarios y gastos vinculados con viajes al exterior. Entre las cuestiones que deberá responder Adorni figura específicamente el financiamiento de la vivienda ubicada en el lote 380 del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La investigación analiza, entre otras cosas, unos US$245.000 que el contratista Matías Tabar declaró haber recibido por trabajos de remodelación integral de esa propiedad. La defensa de Adorni discute aspectos de esos montos y solicitó acceder a conversaciones y documentación almacenadas en el teléfono de Tabar justamente para preparar su respuesta.
La lista de interrogantes es bastante más amplia. Pollicita quiere conocer el origen de los dólares en efectivo incluidos en las declaraciones juradas de Adorni; la documentación de préstamos que el exfuncionario atribuyó a sus familiares Silvia Pais y Norma Zuccolo; la fuente del dinero utilizado para comprar un vehículo Jeep; los fondos empleados en la adquisición del lote de Indio Cuá; las remodelaciones realizadas allí; la compra y los muebles de un departamento ubicado en Miró 550, en Caballito; los gastos familiares y los viajes al exterior. La fiscalía también pidió detalles sobre la operatoria de Adorni con criptomonedas y el origen del capital utilizado para esas inversiones.
Este último punto puede convertirse en uno de los capítulos más delicados de la explicación patrimonial. Adorni había manifestado públicamente que poseía desde años atrás una cantidad importante de dinero invertida en criptoactivos que no había incluido previamente en sus declaraciones juradas. Frente a esa explicación, Pollicita reclamó precisiones: origen del capital inicial, operaciones realizadas, bienes eventualmente vendidos, compradores, fechas y mecanismos mediante los cuales esos activos terminaron convertidos en los dólares que luego aparecen relacionados con compras y gastos. En una investigación patrimonial, la existencia del dinero no es suficiente por sí sola: lo que debe establecerse es su trazabilidad, es decir, demostrar cuándo se obtuvo, de dónde provino y de qué manera llegó hasta cada operación cuestionada.
La primera prórroga fue solicitada por la defensa porque sostuvo que necesitaba acceder a documentación utilizada por la fiscalía antes de contestar el requerimiento. El juez federal Ariel Lijo aceptó ese planteo y concedió otros 15 días, además de permitir el acceso a parte del material vinculado con el celular de Matías Tabar. La confusión posterior apareció en el modo de contar esos plazos: inicialmente se había informado que los primeros 15 días vencían el 25 de agosto, cuando en realidad correspondía computarlos como días hábiles. El primer período terminó entonces el 1° de septiembre, y desde allí comenzaron a correr los otros 15 días hábiles de la prórroga, que desembocan en el 22 de septiembre. Por eso, más que una nueva concesión judicial, lo ocurrido ahora es una corrección de la fecha de vencimiento.
Lo que ocurra después dependerá fundamentalmente de las respuestas y de la documentación que presente Adorni. Pollicita deberá analizar si las explicaciones permiten justificar la diferencia entre ingresos y gastos y el origen de los fondos en moneda extranjera. Si entiende que la documentación despeja los interrogantes, la investigación podría tomar un rumbo favorable para la defensa. Si, por el contrario, considera que subsisten inconsistencias relevantes, el fiscal podría avanzar con un pedido de declaración indagatoria, decisión que finalmente deberá resolver el juez de la causa. Esa instancia implicaría un cambio procesal importante, porque significaría pasar de la reconstrucción patrimonial y el pedido de explicaciones a una etapa en la que los investigados serían formalmente convocados a responder frente a la imputación.
El dato político y judicial central, entonces, no es simplemente que Adorni consiguió “más tiempo”. El verdadero punto de llegada es el 22 de septiembre. Ese día tendrá que intentar cerrar con documentos una pregunta que viene acompañándolo desde que comenzaron a analizarse sus declaraciones juradas: cómo se financiaron gastos, propiedades y movimientos por centenares de miles de dólares mientras los ingresos comprobados del grupo familiar muestran cifras inferiores a las erogaciones reconstruidas por los investigadores. Hasta ese momento sigue vigente la presunción de inocencia y las cifras señaladas constituyen observaciones de la fiscalía dentro de una investigación en curso. Después de su presentación, será Pollicita quien deba decidir si las respuestas alcanzan o si el expediente ingresa en una etapa judicial más comprometida para el exfuncionario.
