Alejandro CabreraLeo Hare estaba convencido de que Rusia podía ofrecerle a su familia la vida que ya no encontraba en Estados Unidos.
Cristiano practicante, padre de tres hijos y crítico de la división política norteamericana, la educación progresista y el avance de las reivindicaciones LGBTQ+, dejó Texas a finales de 2023 y se instaló en territorio ruso. Durante sus primeros meses difundió videos ordeñando cabras, trabajando en una granja, visitando monasterios y probando platos tradicionales.
Su historia parecía encajar perfectamente en el relato promovido por el Kremlin: una familia occidental que abandonaba una sociedad supuestamente decadente para refugiarse en un país construido alrededor de la fe, la patria y los valores familiares.
La televisión estatal convirtió su llegada en una noticia. Hare agradeció públicamente a Vladimir Putin y presentó a Rusia como una alternativa para aquellos occidentales que se sentían perseguidos o desplazados por los cambios culturales en sus países.
Pero la experiencia comenzó a deteriorarse rápidamente.
Según relató, pocas semanas después de llegar fue víctima de una estafa por cinco millones de rublos, una suma equivalente a unos 66.000 dólares. La familia perdió sus ahorros, quedó sin vivienda y terminó separándose. Sus hijos mayores regresaron a Estados Unidos y él debió buscar trabajo como profesor particular de inglés en la ciudad de Ivánovo.
Aunque continúa elogiando la hospitalidad de muchos ciudadanos rusos y asegura que desea permanecer en el país, ahora admite que extraña ciertas libertades propias de Estados Unidos. Su conclusión es mucho menos entusiasta que la de sus primeros videos: Rusia le ofreció comunidad y afecto, pero no el refugio perfecto que había imaginado.
Su caso forma parte de un fenómeno pequeño, aunque políticamente significativo: occidentales que se trasladan a Rusia no por razones laborales o familiares, sino como una declaración ideológica.
En agosto de 2024, Putin firmó el decreto 702, presentado oficialmente como un mecanismo de “asistencia humanitaria” para extranjeros que comparten los valores espirituales y morales tradicionales de Rusia.
El programa está dirigido a ciudadanos de países que Moscú acusa de imponer “actitudes ideológicas neoliberales destructivas”. La lista comprende 47 Estados y territorios, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Australia, Japón, Corea del Sur y gran parte de la Unión Europea.
Los aspirantes deben declarar que rechazan las políticas culturales de sus países de origen y que adhieren a principios como la familia tradicional, el patriotismo, la religiosidad y la continuidad histórica de Rusia.
La llamada “visa de valores compartidos” no es, técnicamente, un permiso automático para residir indefinidamente. Primero permite obtener una visa privada de entrada única por un período de hasta 90 días. Una vez en Rusia, el extranjero puede solicitar un permiso de residencia temporal sin quedar sometido a los cupos migratorios ordinarios.
La principal ventaja es que durante esa primera etapa no necesita aprobar los exámenes de idioma ruso, historia nacional y legislación que se exigen en otros trámites. Debe presentar antecedentes penales, seguro médico, certificados sanitarios y someterse a una entrevista consular. También debe realizar controles médicos y un registro de huellas digitales después de ingresar al país.
El permiso temporal puede extenderse durante tres años. Para permanecer después de ese plazo, el inmigrante tiene que avanzar hacia la residencia permanente y afrontar requisitos más exigentes, incluidos conocimientos básicos del idioma y del sistema legal.
El programa tampoco incluye una vivienda, un empleo garantizado ni asistencia económica. La persona debe financiar su traslado, conseguir alojamiento, aprender a desenvolverse en ruso y encontrar una fuente de ingresos en una economía afectada por las sanciones internacionales y por la prolongación de la guerra en Ucrania.
Esa diferencia entre la facilidad inicial del visado y la complejidad de la vida posterior queda frecuentemente fuera de los videos promocionales difundidos por influencers, agencias de reubicación y medios estatales.
El Kremlin presenta el programa como una demostración de que Rusia no está aislada y de que existen ciudadanos occidentales dispuestos a abandonar sus propios países para vivir bajo el modelo político de Putin.
La iniciativa tiene un valor propagandístico mucho mayor que su impacto demográfico.
Durante los primeros siete meses de funcionamiento, el Ministerio del Interior ruso informó que recibió 1156 solicitudes. Los alemanes encabezaban la lista con 224 pedidos, seguidos por ciudadanos de Letonia, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido.
