Política

Milei acelera la reconfiguración de la Cámara Federal: avanzan Bertuzzi y Yadarola mientras se abre la sucesión de Irurzun

En una misma jornada, el Senado dejó a Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola a un paso de ocupar definitivamente dos lugares de la Sala I de la Cámara Federal porteña, mientras el Consejo de la Magistratura abrió el concurso para reemplazar a Martín Irurzun en la Sala II. Los movimientos pueden modificar tres de las seis vocalías del tribunal que revisa las decisiones de Comodoro Py y que tiene bajo su órbita expedientes particularmente sensibles para el Gobierno, como $LIBRA, ANDIS y la investigación patrimonial sobre Manuel Adorni. La situación no implica que el Poder Ejecutivo pueda controlar las decisiones judiciales, pero configura una renovación institucional de enorme importancia política.

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La Cámara Federal de Comodoro Py comenzó este miércoles 12 de agosto a atravesar una transformación que puede cambiar buena parte de su integración durante los próximos meses. Por un lado, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola obtuvieron dictámenes favorables en la Comisión de Acuerdos del Senado y quedaron a un paso de convertirse formalmente en camaristas de la Sala I. Por otro, casi simultáneamente, el Consejo de la Magistratura decidió abrir el concurso para reemplazar a Martín Irurzun, histórico integrante de la Sala II que cumplió 75 años y cuya continuidad continúa siendo discutida ante la Corte Suprema.

Las dos noticias pueden leerse de manera independiente, porque responden a procedimientos diferentes, pero adquieren otra dimensión cuando se las observa juntas. La Cámara Federal está integrada por seis jueces distribuidos en dos salas de tres miembros cada una y funciona como tribunal de apelaciones de los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py. Allí se decide, entre otras cosas, si se confirman o revocan procesamientos, sobreseimientos, medidas de prueba, embargos y decisiones capaces de determinar si una investigación avanza o se debilita antes de llegar a juicio.

Por eso la eventual llegada de Yadarola, la confirmación definitiva de Bertuzzi y el futuro reemplazo de Irurzun no constituyen una renovación judicial cualquiera. Son movimientos sobre tres de las seis vocalías del tribunal de apelaciones penal federal más sensible de la Argentina, en momentos en que allí deben revisarse expedientes que involucran directa o indirectamente a Javier Milei, Karina Milei y antiguos funcionarios de primera línea del Gobierno. Hay, sin embargo, una precisión indispensable: Bertuzzi ya integra la Cámara desde 2018, de manera que su designación no supondría una persona nueva dentro del tribunal, sino la regularización definitiva de un cargo que venía ejerciendo de manera provisoria.

Bertuzzi y Yadarola avanzaron en el Senado

La Comisión de Acuerdos recibió este miércoles a Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes defendieron públicamente sus candidaturas para ocupar las dos vocalías concursadas de la Sala I. Tras una audiencia sin grandes confrontaciones políticas, el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista firmaron dictámenes favorables, por lo que los pliegos quedaron en condiciones de ser llevados al recinto una vez cumplidos los plazos reglamentarios. La intención de La Libertad Avanza es intentar aprobarlos durante una de las próximas sesiones del Senado.

Bertuzzi se encuentra en una situación particular porque ya ocupa uno de esos lugares. Había llegado a la Cámara Federal en 2018 mediante un traslado dispuesto durante el gobierno de Mauricio Macri desde un tribunal oral federal. La Corte Suprema resolvió posteriormente que aquellos traslados no podían convertirse automáticamente en designaciones definitivas y ordenó concursar las vacantes. Bertuzzi se presentó al concurso por el mismo cargo que ejerce, quedó entre los candidatos y Javier Milei decidió enviar su pliego al Senado. Si obtiene el acuerdo, dejará de ocupar provisoriamente la vocalía y quedará formalmente designado mediante el procedimiento constitucional ordinario.

La otra silla corresponde actualmente a Leopoldo Bruglia, también trasladado durante el gobierno de Macri y cuya permanencia quedó sometida al mismo criterio de la Corte. El elegido por el Poder Ejecutivo para ocupar esa vocalía es Pablo Yadarola, juez del fuero Penal Económico y un magistrado cercano al actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Bruglia cuestionó judicialmente su desplazamiento e incluso recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el procedimiento para cubrir definitivamente la vacante continuó avanzando.

Si ambos pliegos obtienen el acuerdo del Senado, la Sala I quedaría integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola.

Y ahí aparece la primera conexión directa con las causas que inquietan a la Casa Rosada.

