Malvinas, entre la cadena y la letra chica: Milei presentó como giro histórico una política que en gran parte ya existía

Javier Milei necesitó una cadena nacional, reunió a prácticamente todo su Gabinete y habló de una serie de decisiones destinadas a defender el ejercicio de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. El tono fue solemne y deliberadamente fundacional. “Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto”, afirmó el Presidente antes de anunciar decretos, modificaciones legislativas, nuevas sanciones, mayores recursos para Defensa y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. El mensaje buscó transmitir que la Argentina estaba entrando en una etapa nueva de su política sobre el Atlántico Sur. Pero una vez apagadas las cámaras y publicados los decretos en el Boletín Oficial aparece una conclusión bastante más incómoda para el relato oficial: la mayor parte de la arquitectura jurídica utilizada por Milei no fue creada por Milei y, en algunos casos, lleva más de una década vigente.

El primer punto es además el más elemental. El Gobierno no necesita ninguna nueva ley para “garantizar” que las Malvinas son argentinas porque el ordenamiento jurídico nacional ya lo establece en su nivel más alto posible. La Disposición Transitoria Primera de la Constitución de 1994 ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía” sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes y determina que la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un “objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. Ninguna ley ordinaria enviada por Milei puede otorgarle mayor jerarquía interna a ese reclamo. De hecho, el Decreto 868/2026 publicado este viernes comienza citando exactamente esa disposición constitucional, una admisión implícita de que el fundamento jurídico que el Gobierno presenta ahora como eje de su nueva política ya estaba escrito desde hace más de treinta años.

Esto no vuelve innecesarias nuevas herramientas. La Constitución establece el objetivo y la posición soberana argentina; las leyes y las políticas públicas determinan cómo intenta el Estado avanzar hacia él. El problema aparece cuando ambas dimensiones se confunden en la comunicación oficial y se construye la sensación de que el Gobierno está legislando por primera vez sobre algo que durante décadas careció de protección. No es así. El verdadero interrogante no es si Milei reafirma que las Malvinas pertenecen jurídicamente a la Argentina —eso ya está fuera de discusión dentro del sistema constitucional—, sino qué instrumentos nuevos incorpora para aumentar el costo de la explotación unilateral británica y cuánto más eficaces serán que los que el Estado ya poseía.

En ese punto aparece la segunda gran sobreactuación de la cadena. Milei anunció que modificará la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra compañías relacionadas con operaciones no autorizadas alrededor de las islas. La existencia de un régimen sancionatorio semejante puede sonar novedosa para quien escuchó únicamente el discurso presidencial, pero la Ley 26.659 fue sancionada en 2011. Ya prohíbe a personas y empresas que actúan en la Argentina desarrollar actividades hidrocarburíferas sin autorización nacional, participar directa o indirectamente en sociedades que lo hagan, prestarles servicios y realizar con ellas transacciones comerciales, financieras, logísticas, técnicas, de consultoría o asesoramiento. Además, permite inhabilitaciones de entre cinco y veinte años, reversión de concesiones y pérdida de beneficios fiscales.

Dos años después, en 2013, el Congreso fue todavía más lejos con la Ley 26.915. Desde entonces, quien sin autorización argentina encargue o realice exploración hidrocarburífera en la plataforma continental puede enfrentar penas de cinco a diez años de prisión; para extracción, transporte o almacenamiento, la escala llega a diez a quince años, acompañada por multas calculadas en decenas o cientos de miles de barriles de petróleo, decomisos e inhabilitaciones. Cuando las conductas se realizan mediante una empresa, la legislación también contempla responsabilidades para directores, gerentes, administradores y representantes, además de sanciones económicas sobre las personas jurídicas. Es decir: el Estado argentino no estaba desarmado jurídicamente frente al proyecto Sea Lion antes de la cadena nacional del jueves.

