Alejandro Cabrera
Cuando una herida se infecta, aparece la pus. De la misma manera, cuando la cultura queda atrapada por el llamado «sentido común», caemos en verdades de Perogrullo que terminan costándonos mucho más caro de lo que imaginamos. Muchas veces, nuestras respuestas ante preguntas concretas están condicionadas por prejuicios intuitivos, un fenómeno que podemos relacionar con los estudios de Daniel Kahneman sobre el pensamiento rápido y los sesgos cognitivos. Así, terminamos considerando correctas determinadas ideas que, cuando las sometemos a un análisis más profundo, resultan equivocadas.
Un ejemplo de ese sentido común prejuicioso es la creencia de que los inmigrantes vienen a robarnos, ya sea aprovechándose de nuestros servicios públicos o, directamente, a punta de pistola. En el terreno laboral, el miedo a que los extranjeros nos quiten el trabajo suele apoyarse en generalizaciones que no resisten un análisis serio. Si observamos lo que sucede en Estados Unidos, cuyo modelo político y comunicacional el gobierno argentino de Javier Milei ha buscado emular en distintos aspectos, encontramos que se han reportado problemas de disponibilidad de mano de obra en actividades que van desde la agricultura hasta la construcción, en un contexto marcado por las deportaciones masivas y las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En nuestro país ocurre algo similar a lo que sucede en otras sociedades receptoras de inmigrantes. Los extranjeros suelen concentrarse en determinadas actividades laborales y, en ocasiones, podemos tener la impresión de que trabajan con mayor esfuerzo que los propios ciudadanos del país. Sin embargo, esa percepción también puede responder a un prejuicio de quien escribe.
Existe un factor fundamental para comprender este fenómeno: la interconexión entre trabajo, salario, prestigio social y expectativas de movilidad económica. Michael Piore, economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), sostiene que muchos trabajadores migrantes están dispuestos a aceptar sacrificios presentes con la expectativa de obtener beneficios futuros.
Por lo tanto, podemos inferir que numerosas personas abandonan sus países en busca de mejores oportunidades y están dispuestas a aceptar, al menos temporalmente, una reducción de su estatus ocupacional si consideran que eso les permitirá construir un futuro más próspero para ellas y sus hijos. Si a esta realidad le sumamos que la proporción de extranjeros dentro de la población penitenciaria argentina es relativamente reducida, resulta difícil sostener que las deportaciones masivas, por sí solas, convertirían a nuestro país en una sociedad más segura.
Sin embargo, buena parte del discurso público insiste en que los inmigrantes vienen a utilizar nuestros servicios públicos y que, de alguna manera, nos están estafando. Curiosamente, quienes sostienen estas afirmaciones parecen olvidar que, ante una emergencia, no sería extraño que el médico encargado de salvarnos la vida fuera extranjero.
De hecho, la participación de los profesionales migrantes en el sistema sanitario argentino es proporcionalmente superior a su peso dentro de la población general. Mientras que aproximadamente el 4,2% de los habitantes del país nació en el extranjero, cerca del 10% de los médicos en ejercicio tiene nacionalidad extranjera. En la provincia de Buenos Aires, un relevamiento correspondiente a 2022 encontró que el 28% de los médicos residentes eran extranjeros, mientras que existen casos particulares, como el de un hospital del interior bonaerense mencionado en 2023, donde entre el 40% y el 50% de la cobertura de las guardias llegó a depender de profesionales de otros países.
Aunque estos datos no permiten establecer una comparación directa entre la probabilidad de recibir atención de un médico extranjero y la de sufrir un delito cometido por una persona de otra nacionalidad, sí dejan al descubierto una contradicción: muchas veces construimos nuestra percepción de la inmigración alrededor del miedo al delito, mientras ignoramos su contribución cotidiana al funcionamiento de servicios esenciales.
Resulta mucho más sencillo responsabilizar a los inmigrantes por las protestas masivas en Europa o afirmar que el islam no es una religión, o que no debería recibir el mismo reconocimiento que otras creencias. Estas ideas circulan en programas de streaming, se escuchan en la radio, aparecen en los portales de noticias y, por supuesto, se repiten una y otra vez en los discursos de distintos referentes de la ultraderecha.
En ese contexto, Agustín Laje afirmó que la «izquierda viene a sacar a la religión del medio» y que «el islam viene a poner la religión por sobre la política», de modo que «Occidente puede ser derrotado», dado que sus principales valores estarían relacionados con su moral religiosa y su funcionamiento político.
Resulta curioso que, en su libro Globalismo, el intelectual que alguna vez fue uno de los favoritos del presidente exhiba ciertas contradicciones respecto de los valores occidentales que dice defender, aunque ese no es el tema central de este análisis.
Lo verdaderamente importante es observar cómo, mediante estas simplificaciones, terminamos reduciendo a la izquierda al ateísmo y al islam al fanatismo religioso. Se estima que existen alrededor de 1.900 millones de musulmanes en el mundo. ¿Podemos imaginar qué sucedería si todos respondieran a las características que se desprenden de semejante generalización?