La Sala I es la que revisa $LIBRA

La investigación principal por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que tiene entre las personas investigadas al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei, tramita en primera instancia ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y sus decisiones son revisadas por la Sala I de la Cámara Federal. Eso significa que Bertuzzi y Yadarola, si quedan definitivamente incorporados al tribunal, podrán intervenir en futuras apelaciones relacionadas con uno de los expedientes judiciales más sensibles para el Gobierno.

Esto no significa que ambos magistrados vayan necesariamente a resolver cada planteo de $LIBRA. En determinados casos pueden existir recusaciones, excusaciones, sorteos o cuestiones procesales que modifiquen una integración. Tampoco existe evidencia que permita sostener que fueron elegidos para producir un determinado resultado en ese expediente. Pero institucionalmente el dato es innegable: el Poder Ejecutivo propuso a los dos jueces que integrarán junto con Llorens la sala encargada de revisar decisiones de una causa en la que el propio Presidente y la secretaria general de la Presidencia están bajo investigación.

LA NACION señaló además que la Cámara deberá intervenir en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, aunque todavía no estaba determinado qué sala recibiría ese expediente. La misma Cámara será, por lo tanto, escenario de varios de los procesos políticamente más delicados de esta etapa del Gobierno.

El caso Yadarola agrega otra conexión: Scatturice y el avión de las valijas

La postulación de Yadarola tiene una particularidad adicional que adquiere especial relevancia por los acontecimientos de los últimos meses. Actualmente es el juez penal económico que investiga las irregularidades en los controles aduaneros al avión privado vinculado con Leonardo Scatturice, empresario cercano a Santiago Caputo y protagonista de diferentes negocios con el Estado durante la gestión libertaria.

En ese expediente se analiza por qué equipajes provenientes de Estados Unidos ingresaron por Aeroparque sin atravesar los controles habituales y si existió alguna instrucción externa destinada a facilitar el procedimiento. Hasta ahora la investigación no determinó que Scatturice hubiera ordenado personalmente evitar los controles ni que dentro de los bultos existiera mercadería ilegal, pero la causa continúa abierta y Yadarola dispuso distintas medidas para reconstruir lo ocurrido.

De esa manera aparece una situación institucional singular. El mismo magistrado que actualmente investiga un episodio relacionado con un empresario cercano a uno de los principales asesores de Milei fue seleccionado por el Poder Ejecutivo para convertirse en camarista de la Sala I, uno de los puestos judiciales más relevantes de Comodoro Py. La coincidencia no prueba ninguna irregularidad en su designación, pero inevitablemente incrementa el interés político sobre su candidatura.

Yadarola también tiene antecedentes que generaron controversia pública. Fue uno de los magistrados que participó del viaje a Lago Escondido junto con funcionarios judiciales, empresarios y directivos del Grupo Clarín. La investigación relacionada con aquel viaje terminó con su sobreseimiento después de que el expediente pasó de los tribunales de Bariloche a Comodoro Py.

Mientras tanto, comenzó formalmente la sucesión de Irurzun

La segunda parte de la reconfiguración ocurre en la Sala II.

Martín Irurzun cumplió 75 años el 18 de julio. La Constitución establece que los jueces que alcanzan esa edad necesitan un nuevo nombramiento, con propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado, para continuar por períodos adicionales. Irurzun había solicitado formalmente permanecer otros cinco años, pero el gobierno de Javier Milei decidió no enviar su pliego.

El camarista recurrió entonces a la Justicia. Argumentó que la cláusula constitucional que establece el límite de edad afecta la garantía de inamovilidad judicial e intentó obtener una medida cautelar que le permitiera continuar. El planteo fue rechazado en primera instancia y posteriormente por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Su recurso llegó a la Corte Suprema, que al 12 de agosto todavía no había resuelto el fondo de la cuestión. Mientras tanto, Irurzun permanece sin ejercer funciones, bajo una licencia solicitada por él mismo.

El Gobierno decidió no esperar el pronunciamiento definitivo. Consideró que la vacante quedó producida al cumplir Irurzun los 75 años y pidió al Consejo de la Magistratura que iniciara el procedimiento destinado a reemplazarlo. Este miércoles, la Comisión de Selección abrió formalmente el nuevo concurso para cubrir la vocalía de la Sala II.

Eso abre la posibilidad de una tercera designación vinculada con la actual administración. A diferencia de Bertuzzi y Yadarola, el reemplazante de Irurzun todavía está lejos de ser elegido: primero deberá desarrollarse el concurso, confeccionarse una terna, intervenir el plenario del Consejo de la Magistratura, seleccionar posteriormente el Poder Ejecutivo a un candidato y finalmente conseguir el acuerdo del Senado.

Pero la dirección política del proceso ya está definida: Milei decidió no renovar a Irurzun y tendrá, llegado el momento, la facultad constitucional de seleccionar a uno de los candidatos surgidos del concurso.

