Alejandro CabreraDurante años, Javier Milei y sus principales dirigentes sostuvieron que la expresión “discurso de odio” era una construcción del progresismo destinada a censurar opiniones incómodas. Cuando organizaciones sociales, periodistas o dirigentes opositores cuestionaban la violencia de sus intervenciones públicas, la respuesta libertaria era casi siempre la misma: exageración, victimización y rechazo de la libertad de expresión.
Ahora, el Gobierno decidió utilizar exactamente ese concepto para impedir el ingreso o expulsar del país a personas extranjeras.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026 incorporó nuevas causales a la Ley de Migraciones. Podrán ser rechazados en la frontera o perder su residencia quienes hayan dirigido mensajes de odio, de manera oral o escrita, contra el pueblo argentino o contra una persona por su nacionalidad; quienes inciten a la violencia y quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios. El texto excluye formalmente las críticas ideológicas, políticas, académicas y ciudadanas protegidas por la Constitución.
El problema no consiste en negar que puedan existir mensajes xenófobos contra los argentinos. Pueden existir y deben ser condenados. Tampoco corresponde defender amenazas, incitaciones concretas a la violencia o ataques contra personas por su origen nacional.
La cuestión es otra: ¿con qué autoridad política pretende Milei convertir al Estado en árbitro del odio después de haber construido su identidad pública alrededor del insulto, la deshumanización del adversario y la reivindicación de la agresividad?
La respuesta oficial parece ser sencilla: para este Gobierno, el odio no es una forma de violencia que debe ser rechazada de manera general. Es un recurso legítimo cuando baja desde el poder contra periodistas, opositores, artistas, sindicalistas o militantes de izquierda, pero se transforma en una amenaza intolerable cuando apunta hacia el presidente, su movimiento o la identidad nacional que decidió apropiarse.
La contradicción no es solamente discursiva. Está documentada en las intervenciones del propio Presidente y en la conducta de su administración.
En enero de 2025, Milei cuestionó desde el Foro de Davos las propuestas del presidente español Pedro Sánchez para regular las redes sociales y combatir la propagación de contenidos dañinos. Lo acusó de querer “callar a todos los que piensan distinto” y presentó las restricciones vinculadas con el discurso de odio como una forma de censura impulsada por la izquierda.
El argumento era absoluto: el Estado no debía intervenir en la conversación pública porque cualquier regulación podía convertirse en una herramienta para silenciar al disidente.
Esa defensa irrestricta de la expresión desaparece ahora, cuando una crítica, una provocación o una agresión verbal es dirigida contra la Argentina. De pronto, el Poder Ejecutivo ya no considera que definir el odio sea un camino hacia la censura. Considera que puede hacerlo mediante un decreto, delegar su aplicación en organismos estatales y utilizar el resultado para afectar el derecho de una persona a ingresar o permanecer en el país.
El giro resulta todavía más evidente cuando se recuerda la campaña “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, difundida y respaldada por el universo oficialista.
En mayo de 2025, una periodista consultó a Manuel Adorni durante una conferencia en la Casa Rosada por esa consigna y por la posibilidad de que generara violencia. El entonces vocero no condenó la utilización de la palabra odio ni cuestionó que el Presidente impulsara la campaña. Defendió los ataques bajo el argumento de que Milei no se refería a todo el periodismo, sino a quienes consideraba mentirosos.
La explicación encerraba un principio peligroso: es el propio poder el que determina quién merece ser objeto de la hostilidad.
El periodista señalado deja de ser simplemente un profesional que publica algo incorrecto o cuestionable y pasa a convertirse en integrante de una categoría moral: mentiroso, corrupto, ensobrado, enemigo de la sociedad. A partir de allí, cualquier ataque parece justificado como una respuesta legítima.
Amnistía Internacional denunció que, desde el comienzo del gobierno de Milei, decenas de profesionales de prensa sufrieron hostigamiento y violencia en redes sociales por parte del Presidente y otros funcionarios. También advirtió sobre denuncias judiciales y mecanismos de presión capaces de fomentar la autocensura.
La violencia verbal tampoco se limitó a los periodistas.
