Milei intenta recomponer a sus aliados: ofrece federalizar el Banco Central mientras Bullrich enfrenta una rebelión por la agenda del Senado

El Gobierno de Javier Milei entró en una fase mucho más compleja de su relación con los bloques dialoguistas. La derrota parcial que sufrió en el Senado con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —donde debió resignar los capítulos relacionados con tierras rurales y manejo del fuego— funcionó como una advertencia: La Libertad Avanza puede ser la fuerza central del oficialismo, pero continúa necesitando gobernadores, radicales, macristas y partidos provinciales para construir mayorías. Ese mensaje comenzó a reflejarse esta semana tanto en Diputados como en el Senado.

La respuesta de la Casa Rosada combina concesiones legislativas, negociación política y representación institucional. El movimiento más llamativo aparece alrededor de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos emblemáticos del Presidente. El oficialismo estudia incorporar un criterio federal en la integración del directorio para satisfacer un reclamo planteado por gobernadores y legisladores del interior. Al mismo tiempo, Patricia Bullrich intenta contener en el Senado a aliados que ya no están dispuestos a limitarse a votar las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo y reclaman colocar sus propios proyectos dentro del temario.

El Gobierno negocia lugares en el Banco Central para asegurar la reforma

La discusión más delicada está ocurriendo en Diputados, donde el oficialismo pretende llevar al recinto el 26 de agosto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central junto con Inocencia Fiscal II. La iniciativa del BCRA ya obtuvo dictamen de mayoría, con 42 firmas entre 73 diputados presentes, pero el Gobierno todavía necesita garantizar que los votos que consiguió en las comisiones se mantengan cuando llegue el momento de votar en el recinto.

En ese marco apareció una propuesta impulsada particularmente por dirigentes provinciales: federalizar la composición del directorio de la autoridad monetaria. Una de las fórmulas analizadas establece que al menos tres de los ocho directores tengan trayectoria relevante vinculada con diferentes regiones del país: Norte Grande, Región Centro y Sur o Patagonia. El gobernador catamarqueño Raúl Jalil aparece entre los mandatarios que impulsaron esa discusión a través de sus representantes legislativos.

Conviene hacer una aclaración porque políticamente la diferencia es importante. La propuesta conocida no establece que cada gobernador vaya a designar directamente a un director del Banco Central ni que esos lugares pasen jurídicamente a pertenecer a las provincias. Lo que se discute es incorporar a la ley un criterio territorial que obligue a considerar perfiles provenientes de distintas regiones cuando se conforme el directorio. Presentarlo simplemente como un reparto directo de “sillones para gobernadores” sería ir más allá de lo que hasta ahora contiene la negociación conocida.

Sin embargo, políticamente la concesión resulta evidente. El proyecto original del Gobierno estaba concentrado esencialmente en modificar las funciones y restricciones del Banco Central; la incorporación de un criterio regional aparece ahora como resultado de la necesidad de conseguir votos provinciales. Eduardo Falcone, diputado del MID, lo había planteado durante el debate en comisión con una definición gráfica: el directorio no podía seguir compuesto exclusivamente por figuras provenientes de la “city porteña”.

Las provincias también quieren que sus bonos puedan competir con los del Tesoro

La negociación no se limita a los nombres del directorio. Los gobernadores plantearon otra modificación relacionada directamente con el sistema financiero: cómo pueden integrarse los encajes bancarios cuando se utilicen títulos públicos.

Las provincias quieren evitar que, si el Banco Central permite que determinados títulos formen parte de esos encajes, exista una preferencia automática por los bonos del Tesoro Nacional. Reclaman que también puedan considerarse activos provinciales utilizando parámetros técnicos como solvencia, liquidez, plazo, volatilidad y riesgo.

Para los gobernadores, el punto no es menor. Una regulación que priorice sistemáticamente los títulos nacionales puede concentrar todavía más la demanda financiera en el Tesoro y reducir el atractivo relativo de la deuda provincial. El planteo busca que una provincia financieramente sólida pueda competir en condiciones comparables cuando sus bonos cumplan los criterios establecidos por el Banco Central.

La Casa Rosada todavía no cerró definitivamente la redacción, pero decidió discutirla. Esa disposición a modificar el proyecto constituye un cambio respecto del tono con el que Milei presentó originalmente la reforma, diseñada como una de las piezas centrales de su programa económico y destinada a impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizar el Banco Central para financiar al Tesoro mediante emisión monetaria.

