El presidente Milei anunció que vetará las iniciativas que impulsan los gobernadores —incluidos los proyectos sobre ATN y combustibles— marcando así su compromiso con el equilibrio fiscal, a pesar de que Sturzenegger había sugerido otra postura.
Política14 de julio de 2025
Alejandra Larrea
La Casa Rosada selló su decisión: cualquier proyecto promovido por los gobernadores que contravenga la orientación económica oficial será vetado, aun si posee amplio respaldo político. El anuncio repite una advertencia formulada por el presidente y confirma que no habrá espacio para medidas disidentes que no provengan del espacio libertario.
Mientras tanto, el ministro Sturzenegger había planteado en público que permitir la aprobación de estos proyectos permitiría habilitar una reforma más amplia del régimen de coparticipación. Pero esa idea fue rápidamente descartada en el entorno presidencial, que reafirmó su postura hacia el veto.
El Ejecutivo adelantó que los vetos afectarán proyectos sobre distribución de aportes federales (ATN) e impuesto a los combustibles, dos iniciativas impulsadas por gobernadores y funcionarios provinciales con importante apoyo en el Senado. Aunque la medida contaría con la media sanción, no logrará convertirse en ley sin la firma del Presidente.
El argumento central del Gobierno es proteger el superávit fiscal —una meta clave del plan económico— y evitar que medidas legislativas cuyos costos suman una fracción del PIB pongan en riesgo los ajustes pautados. En el equipo oficial aseguran que no puede permitirse ceder en temas que desestabilicen la gestión financiera del Estado.
Frente a este escenario, la estrategia gubernamental será dilatar el tratamiento en la Cámara de Diputados y convocar a gobernadores afines con la intención de construir una mayoría que avale el veto. El bloque libertario también se gestiona en ese sentido, mientras el Presidente evalúa medidas políticas complementarias para frenar la iniciativa.
La decisión presidencial profundiza la tensión entre el Ejecutivo y las provincias. Con el veto en camino y una estrategia de contención legislativa en marcha, el Gobierno marca límites claros: la iniciativa popular seguirá, pero no será suficiente para desplazar el plan fiscal oficial.
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