Malvinas

La cadena nacional dejó una imagen de refundación de la política argentina sobre Malvinas, pero la lectura de los decretos publicados este viernes y de las leyes vigentes muestra un cuadro mucho menos novedoso. La soberanía “legítima e imprescriptible” está en la Constitución desde 1994; las sanciones contra petroleras que operen sin autorización existen desde 2011 y contemplan penas de hasta 15 años de prisión desde 2013; Rockhopper fue inhabilitada hace trece años y Navitas en 2022; las cartas a empresas para desalentar inversiones se enviaban al menos desde 2020 y la Base Naval Integrada de Ushuaia comenzó a construirse en 2022. ¿Qué agregó Milei? Un procedimiento sancionatorio más rápido, controles específicos para impedir beneficios del RIGI a compañías vinculadas con actividades ilegales, nuevos recursos para Defensa y un proyecto que podría ampliar las penas a proveedores y a otras actividades sobre recursos naturales. Hay novedades reales, pero bastante menos revolucionarias que la puesta en escena presidencial.

 

Javier Milei utilizó una cadena nacional para presentar un endurecimiento de las medidas contra empresas que participen de la explotación de recursos en Malvinas y para colocar la soberanía en el centro de la agenda. Pero hay una pregunta que atraviesa todo el anuncio: ¿para qué hace falta una nueva ley destinada a “garantizar” la soberanía argentina cuando la Constitución ya establece que es “legítima e imprescriptible” y que su recuperación constituye un “objetivo permanente e irrenunciable”? La respuesta es importante: una ley no puede crear ni reafirmar jurídicamente algo que ya tiene rango constitucional, aunque sí puede agregar instrumentos para sancionar a quienes exploten recursos sin autorización argentina. El problema para el Gobierno es que incluso en ese terreno ya existen desde 2011 y 2013 leyes que contemplan multas, inhabilitaciones, penas de prisión y hasta operaciones financieras, logísticas y comerciales. La verdadera discusión, entonces, no es si Malvinas es argentina, sino qué tiene realmente de nuevo el paquete que Milei presentó con una puesta en escena extraordinaria.

 

José Antonio Kast encabezó personalmente ejercicios navales con operaciones antisubmarinas, abordajes, reabastecimiento en alta mar y fuego real en el extremo sur chileno, apenas una semana después de la controversia provocada por declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea argentina sobre el Estrecho de Magallanes. El mandatario chileno aseguró que la soberanía sobre el paso “no está en discusión”, mientras Buenos Aires ya reconoció oficialmente esa posición y atribuyó los dichos militares a una “confusión y desprolijidad”. El trasfondo que continúa abierto es el decreto argentino 457/2021, que Milei prometió corregir en 2025 y que Chile considera incompatible con los tratados bilaterales. El despliegue tiene además una doble lectura: la Armada asegura que se trata de ejercicios anuales, pero Kast eligió convertirlos en una fuerte puesta en escena soberana justo antes de reunirse con el Presidente argentino y en momentos en que su popularidad cayó al 38%.

 

En pocas semanas, Javier Milei pasó de respaldar la bandera “Las Malvinas son argentinas” que desplegó la Selección después de eliminar a Inglaterra en el Mundial a definir el reclamo por las islas como “la causa más importante y sagrada” del país, justo cuando Donald Trump abrió inesperadamente la posibilidad de revisar la posición estadounidense. El giro es significativo en un Presidente que reivindicó a Margaret Thatcher y llegó a hablar de seducir a los isleños para que algún día “nos elijan”. Que Malvinas vuelva al centro de la política exterior argentina puede ser una buena noticia; el problema comienza cuando una causa nacional se intenta transformar en patrimonio político de un gobierno. La tragedia de Galtieri debería servir como advertencia suficiente.

 

Marco Rubio minimizó la filtración de un correo interno del Pentágono que sugería revisar el apoyo de Estados Unidos al Reino Unido por Malvinas y dejó claro que Washington no modificará su posición de fondo. El episodio golpea la expectativa del Gobierno argentino, que había leído la tensión entre Trump y Londres como una oportunidad diplomática para reabrir la discusión sobre la soberanía de las islas.

 

El canciller respondió con definiciones contundentes y volvió a poner el reclamo en primer plano. La reacción no solo apunta al Reino Unido, sino que busca fijar posición en un momento donde el conflicto vuelve a ganar peso internacional.

 

Una filtración del Pentágono revela que Estados Unidos evalúa retirar su apoyo a Londres en la disputa por las islas. La medida, enmarcada en la guerra con Irán, tensiona la relación con Europa y reabre el conflicto en el centro del tablero internacional.

 

Se cumplen 44 años del inicio de la guerra de Malvinas, un conflicto que marcó a fuego a la Argentina y dejó una huella profunda en su historia política, social y cultural. Entre la memoria, la reivindicación de soberanía y las deudas con los veteranos, la causa Malvinas sigue siendo un eje central de la identidad nacional.