Malvinas ya está en la Constitución: qué puede cambiar realmente el paquete de Milei y dónde empieza la sobreactuación

Javier Milei reunió a casi todo su Gabinete, colocó la cuestión Malvinas en cadena nacional y construyó alrededor del mensaje una expectativa que el propio Gobierno alimentó durante tres días. Había razones concretas para hablar del tema: el proyecto petrolero Sea Lion avanza en la Cuenca Malvinas Norte, las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum proyectan explotar hidrocarburos con licencias otorgadas por la administración británica de las islas y Donald Trump acaba de introducir un elemento nuevo al decir que Estados Unidos revisa permanentemente sus posiciones frente al conflicto. Pero cuando la solemnidad del anuncio se aparta por un momento y se observa su contenido jurídico aparece una pregunta inevitable: ¿qué significa enviar un paquete de medidas para “garantizar” la soberanía argentina sobre Malvinas si esa soberanía ya está expresamente consagrada en la Constitución Nacional?

La respuesta corta es que son dos planos diferentes, aunque el lenguaje político del Gobierno tiende a mezclarlos. La Constitución no necesita una ley ordinaria para que la Argentina considere propias las Malvinas. Desde la reforma de 1994, la Disposición Transitoria Primera establece que la Nación ratifica su “legítima e imprescriptible soberanía” sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, y define su recuperación y el ejercicio pleno de esa soberanía como un “objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. No se trata de una orientación del kirchnerismo, el peronismo, el radicalismo o La Libertad Avanza: es una obligación constitucional para todos los gobiernos.

Por eso, jurídicamente, Milei no puede “otorgarle” soberanía argentina a las islas mediante un proyecto de ley, del mismo modo que un Congreso futuro tampoco podría decidir simplemente abandonar el reclamo mediante una mayoría circunstancial sin enfrentar el texto constitucional. Lo que sí puede hacer el Estado es transformar ese mandato constitucional en políticas concretas: sancionar económicamente a empresas que operan allí, perseguir judicialmente determinadas actividades, impedir que compañías vinculadas con esos proyectos trabajen en territorio argentino, aumentar el costo financiero de la explotación unilateral, reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y buscar apoyos diplomáticos que mejoren la posición del país frente al Reino Unido. Esa es la diferencia esencial entre tener un derecho soberano reconocido por el orden jurídico argentino y ejercer efectivamente esa soberanía sobre un territorio administrado de facto por otra potencia.

Ese matiz debería haber sido el corazón del mensaje presidencial. La soberanía no necesita ser declarada nuevamente. Lo que necesita son instrumentos capaces de hacerla valer.

Y ahí aparece un segundo problema para la narrativa del anuncio: muchos de esos instrumentos ya existen.

Argentina ya tiene leyes muy duras contra la explotación petrolera sin autorización

La Ley 26.659 fue aprobada en 2011 y posteriormente endurecida mediante la Ley 26.915 de 2013. Su contenido es mucho más contundente de lo que puede sugerir la idea de que Argentina recién ahora está construyendo herramientas contra las empresas que operan alrededor de Malvinas. La legislación vigente prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional, participar directa o indirectamente en compañías que lo hagan y realizar con ellas operaciones comerciales, económicas, financieras, logísticas, técnicas, de consultoría o asesoramiento.

Las sanciones tampoco son simbólicas. La legislación contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años, pérdida de concesiones otorgadas por la Argentina, eliminación de beneficios fiscales, imposibilidad de contratar con el Estado y responsabilidades penales. Para determinadas actividades de exploración sin autorización establece penas de cinco a diez años de prisión; para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, las penas previstas pueden llegar hasta quince años, además de multas calculadas en función del precio internacional del petróleo y decomisos.

Es decir que cuando el nuevo paquete presidencial plantea aumentar el castigo sobre empresas, contratistas, proveedores, intermediarios y eventualmente financistas del proyecto Sea Lion, la pregunta legislativa relevante no debería ser si el Congreso está dispuesto a “defender Malvinas”. Eso ya está resuelto constitucionalmente. La pregunta debería ser qué vacío concreto de las leyes 26.659 y 26.915 viene a llenar el nuevo proyecto.

