Kicillof impulsa la reelección indefinida de intendentes, pero hoy no tiene los votos: la pelea que puede definir el poder bonaerense en 2027

Axel Kicillof volvió a colocar en el centro de la agenda bonaerense una discusión que puede modificar profundamente el mapa político de la provincia de Buenos Aires de cara a 2027: el regreso de las reelecciones indefinidas para los intendentes. El gobernador considera que no debería existir una norma que impida a un jefe comunal presentarse nuevamente si los ciudadanos de su municipio quieren seguir votándolo y sostiene que la decisión debería quedar exclusivamente en manos del electorado.

El argumento parece sencillo, pero detrás hay una disputa política enorme. Con la legislación vigente, alrededor de 80 de los 135 intendentes bonaerenses quedarían imposibilitados de buscar otro mandato en 2027. La mayoría pertenece al peronismo, pero el problema atraviesa prácticamente a todas las fuerzas políticas: 51 son de Unión por la Patria, 16 del radicalismo, siete del PRO, cinco de espacios vecinalistas y uno quedó vinculado a La Libertad Avanza después de haber pertenecido al PRO, según el relevamiento actualizado utilizado por TN.

Entre los nombres alcanzados aparecen algunos de los intendentes con mayor peso político y territorial de la provincia: Fernando Espinoza en La Matanza, Jorge Ferraresi en Avellaneda, Mayra Mendoza en Quilmes, Mario Secco en Ensenada, Leonardo Nardini en Malvinas Argentinas, Federico Achával en Pilar, Ariel Sujarchuk en Escobar, Mariel Fernández en Moreno y Pablo Zurro en Pehuajó, además de dirigentes radicales, macristas y vecinalistas.

Pero una cosa es que muchos intendentes tengan interés personal en modificar la ley y otra muy diferente es que sus legisladores estén dispuestos a votar la reforma. Esa contradicción explica el principal obstáculo que enfrenta actualmente Kicillof.

De las reelecciones eternas a la ley de Vidal y Massa

Para entender la discusión hay que retroceder una década.

Hasta 2016, los intendentes bonaerenses podían presentarse sucesivamente sin límite de mandatos. Había jefes comunales que acumulaban décadas en el poder y la expresión “barones del conurbano” terminó convirtiéndose en una descripción habitual de dirigentes que habían construido estructuras políticas extraordinariamente duraderas alrededor de sus municipios.

Durante la gobernación de María Eugenia Vidal, Cambiemos alcanzó un acuerdo con el Frente Renovador de Sergio Massa para modificar ese sistema. La Ley 14.836 estableció que los intendentes, concejales, diputados y senadores provinciales y consejeros escolares solamente podían ser reelegidos por un período consecutivo. Después de dos mandatos debían dejar pasar otros cuatro años antes de poder competir nuevamente por el mismo cargo.

La norma estableció expresamente que los intendentes duran cuatro años y pueden ser reelegidos “por un nuevo período”; una vez completados esos dos mandatos consecutivos, deben esperar un período para volver a presentarse.

Pero en 2021, durante el primer gobierno de Kicillof, la Legislatura volvió a intervenir. Se modificó el cómputo de los períodos y se estableció que el mandato iniciado en 2019 sería considerado el primero. Eso permitió que numerosos intendentes que ya llevaban años gobernando pudieran presentarse nuevamente en 2023.

La consecuencia quedó simplemente postergada.

Quienes fueron electos en 2019 y reelegidos en 2023 completarán en diciembre de 2027 los dos períodos consecutivos permitidos. Si la ley no vuelve a cambiar, no podrán aparecer otra vez en la boleta para intendente.

Y ahora el calendario empezó a correr.

Kicillof dice que prohibir candidaturas es limitar la elección popular

El gobernador dejó explícita su posición durante las últimas semanas. Sostuvo que es poco habitual que en los gobiernos locales se impida presentarse a dirigentes conocidos por los vecinos y planteó que debería ser la propia población la encargada de decidir si quiere mantener o reemplazar a un intendente.

Su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue incluso más lejos y calificó el actual límite como una restricción de carácter “proscriptivo”. Desde el Ejecutivo provincial argumentan que si un intendente tiene una buena gestión y los ciudadanos pretenden reelegirlo, la ley no debería impedir esa posibilidad.

Los críticos del proyecto sostienen exactamente lo contrario: que limitar los mandatos favorece la alternancia, dificulta la construcción de estructuras municipales permanentes y obliga a los partidos a generar nuevos liderazgos. Ese fue precisamente uno de los fundamentos políticos detrás de la reforma impulsada en 2016.

El debate, por lo tanto, contiene una discusión institucional genuina. Pero sería ingenuo separarlo de los intereses electorales de 2027.

Kicillof necesita a los intendentes.

Los municipios representan una de las principales estructuras territoriales del peronismo bonaerense: movilizan militancia, fiscales, organizaciones locales y aparatos electorales y poseen dirigentes que, en muchos distritos, tienen una identificación personal superior incluso a la de sus partidos. La continuidad de esos intendentes puede ser especialmente importante para el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político construido alrededor del gobernador.

