Santilli acelera la negociación con los gobernadores: siete reuniones en 24 horas para conseguir los votos que necesita Milei

El jefe de Gabinete concentrará entre este miércoles y el jueves una ronda de encuentros con siete mandatarios provinciales. El Gobierno necesita reconstruir acuerdos para aprobar el Presupuesto 2027, avanzar con su reforma política y sostener otros proyectos de su agenda. Detrás de cada voto aparecen las demandas provinciales por obras, cajas previsionales, subsidios y también las negociaciones electorales rumbo a 2027.
Política16 de septiembre de 2026Alejandro CabreraAlejandro Cabrera

Hay momentos en los que la política argentina vuelve a una de sus reglas más antiguas: cuando faltan votos en el Congreso, la Casa Rosada empieza a mirar hacia las provincias. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Diego Santilli, jefe de Gabinete y principal interlocutor del Gobierno con los gobernadores, concentrará en apenas 24 horas reuniones con siete mandatarios provinciales para intentar reconstruir una mayoría que le permita al oficialismo sacar adelante una agenda legislativa cada vez más cargada. Este miércoles recibirá en la Casa Rosada a Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. El jueves será el turno de Carlos Sadir, de Jujuy; Leandro Zdero, de Chaco; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.

La velocidad de las reuniones no es casual. El Gobierno acaba de enviar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 y pretende abrir formalmente su discusión en Diputados durante las próximas semanas. La iniciativa proyecta un crecimiento del PBI del 4%, una inflación interanual del 18% y una actualización promedio de los salarios del 25,4%. Desde la Casa Rosada sostienen que esperan llevar el proyecto al recinto durante octubre o, dependiendo del ritmo de las negociaciones, continuar el tratamiento durante noviembre y diciembre. El oficialismo afirma que confía en conseguir los votos, pero el respaldo no está asegurado automáticamente: para construir una mayoría deberá negociar con el PRO, sectores de la UCR, bloques provinciales y legisladores vinculados directamente con los gobernadores.

Pero el Presupuesto es solamente una parte de la negociación. El Ejecutivo pretende además avanzar con una reforma política que tiene como uno de sus puntos centrales la eliminación de las PASO nacionales. Allí el escenario es más complicado. Las modificaciones al régimen electoral requieren la mayoría absoluta de cada Cámara: 129 diputados y 37 senadores. La Libertad Avanza no cuenta por sí sola con esos números, y dentro de algunos bloques habitualmente dialoguistas existen resistencias al proyecto. Incluso sectores del PRO y del radicalismo plantearon objeciones a la eliminación definitiva de las primarias. El tratamiento comenzó esta semana en comisión en el Senado, pero la discusión pasó rápidamente a cuarto intermedio y todavía no existe una fecha definida para avanzar.

Ahí aparece el verdadero peso de los gobernadores. Muchos de ellos tienen influencia directa sobre diputados y senadores nacionales de sus provincias, por lo que una conversación en la Casa Rosada puede terminar definiendo varios votos en el Congreso. Y las provincias llegan a esas reuniones con su propia lista. Entre los temas que están sobre la mesa aparecen obras públicas, transferencias nacionales, deudas de cajas previsionales, subsidios energéticos, infraestructura vial y recursos específicos incluidos dentro del Presupuesto. Un ejemplo reciente fue el encuentro de Santilli y Luis Caputo con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien reclamó preservar el régimen de Zona Fría. Después de esa reunión, Santilli aseguró públicamente que ese esquema continuará vigente en las actuales condiciones.

La negociación, por lo tanto, tiene dos niveles simultáneos. El primero es institucional y presupuestario: las provincias quieren recursos, obras y respuestas a reclamos que vienen acumulándose desde hace meses. El segundo es político y electoral. La Libertad Avanza pretende competir con candidatos propios en buena parte de esos distritos durante 2027, incluso en provincias gobernadas por mandatarios con los que actualmente mantiene un vínculo de cooperación. Según fuentes citadas por Infobae, dentro del oficialismo también se analiza cómo será esa competencia provincial: si el partido libertario desplegará candidatos fuertes o si habrá fórmulas de entendimiento que reduzcan la confrontación con determinados gobernadores.

Ese elemento electoral se volvió particularmente visible alrededor de la discusión de las PASO. En los últimos días, dirigentes del oficialismo transmitieron que los futuros acuerdos políticos con algunos gobernadores estarán condicionados por el comportamiento de sus legisladores frente a la reforma electoral. La Casa Rosada busca que los mandatarios que aspiran a acuerdos con La Libertad Avanza acompañen también la agenda impulsada por el Ejecutivo en el Congreso. La negociación es delicada porque varios de esos gobernadores tienen intereses propios, partidos provinciales consolidados o sectores internos de la UCR y el peronismo que no necesariamente coinciden con el Gobierno nacional.

Santilli aparece en el centro de ese entramado. Desde que primero asumió como ministro del Interior y posteriormente llegó a la Jefatura de Gabinete, se convirtió en uno de los principales canales entre Javier Milei y los mandatarios provinciales. Su tarea consiste en traducir reclamos territoriales en acuerdos legislativos: escuchar qué necesita cada provincia, determinar qué concesiones puede realizar el Ejecutivo sin alterar su programa fiscal y, a cambio, intentar garantizar acompañamiento parlamentario. En algunos encuentros participa directamente Luis Caputo, especialmente cuando las demandas involucran convenios económicos o partidas presupuestarias. Con Sadir, por ejemplo, está prevista una reunión conjunta entre el gobernador jujeño, Santilli y el ministro de Economía.

Hay además un tercer proyecto que la Casa Rosada quiere incluir en este paquete legislativo: la iniciativa denominada Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con la cuestión Malvinas. El texto se encuentra todavía en etapa de definición técnica y contempla, según informó LA NACION, un endurecimiento de las sanciones contra empresas que operen en el área en disputa y una posible extensión de esas restricciones a sus proveedores. Dentro del Gobierno consideran que este proyecto podría reunir un apoyo más amplio que la reforma política, aunque tampoco prevén un tratamiento inmediato.

El movimiento de Santilli permite observar, entonces, una fotografía bastante clara del momento político: el Gobierno dispone de una agenda legislativa ambiciosa, pero sigue necesitando construir mayorías proyecto por proyecto. El Presupuesto puede convertirse en el gran ordenador de esa negociación porque allí confluyen prácticamente todos los intereses provinciales. Obras, transferencias, subsidios, universidades, discapacidad, jubilaciones y cajas previsionales pasarán por esa discusión. Al mismo tiempo, la reforma electoral introduce un componente adicional: ya no se negocia solamente cómo gobernar durante 2027, sino también bajo qué reglas y con qué alianzas se llegará a las próximas elecciones.

Por eso las siete reuniones de estas horas son mucho más que una fotografía de gobernadores entrando y saliendo de la Casa Rosada. Son el comienzo de una negociación que probablemente acompañará al Gobierno durante buena parte del último trimestre del año. Santilli buscará votos; los gobernadores llevarán sus reclamos; Economía marcará hasta dónde pueden llegar las concesiones; y el Congreso terminará mostrando qué tan sólida es realmente esa red de acuerdos. La Casa Rosada asegura que confía en obtener los respaldos necesarios para el Presupuesto. En la reforma política, en cambio, los propios números del Senado muestran que todavía queda una negociación considerable por delante.

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