ANDIS: la causa que Irurzun deja en una Sala II incompleta

La conexión más directa entre la salida de Irurzun y las causas que preocupan al Gobierno aparece en el expediente de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS.

La investigación analiza presuntas maniobras de corrupción relacionadas con compras de medicamentos e insumos de alto costo. El exdirector de la agencia Diego Spagnuolo está procesado junto con otros acusados, mientras las defensas apelaron las decisiones adoptadas en primera instancia. Esas apelaciones fueron enviadas a la Sala II de la Cámara Federal, que venía integrada por Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah.

Pocos días antes de que Irurzun cumpliera 75 años, los tres camaristas le reclamaron al juez Ariel Lijo que enviara la totalidad de la documentación y las pruebas necesarias para poder resolver los procesamientos. La Cámara sostuvo que las remisiones parciales realizadas desde mayo impedían completar el análisis del expediente.

La salida de Irurzun altera esa dinámica. Si Boico y Farah coinciden en una decisión, pueden conformar mayoría y resolver. Pero si adoptan posiciones diferentes, deberá convocarse mediante el mecanismo correspondiente a un tercer camarista, que tendrá que estudiar un expediente voluminoso antes de votar. Esa circunstancia puede influir sobre los tiempos procesales de una causa que ya acumula meses de investigación.

Por eso no sería correcto hablar de “las causas de Irurzun”, ya que los expedientes pertenecen institucionalmente a la Sala II y no a un juez individual. Sí puede decirse que Irurzun venía interviniendo directamente en causas que ahora deberán seguir adelante sin él, y ANDIS es actualmente el ejemplo políticamente más relevante.

La Sala II también intervino históricamente en expedientes de enorme importancia institucional, incluido el atentado contra la AMIA, además de investigaciones relacionadas con inteligencia, terrorismo y corrupción.

Un mismo día, dos movimientos que pueden cambiar media Cámara

La coincidencia temporal resulta particularmente significativa. En la mañana del 12 de agosto, Bertuzzi y Yadarola defendieron sus pliegos ante el Senado y obtuvieron dictámenes favorables. Horas después, el Consejo de la Magistratura confirmó la apertura del concurso por la vacante dejada por Irurzun.

Formalmente son tres situaciones diferentes. Bertuzzi busca regularizar una silla que ya ocupa. Yadarola aspira a reemplazar a Bruglia en la Sala I. Y el sucesor de Irurzun todavía ni siquiera fue seleccionado.

Políticamente, sin embargo, forman parte de una misma fotografía: el gobierno de Javier Milei está participando del proceso de definición de tres de los seis lugares de la Cámara Federal porteña.

Ese dato necesita otra precisión. No significa que Milei vaya a “controlar” tres votos. Los jueces no representan al presidente que los propuso y una vez designados están obligados a resolver con independencia. El mecanismo constitucional establece precisamente una combinación de concurso, selección presidencial y acuerdo del Senado para impedir que la designación dependa exclusivamente del Ejecutivo.

Además, Bertuzzi no es un magistrado surgido de la gestión libertaria: lleva décadas dentro del Poder Judicial y ocho años desempeñándose en la Cámara Federal. Por eso sería exagerado presentarlo simplemente como “un juez de Milei”.

Pero tampoco puede ignorarse que el Poder Ejecutivo ejerce una facultad política decisiva al seleccionar candidatos y decidir qué magistrados mayores de 75 años propone renovar. Y esas decisiones están ocurriendo justamente en el tribunal encargado de controlar a los jueces que investigan al Gobierno.

El plan de Mahiques para cubrir las vacantes judiciales

La transformación de la Cámara Federal forma parte además de un proceso mucho mayor impulsado desde el Ministerio de Justicia. Desde que Juan Bautista Mahiques asumió la cartera en marzo de 2026, el Gobierno aceleró significativamente el envío de pliegos al Senado después de dos años de fuerte parálisis en la cobertura de vacantes. Para mediados de julio ya había remitido alrededor de 175 postulaciones y el objetivo declarado del Ejecutivo era avanzar durante el año sobre cientos de cargos vacantes en la Justicia nacional y federal.

El problema de las vacantes excede a Milei. Comodoro Py arrastra desde hace años cargos sin cubrir, subrogancias y concursos demorados. La salida de Irurzun volvió a poner ese problema bajo la lupa porque afecta a uno de los tribunales más estratégicos del sistema penal federal.

Por eso existe una doble lectura posible. Desde la perspectiva institucional, completar las vacantes es necesario para evitar tribunales funcionando permanentemente con jueces provisionales o sorteados. Desde la perspectiva política, cada designación en la Cámara Federal merece un escrutinio extraordinario porque ese tribunal ejerce control directo sobre expedientes capaces de afectar al mismo Poder Ejecutivo que participa del proceso de nombramiento.