Qué quiere cambiar Milei en el Banco Central

La reforma tiene un contenido mucho más amplio que la discusión por su directorio. El objetivo central es volver a concentrar la misión del BCRA en preservar el valor de la moneda, eliminando del mandato principal algunas funciones incorporadas en 2012 relacionadas con el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Santiago Bausili y el vicepresidente Vladimir Werning defendieron públicamente esa orientación durante su presentación ante Diputados.

El proyecto también busca prohibir de manera más estricta el financiamiento monetario al Tesoro, limitar mecanismos mediante los cuales el Estado pueda obtener recursos del Banco Central y fortalecer la estabilidad de sus autoridades frente a eventuales cambios de gobierno. Para Milei es un asunto tanto económico como simbólico: después de haber prometido durante la campaña de 2023 cerrar el BCRA, ahora intenta reformarlo para dificultar que una futura administración revierta la política monetaria de su gobierno.

Precisamente por tratarse de una de las reformas que el Presidente considera estratégicas, la Casa Rosada está dispuesta a negociar aspectos secundarios para preservar el núcleo del proyecto. Esa lógica explica la posibilidad de incorporar representación regional y modificaciones sobre los encajes sin abandonar la prohibición del financiamiento monetario.

El oficialismo ya tuvo que pedir disculpas a PRO, UCR y MID

El problema de Milei con sus aliados no nació solamente de diferencias ideológicas. Esta misma semana, La Libertad Avanza estuvo cerca de complicar el dictamen del Banco Central por errores propios.

Durante el plenario de las comisiones, economistas invitados por legisladores libertarios realizaron fuertes críticas contra administraciones anteriores. Miguel Boggiano incluyó entre sus cuestionamientos a gobiernos radicales y macristas y afirmó que distintas administraciones habían utilizado históricamente al Banco Central para perjudicar a la sociedad. La reacción de PRO, UCR y MID fue inmediata.

Fernando de Andreis, diputado de PRO y uno de los principales enviados políticos de Mauricio Macri en la nueva negociación con la Casa Rosada, protestó públicamente y estuvo cerca de retirar su apoyo al dictamen. Eduardo Falcone, del MID, directamente no acompañó el despacho y calificó duramente a algunos de los expositores. Finalmente, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, pidió disculpas a los aliados y el Gobierno consiguió salvar el dictamen.

El episodio resulta significativo porque ocurrió exactamente cuando Karina Milei y Mauricio Macri acababan de reabrir conversaciones para reconstruir la relación entre La Libertad Avanza y PRO rumbo a 2027. El oficialismo está intentando ampliar su coalición y, simultáneamente, algunos de sus sectores más ideológicos continúan atacando a quienes necesita para aprobar las reformas.

En el Senado, Bullrich enfrenta un problema todavía mayor

La situación es diferente en la Cámara alta. Allí Patricia Bullrich cuenta con un bloque libertario importante, pero continúa lejos de poder manejar el recinto sin acuerdos externos. Los senadores del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales comenzaron ahora a reclamar que la agenda deje de estar determinada exclusivamente por las prioridades de la Casa Rosada.

Bullrich analiza una nueva sesión para la última semana de agosto. El oficialismo quiere avanzar con la denominada Ley Hojarasca y aprobar más de 60 pliegos judiciales, entre los cuales aparecen las designaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la estratégica Cámara Federal porteña. Pero los dialoguistas advirtieron que sus votos no pueden darse automáticamente por asegurados si el Gobierno no incorpora proyectos propios de esos espacios.

La presión aumentó después del episodio de la Ley de Tierras. Los aliados interpretaron el resultado como una demostración de que pueden modificar sustancialmente la agenda cuando actúan coordinadamente. El Senado aprobó finalmente la ley de propiedad privada, pero dejó afuera dos capítulos que Federico Sturzenegger y la Casa Rosada consideraban importantes. Ese precedente cambió la relación de fuerzas.

Ficha Limpia, pymes y biocombustibles: qué reclaman los aliados

PRO pretende que vuelva a tratarse Ficha Limpia, una de sus principales banderas institucionales. Otros bloques reclaman proyectos destinados a facilitar financiamiento para pequeñas y medianas empresas y propuestas relacionadas con el endeudamiento y el acceso al crédito. El radicalismo quiere colocar dentro de la discusión un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, con el objetivo de estimular inversiones y exportaciones.

