Una cadena de ataques y complots atribuidos a Rusia eleva el riesgo de una escalada directa con Occidente

La guerra de Ucrania lleva más de cuatro años acostumbrando al mundo a noticias que, en cualquier otro escenario, serían extraordinarias. Pero durante las últimas semanas comenzó a aparecer una secuencia diferente y potencialmente más peligrosa: operaciones atribuidas a Rusia que se acercan cada vez más a ciudadanos, dirigentes, infraestructura y territorio vinculados directamente con países occidentales. Un tren utilizado por exdirigentes europeos y antiguos responsables de la CIA estuvo a minutos de quedar en la zona de un ataque; drones rusos penetraron el espacio aéreo moldavo mientras el avión presidencial de Volodímir Zelenski se preparaba para despegar; fiscales estadounidenses revelaron una presunta estructura vinculada con los servicios de inteligencia rusos que habría intentado contratar sicarios para matar opositores del Kremlin en Estados Unidos y Europa; y gobiernos europeos acumulan investigaciones por drones, incendios, sabotajes y operaciones contra infraestructura crítica. El Washington Post plantea que la combinación de estos episodios está poniendo a prueba hasta dónde pueden llegar Moscú y Occidente sin cruzar accidentalmente el umbral hacia una confrontación mucho mayor.

El episodio más inquietante ocurrió cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia. Durante la madrugada del domingo 13 de septiembre, un ataque con drones destruyó una locomotora en una línea ferroviaria utilizada habitualmente por las delegaciones extranjeras que entran y salen de Ucrania. Poco antes había pasado por allí un tren con una delegación de exfuncionarios y dirigentes europeos, entre ellos el ex primer ministro británico Boris Johnson, después de participar en la conferencia Yalta European Strategy en Kyiv. En otro convoy viajaban el exdirector de la CIA y excomandante estadounidense en Irak y Afganistán David Petraeus y otros dos antiguos funcionarios de la agencia. Ese tren fue evacuado apenas minutos antes de la explosión. No existe evidencia pública de que Rusia pretendiera específicamente matar a Johnson o Petraeus; antiguos funcionarios de inteligencia consultados por el Washington Post interpretaron el ataque como una posible señal intimidatoria dirigida a quienes continúan viajando a Ucrania. Pero justamente allí reside el riesgo: una diferencia de algunos minutos podría haber producido víctimas de enorme relevancia política y obligado a Washington y a varias capitales europeas a decidir cómo responder.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, calificó el ataque al tren como una “escalada calculada”, mientras el canciller francés Jean-Noël Barrot sostuvo que pretendía intimidar y dividir a los europeos. Es una interpretación política de los gobiernos occidentales, no una conclusión independiente sobre las intenciones del Kremlin, pero refleja el nivel de preocupación que generó el episodio. El problema es especialmente delicado porque el ferrocarril constituye una arteria fundamental para la conexión de Ucrania con Europa: por esas rutas ingresan funcionarios, diplomáticos y buena parte del apoyo occidental. Rusia tiene objetivos militares y logísticos en el oeste ucraniano, pero atacar cada vez más cerca de Polonia aumenta la posibilidad de que un proyectil o un dron termine atravesando la frontera de un país miembro de la OTAN.

Apenas unos días antes había ocurrido algo igualmente extraordinario en Moldavia. El 9 de septiembre, Zelenski utilizó el aeropuerto de Chisináu durante su viaje a Noruega para participar del funeral del rey Harald V. Las autoridades moldavas detectaron drones rusos en su espacio aéreo y cerraron temporalmente el tránsito aéreo. El vuelo del presidente ucraniano se demoró. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, afirmó posteriormente que el avión de Zelenski había estado cerca de ser alcanzado, aunque las autoridades moldavas señalaron que el aparato nunca estuvo en peligro inmediato: uno de los drones cayó y explotó a unos 160 kilómetros del aeropuerto y otro continuó hacia Rumania. Zelenski sostuvo después que Rusia había atacado el espacio aéreo moldavo coincidiendo con su paso por el país tanto a la ida como al regreso. Esa interpretación tampoco ha sido demostrada públicamente como un intento deliberado de atacarlo. Moscú negó que el avión estuviera amenazado y acusó a Kyiv de intentar involucrar a Occidente en el conflicto.

