En medio del escándalo por los audios filtrados del ex titular Diego Spagnuolo, la Justicia ordenó una nueva ronda de allanamientos en todas las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en la droguería Suizo Argentina, en busca de documentación, celulares y pruebas que revelen un presunto pago de coimas en la compra de medicamentos.
Política29 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
El caso que sacude al Gobierno por corrupción suma nuevos capítulos: esta mañana, fuerzas de la Policía de la Ciudad ingresaron de forma simultánea en múltiples sedes de ANDIS y en instalaciones de Suizo Argentina. La medida se enmarca en una causa judicial que ya lleva 14 allanamientos previos y apunta contra figuras centrales del entorno presidencial.
Las sospechas giran en torno a un supuesto sistema de retornos ilegales ligados a contratos estatales. La novedad no solo tensiona la arena política, sino que amplifica el foco judicial sobre la trama de poder que trasciende lo institucional.
Esta mañana, el juez federal Sebastián Casanello, con el respaldo del fiscal Franco Picardi, ordenó allanamientos simultáneos en todas las sedes de ANDIS y en la droguería Suizo Argentina. El objetivo: secuestrar documentación, dispositivos electrónicos y material que complemente el expediente iniciado por los audios de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, donde alude a pagos indebidos vinculados a contratos de medicamentos.
Los operativos alcanzaron locales sitos en la zona de Congreso y en Avenida Rivadavia. No es la primera intervención: ya se habían realizado allanamientos en domicilios de Spagnuolo, de los hermanos Kovalivker (dueños de Suizo Argentina) y del exfuncionario Daniel Garbellini. En uno de esos procedimientos, se encontró a Emmanuel Kovalivker intentando huir con sobres cargados de dinero en efectivo.
Uno de los puntos críticos de la investigación es el acceso a los celulares de los involucrados. El dispositivo de Spagnuolo ya mostró mensajes eliminados que podrían aportar datos clave. En cambio, el teléfono avanzado de Emmanuel Kovalivker no pudo abrirse; los equipos técnicos indicaron que aún no disponen de la tecnología para desbloquearlo.
La causa ya avanzó con el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Spagnuolo y los directivos de la droguería. Además, se convocó una auditoría interna en ANDIS y se designó al interventor Alberto Vilches para ordenar el organismo y revisar todos los contratos.
El escándalo ha salpicado con fuerza el podio del poder: los involucrados mencionados en la causa incluyen a Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), el asesor Eduardo “Lule” Menem, y los empresarios Kovalivker. Los audios filtrados hablan incluso de retornos del 8% por los contratos adjudicados.
Los allanamientos de hoy profundizan el escándalo político y judicial que amenaza al nivel más alto del Gobierno. Lo que comenzó con audios y rumores —y que derivó en una intervención institucional— se transforma ahora en una investigación estructurada y feroz por corrupción. Si el avance judicial no se detiene, el impacto podría resonar como una sacudida al discurso oficial de ética y transparencia.
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