Las dos cosas pueden ser ciertas simultáneamente.

$LIBRA en una sala, ANDIS en la otra

La mejor manera de entender por qué importa esta reconfiguración es observar cómo quedan distribuidas las principales causas.

En la Sala I, donde Yadarola podría ingresar y Bertuzzi quedar definitivamente confirmado, está la investigación principal de $LIBRA, con Javier y Karina Milei bajo investigación. La misma sala también interviene en otros expedientes de fuerte contenido económico y político.

En la Sala II, donde quedó abierta la vacante de Irurzun, está ANDIS, con apelaciones pendientes relacionadas con Diego Spagnuolo y otros acusados. Hasta que se cubra definitivamente esa silla, los eventuales desacuerdos entre Boico y Farah podrán obligar a recurrir a jueces subrogantes.

Y por encima de ambas salas aparece la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, que deberá ser revisada por la Cámara aunque todavía no estaba fijada definitivamente la sala que intervendrá.

La Cámara Federal que termine consolidándose durante los próximos meses será, por lo tanto, la encargada de establecer límites, confirmar decisiones o corregir a los jueces de primera instancia en algunos de los expedientes de mayor impacto político para la actual administración.

La gran discusión no es si los nuevos jueces beneficiarán a Milei, sino quién controlará a los jueces que investigan al poder

No existe hasta ahora evidencia que permita afirmar que Bertuzzi, Yadarola o el futuro reemplazante de Irurzun vayan a ser funcionales al Gobierno en las causas sensibles. Anticipar cómo fallará un magistrado únicamente a partir de quién impulsó su designación sería convertir una cuestión institucional en una acusación que los hechos todavía no respaldan.

Pero existe una pregunta legítima que trasciende a Milei y alcanza a cualquier gobierno democrático: qué controles deben acompañar la selección de los jueces encargados de revisar investigaciones contra quienes participan de su propio nombramiento.

El sistema argentino intenta resolver esa tensión mediante un procedimiento compartido. El Consejo de la Magistratura realiza los concursos, el Presidente elige entre los candidatos habilitados y el Senado debe prestar acuerdo. Ningún actor puede completar solo el nombramiento.

Lo excepcional de este momento es la magnitud de la renovación concentrada en un tribunal tan pequeño y poderoso.

Si el Senado aprueba a Yadarola y Bertuzzi y posteriormente prospera el concurso para cubrir el lugar de Irurzun, tres de las seis vocalías de la Cámara habrán atravesado procesos de definición bajo la administración Milei, aunque sólo dos implicarían inicialmente cambios de personas respecto de la conformación que tenía el tribunal antes del proceso: Yadarola por Bruglia y, eventualmente, el futuro sucesor de Irurzun.

Esa distinción es indispensable para evitar exageraciones, pero no reduce la importancia política del fenómeno.

Una Cámara Federal en plena transformación

La audiencia de Bertuzzi y Yadarola y la apertura del concurso para reemplazar a Irurzun pueden parecer noticias judiciales separadas. En realidad, juntas muestran una transformación mucho más profunda de uno de los centros de poder menos visibles pero más importantes de la Argentina.

La Cámara Federal no condena ni absuelve definitivamente en estos expedientes, pero puede definir buena parte de su destino mucho antes del juicio. Puede confirmar un procesamiento o revocarlo, ordenar continuar investigando una pista que un juez descartó, validar o anular una medida de prueba y establecer criterios que condicionan todo lo que ocurre posteriormente en primera instancia.

Por eso su integración importa.

La Sala I se encamina a quedar definitivamente constituida con Llorens, Bertuzzi y Yadarola mientras tiene bajo su órbita $LIBRA. La Sala II perdió, al menos por ahora, a un camarista que llevaba 32 años en el tribunal justo cuando debe resolver apelaciones de ANDIS. Y el Consejo de la Magistratura acaba de iniciar el procedimiento destinado a elegir a quien ocupará esa silla durante los próximos años.

El Gobierno tiene el derecho constitucional de participar de esas designaciones y la Justicia necesita cubrir sus vacantes.

Pero la coincidencia con causas que alcanzan al corazón de la administración Milei convierte cada paso del proceso en una cuestión de máxima sensibilidad institucional.

No se trata de afirmar que Javier Milei esté eligiendo a los jueces que van a absolverlo o protegerlo, algo para lo que no existe evidencia. Se trata de algo más concreto: mientras $LIBRA, ANDIS y otras investigaciones avanzan por Comodoro Py, la composición del tribunal encargado de revisar esas causas está cambiando de manera sustancial. Y el Poder Ejecutivo es uno de los actores centrales de esa renovación.

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