Las fuerzas provinciales, por su parte, presionan particularmente por una nueva regulación de biocombustibles. La discusión involucra principalmente a provincias productoras de bioetanol y biodiésel y tiene impacto directo sobre economías regionales. El esquema que se negocia contempla aumentar los cortes obligatorios y extender el marco regulatorio hasta finales de 2031.

La advertencia de los aliados puede resumirse de manera sencilla: si el Gobierno necesita sus votos para aprobar pliegos judiciales, Hojarasca y posteriormente la reforma electoral, deberá permitirles también obtener resultados legislativos propios.

Eso transforma la negociación. Ya no se trata simplemente de decidir cuánto debe modificar LLA sus proyectos para conseguir adhesiones. Ahora los aliados reclaman una porción de la agenda.

Sturzenegger también genera resistencia dentro del propio oficialismo

A la presión externa se suma otra dificultad: algunas iniciativas impulsadas por Federico Sturzenegger generan reparos incluso entre legisladores cercanos a la Casa Rosada.

Una de las discusiones aparece alrededor de la modificación de la Ley de Sociedades, mientras otro foco de tensión es el régimen de Zonas Frías. El Gobierno quiere reducir subsidios actualmente vigentes en determinadas regiones, pero senadores de provincias y ciudades alcanzadas por ese beneficio temen el costo electoral que significaría acompañar la modificación.

Mar del Plata y Bahía Blanca aparecen entre las ciudades particularmente sensibles a cualquier modificación. La Casa Rosada intenta construir una compensación política mediante un sistema de beneficios energéticos para regiones cálidas del norte, con la expectativa de conseguir votos de provincias que hoy no reciben ventajas equivalentes.

El problema es que 2027 está cada vez más cerca y los legisladores comienzan a evaluar cada proyecto no solamente por su contenido económico, sino también por el impacto que puede producir en sus propios territorios.

Las PASO están detrás de buena parte de la negociación

El Gobierno necesita conservar a estos aliados para una batalla todavía más importante: la reforma electoral y la eventual eliminación de las PASO.

La Casa Rosada pretende modificar nuevamente el sistema de primarias antes de 2027. Para conseguir una reforma electoral necesita una mayoría más exigente que para una ley ordinaria: el oficialismo calcula que deberá reunir 129 diputados y 37 senadores. Sin gobernadores, PRO y sectores radicales, esos números resultan extremadamente difíciles.

En simultáneo, el peronismo acaba de reagruparse alrededor de Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y gobernadores precisamente para defender las PASO, porque considera que las primarias son el mecanismo capaz de mantener unidos a sus distintos candidatos sin tener que acordar previamente quién encabezará la fórmula presidencial.

Por eso cada concesión que hoy realiza la Casa Rosada tiene una dimensión que excede la sesión de agosto. Los votos que Milei necesita para reformar el Banco Central son prácticamente los mismos sectores políticos que deberá convencer después para cambiar las reglas electorales.

También aparecen las “colectoras” como moneda de negociación para 2027

El Gobierno estudia además una innovación política destinada a facilitar acuerdos electorales con sus socios. Una de las variantes consiste en permitir que una candidatura presidencial pueda llevar varias listas legislativas adheridas debajo, una especie de sistema de colectoras que podría ofrecer al PRO, radicales o fuerzas provinciales la posibilidad de preservar sus propias candidaturas al Congreso mientras apoyan la reelección de Milei.

La herramienta sería particularmente atractiva en la provincia de Buenos Aires, donde se elige una gran cantidad de diputados nacionales. La Casa Rosada podría respaldar simultáneamente una lista libertaria y nóminas asociadas pertenecientes a aliados, evitando obligarlos a renunciar completamente a su identidad partidaria.

En provincias que eligen senadores, el sistema resulta mucho más complicado porque solamente se distribuyen tres bancas: dos para la fuerza ganadora y una para la segunda. Allí los acuerdos deberán negociarse de manera mucho más tradicional.

El esquema demuestra hasta qué punto se están mezclando ya las negociaciones parlamentarias de 2026 con la construcción electoral de 2027.

