El empresario colombiano, señalado durante años por autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores financieros de Nicolás Maduro, admitió en una corte federal de Miami haber participado en una conspiración para lavar dinero vinculada con contratos del programa CLAP. Aceptó entregar US$195 millones, colaborar con el Departamento de Justicia y podría recibir una reducción de pena si su cooperación resulta sustancial. El dato más importante no es solamente la confesión: Saab conoce durante años circuitos de pagos, empresas, contratos petroleros, funcionarios y mecanismos utilizados por el chavismo para operar bajo sanciones, mientras Maduro espera un juicio federal en Nueva York para 2027.