Y tampoco estaba empezando recién ahora a utilizar esas herramientas. Rockhopper Exploration, una de las empresas centrales del desarrollo petrolero en la Cuenca Malvinas Norte, fue inhabilitada por la Argentina durante 20 años en agosto de 2013. Navitas Petroleum, hoy socia clave del proyecto Sea Lion, fue declarada clandestina e inhabilitada también por veinte años en 2022 después de un procedimiento iniciado durante el gobierno de Alberto Fernández. La propia documentación oficial de aquel momento recuerda que en 2020 ya se habían enviado cartas de advertencia a las compañías implicadas y que en 2021 se habían abierto actuaciones contra Navitas, Harbour Energy y Chrysaor por su participación en el mismo desarrollo que hoy el Gobierno presenta como la emergencia que obliga a crear una respuesta completamente nueva.

Este antecedente es particularmente importante porque permite medir con mayor precisión la cadena. Milei no descubrió Sea Lion, no inauguró las sanciones contra las petroleras y tampoco fue el primer presidente que intentó disuadir a inversores extranjeros de participar. Lo que está haciendo es heredar una política construida durante gobiernos anteriores, endurecer determinados mecanismos y colocarla bajo una narrativa política propia. Eso puede ser perfectamente legítimo e incluso positivo: una verdadera política de Estado debería precisamente sobrevivir a los cambios de administración. Lo cuestionable es presentar continuidad institucional como si se tratara de una refundación histórica.

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Lo que sí es nuevo: más velocidad, el RIGI y una eventual ampliación de las sanciones

La parte verdaderamente novedosa empieza a aparecer cuando se lee el Decreto 868/2026 en detalle. El Gobierno decidió quitarle a Energía la conducción principal del régimen de la Ley 26.659 y convertir a Cancillería en autoridad de aplicación, con el argumento de que las sanciones económicas deben estar coordinadas con la estrategia diplomática sobre Malvinas. Además, obliga a todos los organismos de la Administración Nacional a informar en un máximo de cinco días cualquier posible violación que detecten, establece diez días hábiles para que el acusado presente su defensa y otros diez para que la autoridad dicte una resolución una vez cerrado el procedimiento. El objetivo es evidente y razonable: impedir que una legislación existente desde hace quince años se vuelva ineficaz por procedimientos administrativos eternos. Ésta sí constituye una innovación concreta respecto de cómo se ejecuta la ley.

También es nuevo el mecanismo específico incorporado alrededor del RIGI. Toda empresa que pretenda acceder a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios del régimen deberá presentar una declaración jurada asegurando que tanto ella como sus vinculadas cumplen y continuarán cumpliendo la Ley 26.659, mientras Cancillería deberá intervenir antes de que la adhesión sea aprobada. Algo semejante se exigirá para permisos y concesiones hidrocarburíferas. Esto tiene lógica: sería contradictorio que el mismo Estado que sanciona a una compañía por participar de la explotación de recursos alrededor de Malvinas le concediera simultáneamente estabilidad fiscal y beneficios extraordinarios para invertir en otro sector del país.

Pero aquí aparece uno de los pasajes más reveladores de todo el decreto y uno que reduce considerablemente la dimensión de la supuesta innovación. El propio Poder Ejecutivo admite expresamente que este control “no constituye la inclusión de un nuevo requisito esencial”, porque cumplir la Ley 26.659 ya era obligatorio para cualquier empresa que quisiera acceder al RIGI. Lo que cambia es la verificación: ahora existirá una declaración jurada y una intervención formal de Cancillería antes de aprobar los beneficios. Es decir, incluso una de las medidas que el Gobierno coloca entre sus anuncios centrales es reconocida por el mismo decreto como la creación de un mecanismo de control sobre una obligación preexistente, no como una nueva prohibición.

La modificación legislativa que Milei enviará al Congreso puede contener novedades más profundas, aunque acá hay que mantener cierta prudencia hasta conocer el articulado completo y no únicamente el discurso presidencial. Milei afirmó que “los proveedores de estos proyectos recibirán las mismas penas y prohibiciones que las empresas con las que colaboran”, que los infractores no podrán contratar dentro del territorio argentino “sea con el sector público o privado”, que se aplicará juicio en ausencia cuando corresponda y que el régimen se extenderá a otras actividades en las islas que afecten recursos naturales. Si esos puntos quedan efectivamente redactados de esa manera, habrá una ampliación importante, especialmente porque la legislación vigente está concentrada en hidrocarburos y porque sus penas criminales no alcanzan de idéntica manera a toda la cadena de proveedores.