Las cifras difundidas por Moscú indicaban que 99 estadounidenses y 50 canadienses habían iniciado el proceso durante aquella etapa. También existía un número elevado de solicitantes provenientes de los países bálticos, muchos de ellos con vínculos familiares, culturales o lingüísticos previos con Rusia.
Para la primavera boreal de 2026, las autoridades rusas aseguraban haber recibido cerca de 3400 solicitudes. El número, sin embargo, resulta difícil de verificar de manera independiente y no permite saber cuántos pedidos fueron aprobados ni cuántas familias permanecieron efectivamente en el país.
Incluso tomando como válida esa estimación, se trata de un movimiento reducido para una nación con más de 140 millones de habitantes y graves desafíos demográficos.
La utilidad del programa no se encuentra tanto en la cantidad de nuevos residentes como en las historias individuales que pueden ser utilizadas por la televisión pública.
Una familia estadounidense que elogia a Putin, una pareja francesa que denuncia la educación progresista o un ciudadano canadiense que afirma sentirse más seguro en Siberia funcionan como piezas de una narrativa internacional: mientras los gobiernos occidentales describen a Rusia como un Estado autoritario, algunos de sus propios ciudadanos eligen instalarse allí.
Cada llegada permite al Kremlin invertir el discurso. Rusia ya no aparece como el país del que escapan periodistas, opositores, jóvenes o profesionales, sino como un supuesto santuario para personas perseguidas culturalmente en Occidente.
El programa también intenta suavizar la imagen de una nación asociada desde 2022 con la invasión de Ucrania, las sanciones, la movilización militar y el cierre progresivo del espacio político interno.
Alrededor de la visa se desarrolló un pequeño ecosistema de influencers occidentales, abogados migratorios, asesores inmobiliarios y empresas que cobran por facilitar la instalación.
Sus contenidos suelen presentar departamentos más económicos que en Londres, Toronto o Nueva York, ciudades sin campamentos de personas sin hogar, escuelas con disciplina tradicional y calles percibidas como seguras.
La comparación se concentra en los aspectos más conflictivos de las sociedades occidentales: el costo de la vivienda, la inmigración, la inseguridad, la polarización política, la educación sexual y las políticas de género.
Rusia aparece, por contraste, como una sociedad ordenada, homogénea y espiritualmente estable.
Esa imagen posee elementos reales. Algunos extranjeros destacan el precio del transporte público, el funcionamiento del metro de Moscú, la percepción de seguridad en determinadas ciudades y la solidaridad de las comunidades religiosas.
El problema surge cuando esos aspectos se transforman en la idea de una utopía conservadora sin contradicciones.
Ben, un británico originario de Derby que se mudó a Rusia después de conocer a una mujer rusa, cuestiona esa representación. Aunque afirma sentirse seguro y elogia la calidez de la población, rechaza que el país sea el paraíso familiar que describen algunos comunicadores.
Señala la existencia de hogares monoparentales, la aceptación social del aborto y una elevada cantidad de divorcios. Su experiencia no se ajusta a la idea de una sociedad en la que las familias permanecen necesariamente unidas debido a la defensa oficial de los valores tradicionales.
Las estadísticas acompañan parcialmente esa observación. Rusia registró alrededor de 644.000 divorcios durante 2024, una cifra apenas inferior a los 683.700 contabilizados el año anterior. La defensa discursiva de la familia no ha eliminado problemas sociales presentes desde mucho antes de la llegada de Putin al poder.
La distancia cultural también puede ser considerable. Los nuevos residentes llegan, en muchos casos, sin hablar ruso y sin conocer las normas informales, la burocracia estatal o el funcionamiento del mercado laboral.
La exención inicial de los exámenes facilita la entrada, pero no resuelve la vida cotidiana. Abrir cuentas, alquilar una propiedad, firmar contratos, acceder a servicios públicos y comunicarse con las autoridades puede requerir intermediarios.
Esa dependencia abre la puerta a abusos, estafas y servicios de reubicación que prometen mucho más de lo que pueden garantizar.
La principal contradicción del programa aparece en el significado de la palabra libertad.
Quienes se trasladan suelen afirmar que abandonan Occidente para recuperar la libertad de educar a sus hijos, practicar su religión y expresar posiciones conservadoras sin ser cuestionados.
