Alejandro CabreraLa sobrepoblación carcelaria llevó a varios países europeos a aplicar una solución controvertida: alquilar plazas penitenciarias en otro Estado y trasladar allí a parte de sus detenidos. Suecia avanzó con un acuerdo con Estonia, mientras Dinamarca prepara un modelo similar con Kosovo.
La población penitenciaria sueca se duplicó entre 2015 y 2025 hasta alcanzar las 11.232 personas. El endurecimiento de las penas, el crecimiento de las organizaciones criminales y las condenas más prolongadas aumentaron la demanda de plazas a una velocidad superior a la construcción de nuevas cárceles.
Estonia atraviesa una situación inversa. Su sistema funciona con una ocupación cercana al 58% y aloja aproximadamente a 1.618 detenidos, por lo que cuenta con instalaciones y personal disponibles.
El acuerdo permitiría a Suecia enviar inicialmente hasta 300 presos durante cinco años. A cambio, pagaría alrededor de 30,6 millones de euros anuales, con la posibilidad de ampliar la capacidad mediante nuevas negociaciones.
Los detenidos continúan cumpliendo una condena impuesta por la Justicia del país de origen, pero son alojados en una prisión ubicada en otro territorio. El Estado receptor administra las instalaciones y aporta buena parte del personal.
El acuerdo debe definir qué legislación se aplica, quién resuelve las sanciones internas y cómo se atienden las necesidades médicas. También establece las condiciones de traslado, las visitas, la comunicación con abogados y el eventual regreso.
Suecia conservaría la responsabilidad general sobre las condenas, mientras Estonia aportaría infraestructura y funcionarios penitenciarios. El inglés funcionaría como idioma operativo para parte de las comunicaciones.
No todos los presos podrán ser trasladados. Quedarían excluidas las mujeres, los menores, los líderes de bandas criminales y las personas acusadas o condenadas por terrorismo o procesos de radicalización.
La selección busca reducir los riesgos de seguridad y evitar casos que requieren tratamientos o regímenes específicos. También se priorizarían detenidos que no necesitan un contacto frecuente con instituciones suecas.
Suecia pagaría unos 30,6 millones de euros anuales por las primeras 300 plazas. El acuerdo contempla la posibilidad de incorporar otras 300 a un valor aproximado de 8.500 euros mensuales por preso.
Alojar a una persona dentro del sistema sueco cuesta alrededor de 11.000 euros mensuales. Desde una perspectiva estrictamente presupuestaria, el traslado puede resultar más económico.
La comparación debe incluir otros gastos. El transporte, la seguridad, las visitas consulares, los intérpretes y los traslados judiciales pueden reducir parte del ahorro.
Estonia obtiene ingresos para sostener instalaciones que actualmente se encuentran subutilizadas. También puede conservar empleos penitenciarios y aprovechar edificios que, de otro modo, tendrían un costo sin ocupación suficiente.
Para Suecia, la principal ventaja es el tiempo. Construir una cárcel nueva demanda años de planificación, permisos, obras y contratación de personal, mientras el alquiler ofrece capacidad disponible en un plazo más corto.
Bélgica alquiló unas 500 plazas en una prisión de Países Bajos para aliviar su sobrepoblación. El acuerdo funcionó durante varios años y terminó cuando la necesidad disminuyó.
Noruega también envió presos a una cárcel neerlandesa. Utilizó alrededor de 650 plazas durante tres años y pagó aproximadamente 95 millones de euros.
Las experiencias mostraron que el modelo puede reducir temporalmente la presión, pero no reemplaza una política penitenciaria de largo plazo. Cuando finaliza el contrato, el país de origen debe disponer nuevamente de lugares para los detenidos.
Dinamarca acordó utilizar 300 plazas en Kosovo durante diez años, con un pago estimado de 21 millones de euros anuales. El proyecto sufrió demoras por cuestiones legales, políticas y operativas.
Kosovo no pertenece a la Unión Europea, lo que aumentó las discusiones sobre estándares penitenciarios y mecanismos de supervisión. El Gobierno danés sostiene que las instalaciones deberán cumplir condiciones equivalentes a las nacionales.
La distancia es uno de los principales cuestionamientos. Una persona trasladada a otro país puede quedar a cientos o miles de kilómetros de su familia.
Las visitas frecuentes contribuyen a mantener vínculos afectivos y pueden facilitar la reinserción. Cuando viajar requiere vuelos, alojamiento y trámites especiales, muchas familias no pueden sostener ese contacto.
El idioma constituye otro obstáculo. Aunque el personal utilice inglés, no todos los detenidos lo hablan y las comunicaciones médicas, jurídicas o psicológicas requieren precisión.
También existen dudas sobre el acceso a abogados. Una defensa efectiva necesita entrevistas confidenciales y capacidad para intervenir rápidamente ante problemas con la ejecución de la pena.
Las organizaciones de derechos humanos reclaman inspecciones independientes. El país que envía a los presos no puede desentenderse de sus condiciones por haber contratado una instalación extranjera.
Los defensores del modelo sostienen que garantiza lugares seguros y reduce el hacinamiento. Una prisión sobrepoblada aumenta la violencia, dificulta la atención médica y limita los programas educativos.
Los críticos responden que trasladar presos puede convertir la pena en un problema logístico y relegar el objetivo de rehabilitación. La cárcel no sólo debe impedir fugas: también debe preparar a la persona para regresar a la sociedad.
Los programas de estudio, formación laboral y tratamiento de adicciones deben estar coordinados con el país donde el detenido será liberado. Si se desarrollan en otro idioma o bajo normas diferentes, pueden perder efectividad.
La proximidad con los servicios sociales también es importante durante los meses previos a la libertad. Conseguir vivienda, empleo y documentación resulta más complejo desde una prisión extranjera.
El modelo puede ser más razonable para determinados perfiles y períodos limitados, pero presenta dificultades si se convierte en una solución permanente.
El crecimiento de la población penitenciaria obliga a los gobiernos europeos a decidir entre construir cárceles, reducir el uso de la prisión o contratar capacidad externa.
Las políticas de endurecimiento penal suelen producir efectos diferidos. Una condena más prolongada puede no aumentar inmediatamente la cantidad de detenidos, pero reduce la velocidad con la que quedan plazas disponibles.
El alquiler permite ganar tiempo, aunque no modifica las causas del aumento. Si la población continúa creciendo, Suecia deberá ampliar su propia infraestructura o renegociar continuamente contratos.
Estonia, por su parte, deberá garantizar que el ingreso de presos extranjeros no afecte la seguridad ni los derechos dentro de su sistema.
La experiencia será observada por otros países con problemas de capacidad. Si funciona, el alquiler transfronterizo puede extenderse. Si provoca conflictos jurídicos o vulneraciones, reforzará las críticas contra la externalización penitenciaria.
El debate resume una tensión más amplia: las cárceles pueden tratarse como infraestructura disponible, pero las personas detenidas conservan derechos y vínculos que no pueden trasladarse con la misma facilidad que una partida presupuestaria.