Porque el problema de este razonamiento es que, al simplificar, termina igualando. Convierte a millones de personas, con realidades, culturas, interpretaciones religiosas e historias completamente diferentes, en una única categoría homogénea. Así, comenzamos a construir nuestra identidad por oposición al otro, en lugar de reconocernos como integrantes de una misma comunidad política y, fundamentalmente, de una democracia.
En una conversación con el doctor Diego Armesto, me señaló que, cuando la democracia se deforma, puede convertirse en demagogia. A partir de esa reflexión, podemos reconocer que las democracias contemporáneas atraviesan una crisis profunda, en parte porque no han logrado satisfacer algunas de las necesidades más elementales de sus ciudadanos. Sin embargo, las experiencias históricas de los sistemas autoritarios nos ofrecen sobradas razones para desconfiar de quienes presentan la concentración del poder como una solución a esos problemas.
Y así, cuando nos acercamos al centenario de algunas de las horas más oscuras de la humanidad, volvemos a encontrarnos con la tentación de cerrar las fronteras, responsabilizar a las personas por profesar una religión determinada y celebrar el ejercicio de la violencia, especialmente cuando proviene de quienes tienen la autoridad para ejercerla.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alcanzó notoriedad internacional por su política de seguridad, la construcción de una megacárcel y el encarcelamiento de decenas de miles de personas señaladas como integrantes o colaboradoras de organizaciones criminales.
Recientemente, el mandatario habló sobre un proyecto que permitiría otorgar beneficios penitenciarios a aproximadamente la mitad de un grupo específico de detenidos acusados de colaborar con pandillas. La propuesta no implica liberar a la mitad de toda la población carcelaria, pero resulta significativa si consideramos las numerosas denuncias por violaciones de los derechos humanos y detenciones arbitrarias realizadas durante el régimen de excepción.
El hecho de que, después de varios años de una política de encarcelamiento masivo, el propio Gobierno contemple mecanismos de liberación anticipada para determinados detenidos debería invitarnos a reflexionar sobre los límites de estas estrategias y sobre las consecuencias de conceder facultades extraordinarias al poder político.
Durante los últimos años, en numerosos países y espacios de discusión pública se han establecido restricciones, formales o informales, sobre determinados discursos, expresiones y contenidos. Plataformas como Google y YouTube, junto con distintas instituciones, han desarrollado mecanismos de moderación que condicionan la circulación de ciertos mensajes. Existen palabras y expresiones que pueden reducir la visibilidad de una publicación o provocar su eliminación mediante sistemas automatizados.
El problema aparece cuando el debate público deja de organizarse alrededor de argumentos y comienza a quedar condicionado por aquello que se puede decir, aquello que resulta conveniente callar y aquello que los algoritmos deciden mostrar.
En este contexto, también cabe recordar que el presidente Javier Milei ha denunciado en más de una oportunidad la «banalización del Holocausto». Sin embargo, el 23 de octubre de 2026 afirmó que «los hijos de puta deberían ir a la hoguera», una expresión que, por su violencia, merece al menos una reflexión sobre los límites del lenguaje político y la responsabilidad de quienes ocupan los cargos más altos del Estado.
Por eso resulta fundamental preguntarnos hacia dónde se dirige el mundo y qué tipo de sociedades estamos construyendo. ¿Cómo explicar que, en Alemania, un partido como Alternativa para Alemania (AfD) haya conseguido instalarse como una fuerza política relevante, o que en España Vox haya logrado consolidar un espacio electoral significativo?
La existencia y el crecimiento de estas fuerzas nos obligan a reflexionar sobre nuestra relación con la historia, sobre las frustraciones que atraviesan las democracias contemporáneas y sobre la facilidad con la que determinadas sociedades vuelven a sentirse atraídas por discursos que identifican enemigos internos o externos como responsables de sus problemas.
La libertad entendida como ausencia absoluta de límites está lejos de agotar el pensamiento liberal que acompañó a las grandes transformaciones políticas de la modernidad, desde las revoluciones inglesas del siglo XVII hasta los movimientos constitucionales y democráticos de los siglos posteriores. Aquellas tradiciones, con todas sus contradicciones, también contribuyeron al desarrollo de instituciones, derechos individuales y mecanismos destinados a limitar el ejercicio arbitrario del poder.
Desde esta perspectiva, considero que las propuestas de los libertarios, los trumpistas y los movimientos iliberales, así como las experiencias políticas representadas por figuras como Bukele o Bolsonaro, no pueden analizarse exclusivamente como programas económicos o estrategias de seguridad. También deben examinarse como proyectos de poder y por su relación con las instituciones democráticas, los derechos individuales y los límites que deberían imponerse a cualquier autoridad.
Porque la historia nos ha demostrado cuáles pueden ser las consecuencias de permitir que el poder se concentre sin controles suficientes, especialmente cuando quienes lo ejercen comienzan a convencerse de que su legitimidad política los autoriza a pasar por encima de las instituciones.
Y quizás ese sea el verdadero fantasma que hoy recorre nuestras democracias: la tentación de sacrificar la libertad, los derechos y la convivencia democrática en nombre de una seguridad que, demasiadas veces, se construye señalando al otro como enemigo.