En Rusia encuentran un Estado que protege oficialmente esas posiciones. Las autoridades restringieron la difusión de contenidos LGBTQ+, prohibieron los procedimientos de transición de género y endurecieron las normas contra expresiones consideradas contrarias a la familia tradicional.
Sin embargo, esa protección ideológica convive con fuertes limitaciones sobre otras libertades.
La crítica a la guerra puede ser castigada, numerosos medios independientes fueron bloqueados o declarados organizaciones indeseables y opositores políticos fueron encarcelados, forzados al exilio o excluidos de las elecciones.
El control también avanzó sobre internet. Durante 2025 y 2026, las autoridades ampliaron los bloqueos de páginas, VPN y plataformas internacionales, además de interrumpir repetidamente el servicio de internet móvil con el argumento de prevenir ataques ucranianos con drones.
En marzo de 2026, las restricciones en Moscú afectaron incluso a comercios, bancos, aplicaciones de transporte y cajeros automáticos. La vida digital cotidiana quedó condicionada por cortes y listas de servicios autorizados por el Gobierno.
Para un inmigrante acostumbrado a acceder libremente a medios internacionales, redes sociales y plataformas de comunicación, estas limitaciones pueden representar uno de los choques más importantes.
Leo Hare resumió esa contradicción después de dos años en el país. Sigue sintiendo afecto por las personas que lo ayudaron y mantiene su rechazo hacia distintos aspectos culturales de Estados Unidos, pero reconoce que Rusia no posee la misma concepción sobre los derechos individuales.
La experiencia muestra que compartir la agenda moral de un gobierno no equivale necesariamente a compartir todo su sistema político.
Otro aspecto frecuentemente minimizado es la guerra en Ucrania.
Algunos inmigrantes occidentales apoyan abiertamente la posición del Kremlin. Otros prefieren evitar cualquier discusión y aseguran que su traslado responde exclusivamente a razones familiares, religiosas o económicas.
Pero mudarse a Rusia durante una guerra prolongada constituye inevitablemente una decisión política, aunque sus protagonistas no quieran presentarla de esa manera.
Las sanciones complican las transferencias bancarias internacionales, limitan el funcionamiento de tarjetas emitidas en Occidente y reducen la disponibilidad de determinados productos y servicios. Los viajes también pueden requerir escalas más largas debido a la suspensión de numerosas conexiones aéreas directas.
Las ciudades cercanas a Ucrania enfrentan además riesgos concretos.
Ben vive en Kursk, una región fronteriza que fue alcanzada por operaciones militares, bombardeos y ataques con drones. Su decisión de instalarse allí generó preocupación entre sus propios familiares, aunque él sostiene que su vida cotidiana continúa siendo segura.
Otros extranjeros eligen Moscú, San Petersburgo o regiones alejadas de la frontera, donde la guerra se percibe principalmente a través de la propaganda, las restricciones digitales, los homenajes militares y las consecuencias económicas.
La posibilidad de vivir una vida “tranquila” depende, por lo tanto, de la región, los recursos económicos y el nivel de exposición pública de cada familia.
El programa de valores compartidos no generó el éxodo occidental que algunos promotores anunciaban.
Existen estadounidenses, británicos, canadienses, franceses y alemanes que encontraron en Rusia la comunidad, la seguridad o la religiosidad que buscaban. También existen personas que descubrieron una vida más difícil, costosa y controlada de lo que mostraban los videos.
La visa consiguió, sin embargo, otro objetivo.
Permitió al Kremlin ofrecer una respuesta simbólica a Occidente. Frente a las denuncias sobre autoritarismo, invasiones y represión, Moscú presenta a un grupo de familias extranjeras que agradecen a Putin y describen a Rusia como la última defensora de la civilización cristiana.
La contradicción es que esas personas llegan buscando libertad frente a una cultura que rechazan, pero entran en un sistema que ofrece menos margen para cuestionar al poder político.
Para algunas, el intercambio resulta aceptable: prefieren un Estado conservador y autoritario antes que una democracia liberal culturalmente progresista.
Para otras, la experiencia termina revelando que la Rusia tradicional promocionada por las redes sociales existe principalmente como una construcción política. Detrás de ella aparece un país real, con familias separadas, divorcios, dificultades económicas, censura, burocracia, guerra y ciudadanos que enfrentan los mismos problemas humanos que cualquier otra sociedad.