De los jefes comunales alcanzados por la discusión, una parte importante forma precisamente la base territorial del kicillofismo. Por eso la reforma también se cruza inevitablemente con el proyecto nacional del gobernador y su intención de llegar fortalecido al escenario presidencial de 2027.

El gran problema para Kicillof: los números no están

Más allá de los discursos, la matemática legislativa hoy es claramente desfavorable.

La Cámara de Diputados bonaerense tiene 92 bancas. Según el relevamiento publicado este lunes por La Nación, solamente 29 diputados aparecen actualmente dispuestos a votar por la eliminación del límite de mandatos. Para aprobar una ley mediante mayoría simple hacen falta 47.

Es decir, faltan por lo menos 18 votos.

Y existe un problema adicional: ni siquiera todo el bloque peronista está alineado.

El bloque justicialista reúne 39 diputados, pero diez pertenecen al Frente Renovador de Sergio Massa. El massismo mantiene su oposición a derogar el límite que ayudó a crear en 2016 junto con Vidal. Si esos diez legisladores mantienen la disciplina política, Kicillof ni siquiera puede contar con la totalidad de su propio espacio.

Del otro lado, La Libertad Avanza ya anticipó públicamente su rechazo. Tiene 20 diputados provinciales y diez senadores. Sus legisladores consideran que la iniciativa responde fundamentalmente a las necesidades de la interna peronista y no a una prioridad institucional de la provincia.

El PRO tampoco quiere volver por ahora a las reelecciones indefinidas y cuenta con once diputados y cinco senadores. En conjunto, solamente esos dos espacios reúnen una cantidad considerable de votos contrarios.

Las bancadas radicales y la Coalición Cívica también aparecen mayoritariamente en contra, aunque allí existe una diferencia que puede abrir una negociación: algunos legisladores aceptarían discutir el régimen de reelecciones si forma parte de una reforma política más amplia que incluya otros asuntos, como la Boleta Única de Papel y el futuro de las PASO provinciales.

Esa pequeña ventana puede terminar siendo importante.

Porque el verdadero intercambio político probablemente no consista simplemente en votar “reelección sí” o “reelección no”, sino en negociar simultáneamente varias piezas del sistema electoral bonaerense.

En el Senado está más cerca, pero tampoco alcanza

La situación mejora ligeramente para Kicillof en la Cámara alta, aunque todavía es insuficiente.

El Senado bonaerense tiene 42 miembros. El proyecto que incluye a los intendentes podría reunir actualmente alrededor de 21 votos, pero necesitaría 23 para ser aprobado.

Es decir, allí faltarían apenas tres voluntades.

Pero nuevamente aparece el Frente Renovador: sus tres senadores integran el bloque peronista pero no acompañarían la iniciativa. Además, La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad, Hechos y el representante radical se mantienen por ahora en contra.

La reforma ni siquiera consiguió todavía llegar al recinto durante 2026.

El proyecto de la senadora Ayelén Durán, alineada con Kicillof, propone eliminar las restricciones para intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. La iniciativa permanece frenada en las comisiones. Antes de avanzar debería atravesar, entre otras instancias, la Comisión de Reforma Política, presidida por la senadora massista Malena Galmarini, cuyo espacio rechaza la modificación.

El año pasado hubo otro intento con una diferencia fundamental.

Un sector del peronismo alineado con Cristina Kirchner consiguió aprobar en el Senado un proyecto que devolvía la reelección indefinida a legisladores provinciales y cargos legislativos municipales, pero dejaba afuera a los intendentes. Esa iniciativa no avanzó posteriormente en Diputados.

La exclusión generó malestar entre los jefes comunales cercanos a Kicillof, que reclamaron igualdad de condiciones: si un legislador podía presentarse sucesivamente, preguntaban, ¿por qué un intendente no?

Esa disputa terminó convirtiendo la reelección en otro capítulo de la interna peronista.

Kicillof, La Cámpora y Massa: una discusión que es mucho más que institucional

La posición de los tres grandes sectores del peronismo bonaerense ayuda a entender por qué el tema resulta tan difícil.

El kicillofismo quiere incluir a los intendentes y considera a los jefes comunales una pieza central de su construcción territorial.

El Frente Renovador conserva la posición histórica que tuvo cuando impulsó junto con Vidal la limitación de mandatos y, por ahora, se niega a eliminarla.

El kirchnerismo tuvo durante el debate anterior una postura diferente: promovió rehabilitar las reelecciones para legisladores y concejales sin necesariamente extender el beneficio a los intendentes.

Detrás aparecen intereses territoriales evidentes.

Una gran cantidad de los intendentes que quedarán impedidos de competir pertenece al peronismo y muchos son protagonistas centrales del armado de Kicillof. Si deben abandonar las intendencias, se abrirán disputas sucesorias en decenas de municipios y comenzará inmediatamente la pelea por quién controla cada candidatura.

No solamente cambia el nombre de un intendente.

Puede cambiar quién maneja el peronismo local.

Esa es la razón por la cual una modificación aparentemente técnica de la legislación electoral termina influyendo directamente sobre la relación de fuerzas dentro del PJ bonaerense.