El episodio moldavo es importante por otra razón. Moldavia no pertenece a la OTAN, pero uno de los drones continuó hacia Rumania, que sí integra la alianza. Aviones F-18 españoles desplegados dentro de la misión de defensa aérea de la OTAN despegaron para seguir su trayectoria. Moldavia asegura haber registrado más de treinta incursiones de drones durante 2026, diecisiete de ellas solamente en agosto. Lo que antes podía ser interpretado como una anomalía es ahora un problema de seguridad recurrente en el flanco oriental europeo. Cada incursión obliga a distinguir entre un error de navegación, restos de un ataque contra Ucrania, una provocación intencional o una operación deliberada. Y esa ambigüedad es precisamente lo que convierte el fenómeno en un mecanismo potencialmente peligroso: la OTAN debe reaccionar sin saber siempre qué grado de intención existe detrás de cada episodio.

Pero esta semana apareció un tercer elemento que ya no tiene relación directa con el campo de batalla ucraniano. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra cinco personas que, según la acusación federal, integraban una red vinculada con los servicios de inteligencia rusos destinada a organizar asesinatos y operaciones violentas en distintos países. Los fiscales aseguran que esa estructura intentó contratar personas dentro de Estados Unidos para vigilar y eventualmente asesinar a un destacado opositor ruso residente en Washington. También habría buscado matar a otro disidente en Lituania y reclutar personas para realizar atentados contra infraestructura civil y militar en países europeos que apoyan a Ucrania. Los acusados permanecen prófugos, por lo que las acusaciones todavía deben ser probadas judicialmente.

La documentación judicial ofrece detalles especialmente llamativos. Según los fiscales estadounidenses, la red habría ofrecido hasta US$40.000 para asesinar al opositor ubicado en Estados Unidos y unos US$25.000 para matar a otra persona en Lituania. Entre los acusados aparecen Yuri Khrameev, antiguo integrante de inteligencia rusa; su hijo Kirill, identificado por fiscales como miembro del Servicio Federal de Seguridad ruso; y ciudadanos cubanos y venezolanos que habrían colaborado con la estructura. El Departamento de Justicia sostiene que la organización funcionaba al menos desde 2024 y que no se limitaba a perseguir disidentes: también buscaba personas dispuestas a realizar actos de sabotaje en Europa. El Kremlin rechazó las imputaciones y su portavoz, Dmitri Peskov, aseguró que Rusia no había visto pruebas coherentes que respaldaran las acusaciones.

Lo inquietante es que estos hechos no aparecen en el vacío. Gobiernos europeos llevan años denunciando una campaña rusa de operaciones híbridas que incluye incendios, sabotajes, interferencias electrónicas, vigilancia de instalaciones militares y ataques contra infraestructura. En 2024, los servicios occidentales vincularon al GRU ruso con un plan para introducir dispositivos incendiarios en paquetes transportados por aviones de carga. Algunos de esos paquetes se incendiaron en centros logísticos de Gran Bretaña, Alemania y Polonia. La preocupación llegó a tal punto que el entonces director de la CIA William Burns y el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan transmitieron advertencias directamente a Moscú ante el temor de que uno de los artefactos explotara durante un vuelo transatlántico.

La escalada ha continuado en 2026. Alemania acusó este mes a Rusia de estar detrás de un intento de ataque con un dron cargado con explosivos en el aeropuerto de Leipzig, cerca de un avión de carga ucraniano. Y la semana pasada Reuters reveló que fuerzas de Estados Unidos, Reino Unido y Noruega habían frustrado durante la primavera una presunta operación rusa destinada a ensayar el sabotaje de cables submarinos cerca de Svalbard, en el Ártico. Según fuentes occidentales citadas por la agencia, unidades rusas especializadas en guerra submarina estaban probando tecnología que podría utilizarse contra infraestructura de comunicaciones. Rusia ha rechazado reiteradamente que mantenga una campaña de sabotaje contra Occidente, mientras gobiernos europeos sostienen que el conjunto de episodios forma parte de una estrategia destinada a presionar a las sociedades que respaldan a Ucrania.

