Alejandro CabreraJosé Luis Espert quedó formalmente citado a indagatoria en una causa que puede reabrir uno de los capítulos más sensibles para el universo libertario: su vínculo económico con Federico “Fred” Machado, el empresario investigado en Estados Unidos por narcotráfico, fraude y lavado de activos. La medida fue ordenada por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, luego del pedido del fiscal Fernando Domínguez.
El exdiputado deberá presentarse el martes próximo ante la Justicia para responder por los 200.000 dólares que recibió en enero de 2020 desde una firma asociada a Machado. Para la fiscalía, ese dinero no fue un simple pago privado por servicios profesionales, sino parte de una maniobra destinada a introducir fondos de origen ilícito dentro del circuito económico formal.
El núcleo de la investigación está puesto en una transferencia de 200.000 dólares que llegó a una cuenta de Espert en el exterior. Según la acusación, el dinero fue enviado desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a Machado y mencionada en la causa que se tramitó en Estados Unidos.
La fiscalía sostiene que esos fondos habrían sido utilizados luego para operaciones patrimoniales concretas: la compra de vehículos de alta gama, entre ellos un BMW y un Lexus valuado en unos 130.000 dólares, y la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda. Para los investigadores, esos movimientos podrían encuadrar en una mecánica típica de lavado: ingreso del dinero, circulación entre cuentas y posterior conversión en bienes.
“La pregunta judicial ya no es solo si Espert recibió el dinero, sino si sabía cuál era su origen y si participó en una maniobra para darle apariencia legal.”
Espert había reconocido haber recibido los 200.000 dólares, pero siempre negó que se tratara de dinero ilegal o de financiamiento político irregular. Su explicación fue que el pago correspondía a un contrato privado de asesoramiento por un millón de dólares vinculado a una empresa minera de Guatemala relacionada con Machado.
Ese contrato es ahora una de las piezas centrales del expediente. Para la fiscalía, el documento presentado por Espert sería una simulación destinada a justificar a posteriori el ingreso del dinero. La hipótesis oficial es que el contrato no habría tenido un objeto real ni cumplimiento efectivo.
Los investigadores apuntan a varios elementos: no habría constancias suficientes de trabajos concretos de asesoramiento, viajes, informes técnicos, equipos contratados ni tareas profesionales compatibles con un contrato millonario de consultoría minera. También se analiza si el documento fue confeccionado o utilizado para construir una explicación formal frente al avance de la causa.
La situación se agravó porque, según la fiscalía, la cuenta donde ingresó el dinero no habría sido declarada originalmente ante el fisco argentino, al igual que la transferencia. Ese punto es clave porque transforma el caso en algo más que una controversia política: lo ubica en el terreno penal, patrimonial y tributario.
Federico “Fred” Machado es un empresario argentino ligado al negocio aeronáutico que fue investigado por la Justicia de Estados Unidos dentro de una causa por maniobras transnacionales de narcotráfico, fraude y lavado. Su nombre quedó asociado a una estructura de empresas, aviones y movimientos financieros que, según la acusación norteamericana, habría servido para canalizar operaciones ilegales.
El vínculo con Espert ya había generado una crisis política durante la campaña legislativa de 2025. En aquel momento, el economista libertario terminó bajándose de su candidatura en la provincia de Buenos Aires luego de que se conocieran documentos vinculados a la transferencia. Aunque denunció una operación política, el caso dejó una marca fuerte dentro de La Libertad Avanza.
El presidente Javier Milei lo había respaldado públicamente y llegó a presentar el caso como una maniobra mediática contra Espert. Sin embargo, el avance judicial coloca ahora el tema en otra instancia: ya no se trata solo de una polémica electoral, sino de una citación formal a declarar como imputado.
La indagatoria no implica una condena ni una declaración de culpabilidad. Es el acto procesal en el que una persona acusada puede conocer los hechos que se le imputan y ejercer su defensa. Espert podrá declarar, responder preguntas o negarse a hacerlo.
Después de esa instancia, el juez deberá evaluar si dicta el procesamiento, si ordena nuevas medidas de prueba o si adopta otro camino procesal. La fiscalía buscará sostener que hubo una maniobra de lavado de activos; la defensa intentará demostrar que se trató de un pago legítimo por una actividad privada y que Espert desconocía cualquier origen ilícito de los fondos.
También está bajo la lupa el entorno contable y societario del exdiputado. El fiscal pidió avanzar sobre personas y estructuras vinculadas al manejo patrimonial, entre ellas su contador y la empresa Varianza SA. La Justicia intenta reconstruir no solo el origen de la transferencia, sino el camino completo que siguió el dinero.
El caso tiene una dimensión judicial evidente, pero también un impacto político profundo. Espert fue durante años una de las voces más duras contra la corrupción, el financiamiento opaco de la política y el uso irregular del Estado. Por eso, la acusación por presunto lavado de dinero lo coloca en una contradicción especialmente sensible para su propio perfil público.
Para La Libertad Avanza, el expediente vuelve a abrir una herida que parecía contenida después de la salida electoral de Espert. La causa conecta tres elementos explosivos: dinero no declarado, un empresario investigado por delitos graves en Estados Unidos y la sospecha de que una explicación contractual pudo haber sido utilizada para cubrir el verdadero origen de los fondos.
La defensa del exdiputado buscará separar el plano político del judicial. El problema para Espert es que la investigación ya no depende del ruido electoral ni de las acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición. Ahora será la Justicia federal la que deberá determinar si esos 200.000 dólares fueron un pago privado legítimo o parte de una maniobra para blanquear dinero de origen ilícito.
La citación a indagatoria marca, por eso, un cambio de etapa. El expediente deja atrás la fase de la sospecha pública y entra en una instancia donde cada documento, cada transferencia, cada contrato y cada bien adquirido deberá encajar en una explicación judicialmente sostenible.