Milei escribió que iría a buscar a los “zurdos” hasta “el último rincón del planeta” y cerró su mensaje con una advertencia: “Zurdos hijos de puta, tiemblen”. El Gobierno intentó explicar después que el Presidente se refería a buscarlos para debatir. Sin embargo, las palabras elegidas no describían una invitación al intercambio de ideas, sino una amenaza política construida deliberadamente para intimidar y movilizar a sus seguidores.
El oficialismo nunca propuso expulsar, sancionar o limitar a quienes dirigieran esas expresiones contra argentinos de izquierda. Tampoco presentó el lenguaje presidencial como un riesgo para la “convivencia armónica y la paz social”, conceptos que ahora aparecen en los fundamentos del decreto.
Cuando Milei era acusado de fomentar discursos de odio, sus seguidores se reían del término. Decían que era una etiqueta inventada para censurar la incorrección política, que la izquierda confundía una opinión fuerte con violencia y que los libertarios estaban recuperando el derecho a decir aquello que otros no querían escuchar.
El concepto adquirió validez para el Gobierno únicamente cuando pudo utilizarlo contra otros.
El decreto fue presentado después de las críticas internacionales que recibió la Argentina durante y después del Mundial 2026.
El Gobierno habló de una “campaña antiargentina” y sostuvo que habían aumentado los mensajes de hostilidad y menosprecio contra el pueblo, su cultura y su identidad. Sin embargo, no presentó un relevamiento público que permitiera conocer la dimensión real del fenómeno, sus responsables, la cantidad de amenazas concretas ni por qué la legislación vigente resultaba insuficiente.
La reacción mezcla situaciones diferentes.
Una amenaza contra un ciudadano argentino por su nacionalidad no es lo mismo que una burla futbolística. Una incitación a ejercer violencia no es equivalente a criticar el comportamiento de la Selección. Un ataque xenófobo no puede equipararse con una canción provocadora, una opinión sobre el país o un comentario desagradable en una red social.
El decreto intenta establecer esas diferencias al excluir las expresiones políticas, académicas o ciudadanas legítimas. Pero deja abiertas preguntas decisivas.
¿Qué convierte una expresión en un mensaje de odio y no simplemente en una ofensa? ¿Quién determina cuándo una crítica deja de estar protegida? ¿Qué significa ultrajar un símbolo patrio? ¿Alcanza con romper una bandera, modificarla en una obra artística, utilizarla en una protesta o publicar una sátira?
La gravedad de la consecuencia exige definiciones precisas. No se está hablando de retirar una publicación de una plataforma, sino de impedir el ingreso a una persona, cancelar su residencia, separarla de su trabajo o su familia y expulsarla del territorio.
El constitucionalista Félix Lonigro advirtió que una medida de esa naturaleza debe respetar el principio de legalidad, contar con intervención del Congreso y quedar sometida al control judicial. También señaló el peligro de que la determinación de qué constituye un agravio quede en manos discrecionales del Poder Ejecutivo.
La elección de un DNU agrega otro problema.
La Constitución permite utilizar decretos de necesidad y urgencia cuando circunstancias excepcionales impiden seguir el procedimiento legislativo ordinario. El Gobierno debería explicar qué emergencia concreta hacía imposible enviar un proyecto al Congreso, debatir definiciones, escuchar especialistas y establecer garantías.
Las discusiones en redes después de un Mundial no parecen constituir por sí mismas una situación institucional tan urgente como para evitar el tratamiento parlamentario.
El Ejecutivo prefirió el camino más rápido y concentrado: declaró la existencia de una amenaza, definió las conductas prohibidas y creó una consecuencia migratoria sin un debate previo entre las fuerzas políticas.
La decisión forma parte de una concepción cada vez más amplia de las atribuciones presidenciales. Milei, que llegó al poder denunciando los abusos de la “casta”, utiliza la herramienta excepcional del DNU para resolver cuestiones que deberían discutirse mediante leyes.
La soberanía estatal permite establecer condiciones de ingreso y permanencia. Pero esa facultad no elimina los límites constitucionales ni habilita a expulsar personas por categorías vagas interpretadas desde el poder.
El decreto también expone una transformación más profunda del discurso oficial.