La extensión a otras actividades puede ser incluso más relevante que el endurecimiento petrolero. La disputa por recursos alrededor de Malvinas no se limita a Sea Lion. La pesca representa desde hace décadas una de las principales fuentes de ingresos de la administración isleña y el Atlántico Sur tiene además enorme importancia científica, logística y eventualmente minera. Si el proyecto construye un régimen sancionatorio integral capaz de alcanzar distintas formas de explotación unilateral, ahí sí existiría un cambio sustancial de alcance. Pero hasta que el Congreso reciba y publique el texto, anunciar una transformación histórica sobre la base de una descripción presidencial todavía resulta prematuro.

Algo parecido ocurre con el anunciado Consejo de Seguridad Nacional. Milei explicó que el nuevo organismo coordinará Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, formulará una política de seguridad nacional transversal y dispondrá herramientas para proteger infraestructura crítica, espacios marítimos y ámbito aeroespacial. La concepción puede representar una reorganización importante, especialmente si adopta una idea de seguridad nacional más amplia que la defensa militar clásica. Sin embargo, Argentina ya tiene desde 1988 un Consejo de Defensa Nacional previsto en la Ley 23.554, presidido por el Presidente e integrado por ministros, inteligencia y representantes legislativos, cuya misión es asesorar sobre conflictos, estrategias y coordinación de acciones. Además, desde 2017 existe un Comité de Ciberseguridad que tiene expresamente entre sus funciones fijar criterios para identificar y proteger infraestructuras críticas, estructura que el propio Milei reorganizó en 2025. Por eso la verdadera novedad del nuevo Consejo sólo podrá evaluarse cuando el proyecto permita establecer qué competencias agrega y cuáles simplemente reagrupa bajo otro nombre.

La crítica aquí no debería consistir en negar la necesidad de una doctrina de seguridad nacional moderna. Argentina necesita coordinar defensa, ciberseguridad, inteligencia, economía, infraestructura estratégica, energía, telecomunicaciones, Atlántico Sur y Antártida con una mirada que supere compartimentos burocráticos. El cuestionamiento es más sencillo: crear organismos nuevos no necesariamente significa crear capacidades nuevas. Si el Consejo termina superponiéndose con estructuras existentes, la reforma habrá producido más arquitectura institucional sin necesariamente aumentar el poder real del Estado.

La Base Naval de Ushuaia tampoco nació con Milei

El caso más evidente de una política anterior presentada con ropaje nuevo es probablemente la Base Naval Integrada de Ushuaia. En la cadena, Milei anunció un DNU para ampliar recursos de Defensa y sostuvo que la base convertirá a la Argentina en “el polo logístico más importante del Atlántico Sur”, además de fortalecer la proyección geopolítica del país. El objetivo es indiscutiblemente estratégico y debería tener continuidad cualquiera sea el gobierno. Lo que no es correcto es imaginar que la obra nace ahora. El Ministerio de Defensa anunció formalmente su construcción en marzo de 2022, durante la gestión de Jorge Taiana, con una justificación prácticamente idéntica: fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, ampliar la capacidad logística antártica y aprovechar a Ushuaia como plataforma para prestar servicios a barcos nacionales y extranjeros. Meses después, el mismo gobierno creó además una guarnición militar conjunta para profundizar la presencia de las tres Fuerzas Armadas en Tierra del Fuego.

Aquí sí hay, sin embargo, una crítica que puede dirigirse tanto al gobierno anterior como al actual: la base avanzó poquísimo. La información oficial remitida al Congreso indica que el proyecto tenía apenas un 9,13% de ejecución física, con aproximadamente $2.475 millones invertidos entre 2021 y 2025. Durante esos años se hicieron principalmente movimientos de suelo, fundaciones de galpones y documentación técnica para futuras obras como el muelle y las redes de infraestructura. El mismo informe señala que durante 2024 no hubo inversión presupuestaria significativa sobre el proyecto y que parte de los trabajos quedó interrumpida. En otras palabras, Argentina lleva años hablando de un gran polo logístico del Atlántico Sur mientras construyó menos de una décima parte de la infraestructura prevista.