Al mismo tiempo, la guerra convencional también se intensifica. Reuters informó este viernes que Rusia ha comenzado a emplear de manera masiva versiones adaptadas de misiles RM48U originalmente diseñados para entrenamiento antiaéreo, una forma de aumentar la cantidad de proyectiles balísticos lanzados contra Ucrania sin consumir al mismo ritmo sus misiles Iskander. Más de la mitad de los 228 misiles balísticos e hipersónicos lanzados durante julio y comienzos de agosto habrían pertenecido a esa familia. Son menos precisos y, justamente por eso, su empleo cerca de zonas urbanas eleva el peligro para civiles. Además, obligan a Ucrania a gastar interceptores Patriot, cuyas reservas son limitadas. La combinación de drones cada vez más veloces, misiles reutilizados y ataques simultáneos está sometiendo a las defensas aéreas ucranianas a una presión creciente.

Es en ese contexto que el primer ministro polaco Donald Tusk lanzó una advertencia particularmente grave. Según explicó este jueves, información procedente de servicios de inteligencia polacos, estadounidenses, ucranianos y de la OTAN sugiere que Rusia podría preparar ataques híbridos con drones o misiles contra países europeos que ayudan a Ucrania, presentándolos después como accidentes. Tusk considera que el objetivo sería destruir rutas logísticas y, al mismo tiempo, comprobar hasta dónde llega la disposición de la Alianza Atlántica a reaccionar. La afirmación refleja una evaluación de inteligencia compartida públicamente por el Gobierno polaco; hasta ahora no se ha presentado evidencia pública que permita verificar todos los detalles de esos supuestos planes.

Y allí aparece la cuestión verdaderamente peligrosa: el artículo 5 de la OTAN. Un ataque contra un integrante de la alianza puede ser considerado un ataque contra todos, pero el tratado no establece que cada incidente deba generar automáticamente una guerra total. Los aliados conservan margen político para decidir cómo responder. El desafío surge precisamente con las operaciones híbridas. ¿Qué ocurre si un dron ruso destruye accidentalmente una estación dentro de Polonia? ¿Y si mueren dirigentes occidentales en un ataque contra territorio ucraniano? ¿Qué sucede si un sabotaje atribuido a inteligencia rusa provoca decenas de víctimas dentro de Estados Unidos o Alemania? Cada caso presenta un umbral distinto, y Moscú y la OTAN llevan años moviéndose en esa zona gris.

El Washington Post apunta además a otro elemento: la respuesta de Washington. El gobierno de Donald Trump viene impulsando nuevos intentos de negociación para terminar la guerra y el presidente ha criticado incluso determinados ataques ucranianos contra infraestructura energética rusa. Sin embargo, no está claro públicamente si la Casa Blanca transmitió a Moscú advertencias equivalentes a las que emitió la administración Biden después de los complots contra los aviones de carga. Tres semanas atrás, el propio Post informó que evaluaciones de inteligencia estadounidenses indicaban que Putin veía a Estados Unidos debilitado y distraído por otros conflictos y que el director de la CIA, John Ratcliffe, había viajado secretamente a Moscú para advertir que una escalada rusa contra intereses occidentales podría generar consecuencias.

Eso no significa que Rusia esté necesariamente preparando una guerra convencional contra la OTAN. De hecho, muchos de estos episodios siguen teniendo explicaciones disputadas y otros dependen de investigaciones judiciales o de inteligencia que todavía no son públicas en su totalidad. Pero el patrón preocupa porque la distancia entre una provocación controlada y un acontecimiento imposible de controlar puede ser mínima. Un dron que cae cien kilómetros antes no genera el mismo escenario que uno que impacta contra el avión de un jefe de Estado. Un ataque ferroviario realizado diez minutos después del paso de una delegación diplomática es muy diferente del mismo ataque diez minutos antes. Un sicario que rechaza US$40.000 deja un expediente judicial; uno que acepta puede producir una crisis bilateral.

Ese es el verdadero cambio que dejan las últimas semanas. La guerra sigue librándose principalmente en Ucrania, pero sus bordes son cada vez menos claros. Trenes utilizados por dirigentes occidentales, aeropuertos moldavos, espacio aéreo de países de la OTAN, cables submarinos, aeropuertos europeos y hasta un supuesto objetivo de asesinato en Washington aparecen dentro de una misma conversación estratégica. Ningún episodio aislado demuestra que Moscú haya decidido abrir una guerra con Occidente. Juntos, sin embargo, explican por qué los servicios de seguridad europeos y estadounidenses están mirando con tanta atención el próximo movimiento: en una confrontación donde casi todos intentan permanecer por debajo del umbral de una guerra directa, el mayor riesgo puede terminar siendo que alguien calcule mal dónde está exactamente ese límite.