Porque incluso la dimensión financiera que ahora aparece como una novedad está parcialmente contemplada. La legislación vigente alcanza actos de comercio y operaciones económicas y financieras vinculadas con desarrollos hidrocarburíferos realizados sin autorización argentina. Si el nuevo texto permite, por ejemplo, perseguir activos en jurisdicciones adicionales, identificar beneficiarios finales, sancionar aseguradoras extranjeras sin presencia local, bloquear determinados mecanismos de financiamiento internacional o otorgar herramientas judiciales que hoy no existen, entonces existe una innovación jurídica que merece ser analizada. Si se limita a volver a escribir con mayor dureza prohibiciones ya vigentes, la cadena habrá tenido mucho más de construcción política que de transformación legal.

Y hay un antecedente particularmente incómodo para cualquier intento de presentar estas sanciones como una creación de 2026: Navitas ya fue sancionada por la Argentina. En abril de 2022, la Secretaría de Energía declaró ilegales sus actividades, la calificó como clandestina y la inhabilitó durante veinte años para desarrollar actividades en territorio argentino. Rockhopper y otras compañías vinculadas con operaciones en la zona también figuran dentro del historial de firmas alcanzadas por medidas argentinas. La propia Cancillería reconoce oficialmente que durante distintos gobiernos se avanzó contra Falkland Oil & Gas, Rockhopper, Borders & Southern, Argos, Desire, Premier Oil, Noble Energy, Edison y Navitas.

Esto no vuelve inútil una actualización legal. Sea Lion está pasando de décadas de exploración y proyectos inconclusos a una etapa mucho más concreta de inversión y eventual producción, por lo que puede resultar lógico adaptar las herramientas del Estado a nuevas estructuras financieras y empresariales. Pero obliga al Gobierno a explicar la novedad con mucha mayor precisión. No alcanza con presentar una ley de soberanía como si hasta ayer el Estado argentino no hubiera tenido ninguna.

De hecho, el propio Milei ya había anunciado el 2 de abril que la Argentina respondería con “todas las medidas diplomáticas necesarias” frente a Rockhopper y Navitas. Ese mismo día sostuvo que Malvinas “debe ser una política de Estado” y recordó correctamente que la guerra de 1982 no alteró la naturaleza jurídica del reclamo. Cinco meses después, entonces, la cadena nacional no inaugura una política que no existía: intenta intensificarla y darle un nuevo volumen político.

Esa diferencia es importante porque Malvinas no necesita una refundación cada vez que cambia el Presidente. Justamente lo contrario: una causa nacional sólo es verdaderamente nacional cuando un gobierno continúa herramientas construidas por otro aunque no comparta su identidad política.

Milei acierta al intentar impedir que empresas extranjeras transformen en un hecho consumado la explotación petrolera de un área sometida a disputa. La Resolución 31/49 de Naciones Unidas llama a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la controversia continúe pendiente, y Argentina viene cuestionando precisamente sobre esa base los proyectos hidrocarburíferos desarrollados sin su consentimiento.

Pero el punto crítico está en otra parte: defender los recursos no equivale a “garantizar la soberanía”. Ninguna multa aplicada en Buenos Aires modifica por sí sola quién administra Puerto Argentino, quién controla Mount Pleasant, quién concede las licencias pesqueras o quién ejerce actualmente el gobierno efectivo sobre las islas. El reclamo argentino tiene rango constitucional; el Reino Unido mantiene el control de facto. Resolver esa distancia constituye precisamente la cuestión pendiente desde 1833.

Por eso una estrategia seria necesita mucho más que sanciones. Requiere diplomacia, presencia en el Atlántico Sur, capacidad científica, infraestructura patagónica, Fuerzas Armadas adecuadas para proteger el territorio nacional, política antártica, acuerdos regionales y una construcción internacional capaz de llevar al Reino Unido nuevamente a una mesa de negociación. La propia política oficial argentina reconoce que el objetivo consiste en reanudar negociaciones de soberanía conforme a las resoluciones de Naciones Unidas.

Ese camino es bastante menos espectacular que una cadena nacional, pero mucho más importante.

Trump abrió una oportunidad, no reconoció las Malvinas argentinas

El otro gran elemento utilizado por el Gobierno para construir el clima de esta semana fue Donald Trump. Milei habló de algo “muy fuerte” ocurrido alrededor de lo que definió como “la causa más importante y sagrada” de los argentinos. El canciller Pablo Quirno fue incluso optimista cuando afirmó: “Siempre hay chances, siempre estamos más cerca”.

