Alejandra Larrea
El hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en la vivienda de un excomisario volvió a sacudir a Córdoba y al país entero. El protagonista de este caso es Horacio Antonio Grasso, un expolicía que había sido condenado hace más de una década por el asesinato de un niño durante un tiroteo y que, a pesar de sus antecedentes, había obtenido beneficios judiciales que le permitieron pasar parte de su condena en prisión domiciliaria.
El macabro descubrimiento ocurrió cuando albañiles que trabajaban en una remodelación en el departamento que habitaba Grasso advirtieron un fuerte olor y decidieron revisar un placard tapiado. Tras romper el cemento que sellaba la puerta, se toparon con una escena aterradora: el cadáver de una joven envuelto en mantas y atado con cables, oculto de manera premeditada.
La víctima fue identificada como Milagros Micaela Basto, de 22 años, desaparecida desde fines del año anterior. Su familia había denunciado la ausencia en diciembre, sin obtener respuestas concretas. El cotejo genético realizado por los peritos confirmó lo que se temía: los restos correspondían a la joven, lo que transformó la causa en un nuevo proceso por homicidio contra Grasso y su entorno.
El excomisario, que ya contaba con un historial de violencia y hechos delictivos, había sido condenado en 2009 por el asesinato de un niño durante un enfrentamiento con bandas vinculadas al narcotráfico. Aunque cumplía una pena de prisión efectiva, en 2019 logró la domiciliaria por problemas de salud. Sin embargo, múltiples informes posteriores detallaron incumplimientos reiterados: agresiones a su propia madre, episodios de fuga y hostigamiento a vecinos. Ante estas irregularidades, la Justicia lo devolvió al penal de Bouwer, pero sus vínculos con la vivienda de la calle Buenos Aires al 300 nunca dejaron de existir.
El hallazgo del cuerpo destapó también un costado sombrío de Grasso que parecía haber quedado bajo la sombra de su primera condena. La joven hallada en su placard atravesaba una vida marcada por la vulnerabilidad: había sido criada en un entorno de abandono, luchaba contra las adicciones y había desaparecido sin que su denuncia de paradero lograra una reacción institucional acorde. Su caso refleja la desprotección de muchos sectores invisibles de la sociedad, que encuentran en estas historias el rostro más crudo de la indiferencia estatal.
La investigación ahora se centra en determinar cómo fue asesinada Milagros y si Grasso actuó solo o con la complicidad de otras personas. Su hermano fue detenido en el marco de la causa y los fiscales analizan su posible participación, dado que en la vivienda se encontraron rastros de intervención de terceros. La manera en que el cuerpo fue ocultado sugiere una planificación que excede un arrebato espontáneo, lo que agrava la calificación legal de la causa.
La indignación social creció a medida que se conocieron los antecedentes del expolicía. La pregunta que circula en la opinión pública es cómo alguien con semejante prontuario pudo recibir beneficios judiciales, salir de la cárcel y tener margen de maniobra para cometer un crimen de esta magnitud. El caso expone grietas profundas en el sistema de control penitenciario y abre un debate sobre las condiciones en las que se otorgan reducciones de condena o libertades vigiladas.
Mientras tanto, el dolor de la familia de Milagros se convierte en emblema de una lucha por justicia. No solo reclaman por el esclarecimiento de su muerte, sino también por el reconocimiento de la cadena de fallas que permitió que su paradero quedara en la sombra durante meses. La confirmación de su identidad, tras el análisis genético, fue un golpe devastador pero al mismo tiempo un punto de partida para exigir que su caso no quede en el olvido.
La escena del departamento cordobés se transformó en un símbolo de horror: un placard tapiado en pleno centro de la ciudad ocultando el cuerpo de una joven que el Estado no logró proteger. La historia de Grasso, con su historial de violencia, con su caída en desgracia como policía y con su reincidencia, se convierte ahora en un caso paradigmático sobre impunidad, corrupción y la dificultad del sistema judicial para contener a quienes, lejos de rehabilitarse, persisten en la violencia más brutal.
El caso Horacio Grasso trasciende lo policial para instalarse en la agenda pública como una advertencia sobre la necesidad de reformas estructurales. La muerte de Milagros Basto interpela no solo a la Justicia sino también a las instituciones encargadas de prevenir y contener. En Córdoba y en todo el país, el eco de este hallazgo resuena como un recordatorio de que la seguridad, la memoria y la dignidad de las víctimas no pueden volver a quedar atrapadas detrás de un placard tapiado.
