Con el respaldo del PRO y la UCR, el Senado de la provincia aprobó 131 pliegos de jueces, fiscales y defensores. La Libertad Avanza votó en contra y denunció un reparto político de cargos clave.
29 de mayo de 2025
Alejandro Cabrera
Hubo votos, pero también acuerdos no dichos. En medio de la parálisis judicial más prolongada de los últimos años, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó en bloque 131 designaciones para cubrir vacantes estratégicas en juzgados, fiscalías y defensorías oficiales. La jugada no fue solo del oficialismo. Fue compartida.
Axel Kicillof logró lo que parecía difícil: unificar a Unión por la Patria con sectores de la oposición en una misma línea de acción institucional. La UCR y el PRO acompañaron la votación. La Libertad Avanza, en cambio, se desmarcó con críticas duras, denunciando que detrás del consenso se esconde un nuevo pacto de impunidad.
Pliegos, pactos y nombres en disputa
La votación desbloqueó una situación crítica. Con juzgados sin jueces y fiscalías vacías, el sistema judicial bonaerense funcionaba a media máquina. Los pliegos aprobados corresponden a cargos que llevaban meses (y en algunos casos años) sin cubrirse. Pero no se trató solo de eficiencia.
La negociación política fue intensa. El oficialismo logró colocar candidatos propios, mientras que la oposición negoció espacios en áreas clave del interior y el conurbano. Se votó todo en paquete, sin posibilidad de rechazos individuales. El resultado: un equilibrio inestable que reparte poder, pero también silencios.
Los nombres designados abarcan departamentos judiciales como La Matanza, San Isidro, Bahía Blanca, Lomas de Zamora, Azul y Mar del Plata. En varios casos, se trata de figuras con vínculos conocidos con intendentes, legisladores o referentes políticos. El mapa de la justicia bonaerense se reconfigura, y con él, los márgenes de control institucional.
Reacciones, votos y fisuras internas
La Libertad Avanza votó en contra de todos los pliegos. Argumentó que el mecanismo fue opaco, que no se discutieron perfiles y que los acuerdos responden a una lógica de reparto de poder. También apuntó contra el PRO y la UCR, por “acompañar al kirchnerismo” en la designación de cargos sensibles.
En cambio, desde los bloques mayoritarios se celebró el consenso como un gesto de madurez institucional. Afirmaron que se trató de resolver una deuda con la administración de justicia y normalizar un escenario que afectaba directamente al ciudadano común.
Sin embargo, puertas adentro, no todos los senadores de Juntos quedaron conformes. Algunos dirigentes radicales dejaron trascender su incomodidad. Y en el PRO, la votación dejó en evidencia la fractura entre los que siguen cerca de Rodríguez Larreta y los que ya orbitan en torno a Milei.
El Poder Judicial bonaerense quedó cubierto. Pero el acuerdo político que lo hizo posible expone algo más que una voluntad de gestión: revela cómo, incluso en tiempos de grieta, el poder real sigue sabiendo encontrarse en los lugares donde se juega el control de la ley.
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