Santilli se convirtió en el encargado de negociar con los gobernadores

Diego Santilli ocupa una posición central en esta estrategia. Desde la Jefatura de Gabinete intensificó las conversaciones con mandatarios provinciales para garantizar los votos de Diputados y simultáneamente construir acuerdos de más largo plazo. El Gobierno no descarta incorporar a la sesión del 26 de agosto proyectos impulsados por PRO o Provincias Unidas siempre que no impliquen un costo fiscal que Economía considere incompatible con el equilibrio presupuestario.

El equilibrio que intenta encontrar Santilli es complejo. Las provincias quieren obras, recursos, modificaciones normativas y participación institucional; Luis Caputo pretende preservar el superávit y evitar concesiones presupuestarias significativas. Ante esa restricción, la Casa Rosada empieza a utilizar otros recursos políticos: cambios legislativos, integración de organismos, agenda parlamentaria y acuerdos electorales.

La discusión sobre el directorio del Banco Central encaja exactamente dentro de esa lógica.

¿Es un reparto de cargos a cambio de votos?

Políticamente, la oposición seguramente utilizará esa lectura. Sin embargo, con la información conocida hasta ahora conviene ser más preciso.

No está acreditado un acuerdo explícito del tipo “un cargo por un voto”, ni se conoce una lista de dirigentes partidarios seleccionados para ingresar al BCRA. Lo que existe es una negociación concreta en la que gobernadores reclaman mayor representación federal y el Gobierno evalúa modificar el proyecto para establecer que parte del directorio tenga antecedentes profesionales vinculados con diferentes regiones.

Eso indudablemente constituye una concesión política destinada a facilitar la aprobación de la reforma. Pero sigue existiendo una diferencia entre modificar institucionalmente los requisitos del directorio y entregar directamente un sillón determinado a un gobernador.

La redacción definitiva será fundamental para evaluar dónde termina la federalización y dónde podría comenzar un reparto político.

Milei empieza a descubrir el costo de gobernar con aliados

La situación de estas semanas muestra una transformación más profunda de La Libertad Avanza. Durante los primeros años del gobierno, Milei consiguió aprobar buena parte de sus principales proyectos negociando ley por ley con bloques dialoguistas que, aunque no formaban parte del oficialismo, compartían una porción importante de su programa económico.

Pero ese mecanismo comenzó a agotarse.

Los aliados ayudaron al Gobierno en reformas laborales, fiscales, económicas e institucionales y ahora quieren cobrar políticamente esa cooperación. PRO reclama protagonismo y proyectos propios. Los radicales intentan preservar autonomía. Los gobernadores quieren defender sus economías regionales y ampliar su influencia. Las fuerzas provinciales condicionan sus votos a cuestiones específicas de sus territorios.

La consecuencia es un Gobierno que necesita comenzar a compartir poder para conservar gobernabilidad.

El 26 de agosto será la primera gran prueba

La próxima sesión de Diputados será un examen importante. El oficialismo pretende conseguir la media sanción para Inocencia Fiscal II y la reforma del Banco Central y dejó momentáneamente en segundo plano la Ley de Propiedad Privada hasta asegurarse de contar con los votos.

Si la estrategia funciona, Milei podrá demostrar que la derrota parcial sufrida en el Senado fue solamente un traspié y que conserva capacidad para reconstruir mayorías.

Después llegará el Senado, donde Bullrich deberá cerrar su propio acuerdo con dialoguistas para aprobar los pliegos judiciales y avanzar con Hojarasca. Y detrás de ambas discusiones estarán las PASO, el Presupuesto 2027 y la construcción electoral.

Por eso las dos noticias de Clarín forman parte de un mismo fenómeno.

El Gobierno dejó de negociar solamente el contenido de sus leyes y comenzó a negociar también cargos, representación territorial, proyectos de sus aliados y reglas electorales. No necesariamente porque haya abandonado su programa, sino porque el Congreso demostró que sin esos socios no puede ejecutarlo.

La paradoja es especialmente fuerte en el caso del Banco Central. Milei llegó a la Presidencia prometiendo eliminarlo y ahora intenta convertir su reforma en uno de los legados institucionales de su gobierno. Para conseguirlo, además, podría terminar aceptando algo típicamente político: repartir territorialmente parte del poder dentro de la institución que quería cerrar para conseguir los votos que necesita para transformarla.