La Libertad Avanza se presentó como una fuerza enfrentada al paternalismo estatal. Prometía terminar con los funcionarios que pretendían decidir cómo debían hablar, pensar o comportarse los ciudadanos.
Ahora propone que Migraciones, el Poder Ejecutivo y eventualmente la Justicia analicen publicaciones, declaraciones, expresiones artísticas y conductas públicas para determinar si representan odio o ultraje.
El Gobierno que denunciaba al “Estado niñera” comienza a construir un Estado que protege el honor nacional y decide qué extranjeros expresaron un desprecio suficientemente grave como para perder su residencia.
Esa contradicción puede intentarse resolver argumentando que la libertad de expresión no es absoluta. Es cierto. Las amenazas reales, la incitación directa a la violencia y determinadas conductas discriminatorias pueden generar responsabilidades.
Pero reconocer límites exige reglas generales, razonables y aplicadas sin favoritismos.
No puede existir un criterio para el odio contra los argentinos y otro para el odio expresado por el Presidente contra una parte de los argentinos.
Si llamar a perseguir “zurdos” hasta el último rincón del planeta es apenas retórica política, una expresión desagradable contra la Argentina tampoco puede convertirse automáticamente en una causal migratoria.
Si “no odiamos lo suficiente a los periodistas” es una crítica legítima a un sector profesional, las burlas contra la Selección, el Gobierno o los símbolos nacionales deberían recibir la misma protección.
Y si el Gobierno considera finalmente que determinadas palabras pueden producir violencia, intimidar personas y destruir la convivencia, debe comenzar por revisar la comunicación que sale de la Presidencia.
La responsabilidad de un jefe de Estado es mayor que la de un usuario anónimo o un turista extranjero. Su palabra tiene capacidad institucional, legitimidad pública y una maquinaria comunicacional que puede multiplicarla frente a millones de personas.
Milei no es un ciudadano perseguido por su incorrección política. Es el presidente, controla organismos estatales y cuenta con la posibilidad de transformar sus interpretaciones en decretos.
La invocación de una “campaña antiargentina” cumple además una función política.
Permite presentar cualquier crítica externa como parte de un ataque coordinado contra la Nación y fusionar la figura del Gobierno con la identidad del país.
En esa construcción, cuestionar a Milei puede ser presentado como atacar a la Argentina. Criticar al seleccionado puede convertirse en una agresión al pueblo. Una controversia deportiva pasa a ser un conflicto diplomático y una discusión en redes termina justificando una reforma migratoria.
El nacionalismo aparece así como una herramienta defensiva de un gobierno que se definió durante años como cosmopolita, liberal y contrario a las identidades colectivas impuestas desde el Estado.
Milei cuestionó reiteradamente la idea de justicia social, rechazó que el Estado representara proyectos comunitarios y defendió al individuo por encima de las construcciones colectivas. Sin embargo, cuando necesita responder a críticas internacionales, recupera una versión emocional y disciplinaria de la Nación.
La Argentina deja de ser una comunidad plural, capaz de soportar críticas, provocaciones y sátiras. Se convierte en una identidad frágil que debe ser defendida mediante expulsiones.
La defensa de los argentinos no requiere semejante sobreactuación.
El Estado ya cuenta con herramientas para actuar ante delitos, amenazas, discriminación e incitación concreta a la violencia. Lo que faltaba no era una figura suficientemente ambigua para castigar agravios, sino una política coherente contra cualquier forma de hostigamiento.
Esa coherencia es precisamente lo que el Gobierno no puede ofrecer.
No puede encabezar campañas contra periodistas y después presentarse como protector de la convivencia. No puede acusar a otros gobiernos de censurar bajo el argumento del discurso de odio y utilizar después esa misma categoría por decreto. No puede convertir el insulto en una marca personal y escandalizarse cuando la agresión llega desde afuera.
El problema del DNU no es que el Gobierno haya descubierto que las palabras pueden causar daño.
El problema es que solo parece reconocer ese daño cuando las palabras dejan de servirle y comienzan a incomodarlo.
La Libertad Avanza no abandonó la política del odio. Simplemente decidió nacionalizar a sus víctimas y extranjerizar a sus responsables.
