Alejandro CabreraLa fiscalía prepara una apelación contra el sobreseimiento de Sofía Clerici en la causa que investiga el patrimonio del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde. La presentación será analizada por la Cámara Federal de La Plata.
Los fiscales Federico Mola y Diego Velasco consideran que la decisión de desvincularla fue prematura. Su planteo se concentrará en el dinero en efectivo encontrado durante un allanamiento en el domicilio de Clerici.
En el procedimiento fueron secuestrados US$569.911. El origen de esos fondos continúa siendo uno de los puntos más controvertidos del expediente.
El juez Luis Armella entendió que no existían pruebas suficientes para demostrar que Insaurralde hubiera entregado el dinero a Clerici. Esa ausencia de conexión directa fue utilizada para disponer su sobreseimiento.
La defensa sostiene que los fondos no pertenecían al exfuncionario y que no existe documentación capaz de vincularlos. Desde esa perspectiva, mantener la imputación implicaría construir una sospecha por la relación personal y no por evidencia concreta.
Los fiscales plantean una pregunta diferente. Aunque no se haya demostrado una entrega de Insaurralde, el origen del dinero todavía debe ser explicado y verificado.
Encontrar una cantidad importante de efectivo no prueba la comisión de un delito. Pero si los ingresos declarados no resultan compatibles, la Justicia puede investigar de dónde provino y si tuvo relación con otras operaciones.
La causa comenzó después de que se difundieran imágenes del viaje de Insaurralde y Clerici por el Mediterráneo. Las fotografías mostraban una embarcación de lujo, objetos costosos y un nivel de gastos que generó dudas sobre su compatibilidad con los ingresos del exfuncionario.
Insaurralde era jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y anteriormente había sido intendente de Lomas de Zamora. La repercusión del viaje provocó su renuncia y abrió denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y lavado.
La investigación se extendió a bienes, cuentas, sociedades y personas vinculadas. También alcanzó a la exesposa de Insaurralde, Jésica Cirio, y a diferentes operaciones patrimoniales.
El escándalo político no reemplaza la prueba judicial. Cada movimiento debe relacionarse con un posible delito y cada imputado conserva su presunción de inocencia.
Para revertir el sobreseimiento, los fiscales tendrán que explicar qué medidas faltan y por qué Clerici debe continuar investigada. No alcanza con señalar que la cantidad de dinero resulta llamativa.
La apelación puede pedir pericias contables, análisis de movimientos bancarios, comunicaciones y antecedentes de los fondos. También puede comparar el patrimonio con ingresos declarados y actividades económicas.
Si existe una explicación documentada y compatible, la hipótesis de lavado pierde fuerza. Si no la hay, el dinero puede adquirir relevancia dentro del cuadro general.
La Cámara deberá decidir si el juez cerró correctamente esa parte del expediente o si todavía quedan medidas razonables por realizar.
El expediente también atraviesa un cambio institucional. Juan Tomás Rodríguez Ponte asumirá como titular del Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora.
La llegada de un nuevo magistrado puede modificar el ritmo de la investigación, aunque no debería alterar los estándares legales. Rodríguez Ponte deberá revisar un expediente con múltiples líneas y fuerte presión política.
Los jueces deben separar la repercusión pública de la evidencia. Un caso conocido exige mayor claridad en las resoluciones, no un criterio diferente.
La Cámara Federal de La Plata tendrá ahora la primera decisión relevante: confirmar el sobreseimiento o disponer que Clerici continúe investigada.
Insaurralde es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado, pero no tiene una condena firme en este expediente. Clerici fue sobreseída en primera instancia y esa decisión continúa vigente hasta que la Cámara resuelva.
Utilizar expresiones como culpable o dinero lavado excedería el estado actual de la causa. La nota debe distinguir entre bienes secuestrados, sospechas fiscales y hechos probados.
Al mismo tiempo, la presunción de inocencia no obliga a abandonar una investigación cuando existen preguntas patrimoniales pendientes. Su función es garantizar que ninguna sospecha sea tratada como condena.
La apelación permitirá conocer si los fiscales poseen elementos concretos para vincular a Clerici o si la causa descansaba excesivamente en la repercusión del viaje. Ese será el verdadero punto que deberá resolver la Cámara.