El DNU 867 publicado este viernes efectivamente modifica el Presupuesto 2026 y aumenta los recursos destinados a Defensa para modernización, recuperación de medios y capacidades operativas. En ese punto Milei puede producir una diferencia real si esos fondos se transforman finalmente en muelles, talleres, instalaciones, telecomunicaciones y logística efectiva. La crítica correcta no es decir que el Gobierno no hizo nada nuevo: lo nuevo es el refuerzo presupuestario y la eventual aceleración; la base que pretende financiar no es nueva.

Esta distinción importa porque una política seria hacia Malvinas debería premiar la continuidad y no esconderla. Si Taiana inició una base estratégicamente necesaria y Milei consigue terminarla, el resultado positivo sería precisamente que dos gobiernos ideológicamente antagónicos sostuvieron una política de Estado. Presentar cada administración como el año cero obliga, en cambio, a borrar los antecedentes y termina debilitando la misma idea de continuidad nacional que Malvinas necesita.

Ese quizás sea el principal problema conceptual de toda la cadena. Milei está intentando malvinizar al Gobierno al mismo tiempo que mileíza la causa Malvinas. Son dos cosas distintas. Colocar nuevamente el Atlántico Sur, los recursos naturales y la defensa en el centro puede ser saludable. Convertir cada herramienta previa en un descubrimiento del actual oficialismo es otra cosa. Las leyes de 2011 y 2013 fueron votadas mucho antes de La Libertad Avanza; Rockhopper fue sancionada en 2013; las primeras advertencias a las petroleras vinculadas con Sea Lion tienen años; Navitas fue inhabilitada en 2022; la Base Naval empezó durante Alberto Fernández; el Consejo de Defensa existe desde la recuperación democrática y la protección institucional de infraestructura crítica tampoco comenzó esta semana.

Nada de eso invalida las decisiones tomadas ahora. Al contrario: algunas pueden mejorar herramientas que demostraron tener un problema evidente de eficacia. Porque si las sanciones son tan fuertes desde 2011 y Rockhopper está inhabilitada desde 2013, hay una pregunta que el Estado argentino entero —no solamente Milei— tiene que responder: ¿por qué Sea Lion sigue avanzando? La existencia de una ley es importante, pero una compañía que no necesita operar directamente en territorio continental argentino puede asumir el costo de una inhabilitación si sus inversores, contratistas, aseguradoras y financistas continúan teniendo acceso suficiente al sistema internacional. El verdadero desafío es transformar las normas argentinas en un costo económico que pueda sentirse fuera de nuestras fronteras.

Ahí se jugará el valor real del paquete de Milei. Si el nuevo procedimiento permite identificar y sancionar rápidamente a proveedores, si la ampliación legal consigue que empresas con negocios en Argentina tengan que elegir entre nuestro mercado y las operaciones en las islas, si los mecanismos financieros desalientan inversiones internacionales, si la base de Ushuaia finalmente deja de estar alrededor del 9% y si la nueva estructura de seguridad genera capacidades concretas, el Gobierno habrá aportado instrumentos importantes a una política de Estado.

Si, en cambio, dentro de un año Sea Lion sigue avanzando, la base continúa inconclusa y el principal resultado del anuncio fue haber instalado durante varios días la palabra “soberanía” en los medios, la cadena habrá sido una puesta en escena mucho más importante que su contenido.

Porque Malvinas no necesita que cada Presidente vuelva a descubrir que son argentinas. La Constitución ya lo dice desde 1994. Tampoco necesita que se anuncie por primera vez que quienes explotan ilegalmente sus recursos deben ser sancionados. El Congreso ya legisló sobre eso hace quince años.

Lo que necesita es algo considerablemente más difícil: hacer cumplir mejor lo que ya existe, completar lo que otros gobiernos dejaron a medias y crear instrumentos nuevos solamente allí donde los anteriores demostraron ser insuficientes.

Esa es la vara adecuada para medir el paquete de Milei. Y cuando se lo mide con esa vara, la conclusión es bastante menos épica que la cadena nacional: hay novedades útiles, pero están rodeadas de una enorme cantidad de políticas heredadas que el Gobierno decidió presentar como propias.