La oposición también tiene intendentes afectados

Existe, sin embargo, una paradoja que el gobierno provincial viene señalando.

La limitación no perjudica exclusivamente al peronismo.

Hay intendentes radicales, macristas, vecinalistas y hasta un jefe comunal actualmente ligado al espacio libertario que tampoco podrían competir nuevamente en 2027.

Carlos Bianco sostiene incluso que muchos intendentes opositores estarían personalmente a favor de mantener abierta la posibilidad de competir, aunque sus propios bloques legislativos no quieran asumir el costo político de votar una reelección indefinida. El ministro ironizó recientemente sobre esa contradicción entre las conversaciones privadas con los alcaldes y las posiciones públicas de los legisladores.

Es precisamente allí donde Kicillof espera encontrar votos.

La pregunta es si los intendentes opositores que desean continuar tendrán suficiente capacidad para convencer a diputados y senadores de sus propios espacios.

Hasta ahora no ocurrió.

La negociación puede terminar incluyendo PASO, Boleta Única y la Suprema Corte

Por eso la discusión empieza a convertirse en algo bastante mayor que las reelecciones.

Sectores del radicalismo, del PRO y de otros bloques dejaron abierta la posibilidad de discutir el régimen de mandatos siempre que forme parte de una reforma electoral integral. Entre los temas mencionados aparecen las PASO bonaerenses y la eventual incorporación de la Boleta Única de Papel.

En paralelo, la Legislatura debe enfrentar otras negociaciones de enorme importancia institucional, entre ellas la cobertura de vacantes en la Suprema Corte bonaerense. Distintos sectores provinciales ya interpretan que todas esas conversaciones pueden terminar formando parte de una negociación política mucho más amplia hacia 2027.

Eso no significa que exista actualmente un acuerdo para intercambiar votos.

Significa que, sin votos propios, Kicillof necesita ampliar la mesa.

Cuantos más asuntos entren en la discusión, mayores son las posibilidades de construir intercambios que permitan a diferentes bloques obtener algo a cambio de modificar su posición original.

La reelección indefinida difícilmente avance como una iniciativa aislada.

¿Quiénes son los grandes nombres que pueden quedarse afuera?

Aunque el número exacto cambia ligeramente según los relevamientos —entre 80 y 82 intendentes debido a modificaciones partidarias, licencias y distintos criterios de contabilización—, la dimensión del fenómeno no está en discusión: más de la mitad de los municipios bonaerenses podría tener que buscar nuevos candidatos en 2027 si la ley se mantiene sin cambios.

Entre los dirigentes alcanzados figuran intendentes con enorme peso territorial, como Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi, Mario Secco, Mayra Mendoza, Federico Achával, Leonardo Nardini, Ariel Sujarchuk y Mariel Fernández. También aparecen opositores como Miguel Lunghi, en Tandil, además de otros dirigentes radicales, del PRO y vecinalistas.

Para algunos municipios, la aplicación estricta del límite significaría una renovación política inédita después de años de continuidad.

Para otros, probablemente produciría simplemente una sucesión dentro del mismo espacio: familiares, funcionarios municipales, concejales o dirigentes cercanos al intendente podrían convertirse en candidatos y mantener la estructura política existente.

Por eso limitar la reelección no garantiza automáticamente alternancia partidaria, aunque sí obliga a modificar al menos la persona que ocupa la intendencia.

Qué puede pasar ahora

Por el momento, Kicillof tiene una posición política clara pero una realidad legislativa adversa.

En Diputados necesita construir una mayoría que hoy parece muy lejana. En el Senado está considerablemente más cerca, pero tampoco alcanza. El Frente Renovador continúa siendo un obstáculo dentro del propio peronismo y La Libertad Avanza y el PRO ya expresaron su rechazo.

Sin embargo, el debate difícilmente desaparezca.

2026 ofrece una ventaja política: no es un año electoral, argumento que varios sectores utilizan para sostener que, si las reglas deben modificarse, este es el momento menos cuestionable para hacerlo y no los meses inmediatamente anteriores a una elección.

Además, a medida que se acerque 2027 aumentará la presión de los intendentes afectados, independientemente de su pertenencia partidaria.

Kicillof apuesta precisamente a esa variable.

Hoy no tiene los votos.

Pero tiene algo que puede resultar igualmente importante: decenas de intendentes de prácticamente todo el arco político con un interés directo en que la ley cambie.

La batalla legislativa consistirá en comprobar si ese interés privado de los jefes comunales puede transformarse en una mayoría pública dentro de la Legislatura.

De conseguirlo, la provincia de Buenos Aires podría volver al sistema que rigió hasta 2016 y permitir que un intendente permanezca en el poder durante tantos períodos como consiga ganar electoralmente.

Si fracasa, 2027 producirá una renovación obligatoria en más de la mitad de los municipios bonaerenses.

Y esa decisión no solamente definirá quién gobierna decenas de intendencias: puede modificar la estructura territorial con la que Kicillof, el kirchnerismo, el massismo y la oposición llegarán a la pelea por el poder nacional en 2027.