La oportunidad diplomática es real. Que un presidente estadounidense cuestione públicamente la relación con Londres y deje abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington introduce una variable que Argentina tiene todo el derecho de intentar aprovechar. Sobre todo porque Estados Unidos es el aliado militar más importante del Reino Unido y tuvo un papel decisivo a favor de Londres durante la guerra de 1982.

Pero tampoco acá conviene transformar una posibilidad en una victoria consumada.

Trump dijo: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”. No reconoció la soberanía argentina, no anunció que Estados Unidos abandonará formalmente su posición, no pidió al Reino Unido que negocie y no presentó una iniciativa diplomática concreta. Además, las versiones que originaron esta discusión indican que Malvinas está siendo utilizada por Washington como instrumento de presión sobre Londres dentro de una disputa más amplia por gasto militar, OTAN e Irán.

Esto no disminuye la oportunidad argentina; simplemente coloca sus dimensiones en el lugar correcto.

Si Milei consigue convertir su relación excepcional con Trump en un reconocimiento explícito de la posición argentina, en un apoyo norteamericano al llamado a negociaciones o en una presión efectiva sobre Londres para discutir soberanía, habrá obtenido un avance diplomático que ningún análisis serio debería minimizar.

Pero todavía no ocurrió.

Y una política exterior madura debería evitar la tentación de depender demasiado de una pelea coyuntural entre dos terceros países. Trump puede estar enfrentado hoy con Londres y reconciliarse mañana. La causa Malvinas tiene que continuar exactamente igual con Trump, sin Trump y después de Trump.

Esa es precisamente la razón por la que la Constitución importa tanto.

La Disposición Transitoria Primera fue escrita para que el reclamo no dependa del humor, la ideología ni las necesidades electorales del presidente de turno. Es el piso sobre el que se construyen las políticas, no una consigna que cada administración deba volver a inventar.

Y acá la cadena de Milei presenta una contradicción interesante con el discurso político que construyó durante sus primeros años. El Presidente que reivindicó a Margaret Thatcher, habló de conseguir que los habitantes de las islas algún día eligieran a la Argentina “con los pies” y mantuvo una política de acercamiento con Londres aparece ahora encabezando una fuerte malvinización del Gobierno. El giro no es necesariamente negativo: los gobiernos pueden corregir posiciones y un Presidente argentino tiene el deber constitucional de defender esta causa. El problema sería utilizar ese viraje para apropiarse partidariamente de algo que no nació con Milei y que no puede terminar con él.

La propia legislación vigente demuestra esa continuidad.

Las leyes que hoy permiten sancionar a petroleras fueron aprobadas antes del mileísmo.

Las sanciones contra Navitas comenzaron antes del mileísmo.

El reconocimiento constitucional proviene de 1994.

La Resolución 2065 de Naciones Unidas es de 1965.

Y el reclamo argentino se remonta a la ocupación británica de 1833.

Por eso quizás la pregunta más incómoda que deja la cadena nacional sea también la más sencilla: ¿qué se está garantizando ahora que no estuviera garantizado antes?

La soberanía argentina como posición jurídica interna ya está garantizada por la norma más importante del país. Su carácter imprescriptible tampoco necesita una nueva ley. Incluso las sanciones a empresas que explotan hidrocarburos sin autorización ya existen y son severas.

Entonces el valor del paquete dependerá de lo que agregue en la práctica.

Si permite perseguir efectivamente el financiamiento internacional del proyecto Sea Lion, complicar los seguros, alcanzar proveedores que hasta ahora escapaban a la legislación, congelar activos, generar consecuencias comerciales reales y aumentar el costo de operar en las áreas disputadas, será una herramienta adicional legítima y potencialmente importante.

Si no hace mucho más que repetir facultades que ya posee el Estado, estaremos ante otra cosa: una sobreactuación institucional alrededor de una causa demasiado importante para ser utilizada como herramienta de marketing político.

Malvinas amerita una cadena nacional. En eso Milei tiene razón cuando pregunta qué causa podría ser más importante. Lo que también amerita es que después de una cadena nacional existan resultados que justifiquen semejante solemnidad.

Porque la diferencia entre política de Estado y propaganda está justamente ahí.

Una cadena dura veinte minutos.

Una ley puede durar décadas.

La Constitución ya lleva más de treinta años diciendo que las Malvinas son argentinas.

El desafío de cualquier gobierno —incluido el de Milei— no es volver a escribirlo.

Es conseguir que cada decisión diplomática, económica y estratégica acerque al país un poco más al ejercicio real de aquello que la Constitución ya estableció como irrenunciable.