El hombre está imputado por drogar y atacar sexualmente a una joven que trasladaba diariamente. Fue arrestado tras una denuncia que conmocionó a la comunidad.
Policiales05 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
Un nuevo hecho de violencia sexual sacude a la sociedad. Un conductor de una combi que realizaba traslados de pasajeros con discapacidad fue detenido este martes acusado de haber drogado y abusado de una joven con discapacidad intelectual que viajaba en su unidad. La víctima, que era transportada habitualmente por el imputado, habría sido atacada durante un trayecto rutinario.
La denuncia fue radicada por la madre de la joven, quien notó alteraciones en el comportamiento de su hija y decidió llevarla a un centro de salud, donde los médicos constataron signos compatibles con abuso sexual. Además, se detectaron rastros de una sustancia química en su organismo, lo que encendió todas las alarmas sobre una posible sedación forzada.
Tras una investigación preliminar, el conductor fue arrestado en su domicilio, donde se secuestraron elementos de interés para la causa. Entre ellos, jeringas, medicamentos y dispositivos de almacenamiento de datos que serán peritados. La combi también fue incautada para realizar pericias sobre los asientos y el habitáculo de pasajeros.
Según trascendió, el acusado realizaba traslados contratados por obras sociales y particulares, principalmente de personas con discapacidades motrices, intelectuales o sensoriales. La víctima, de 22 años, padecería una condición que dificulta su capacidad para comunicarse con claridad, lo que habría sido aprovechado por el agresor.
La comunidad educativa y asistencial de la zona expresó su repudio y exigió mayores controles al personal que trabaja en transporte adaptado. “No puede ser que una persona sin preparación psicológica o con antecedentes pueda estar a cargo de personas vulnerables”, señalaron allegados a la familia.
El caso reabre el debate sobre la falta de regulación y fiscalización del transporte escolar y especializado. En muchos municipios, las combis particulares funcionan con escaso control estatal, sin evaluaciones psicológicas ni antecedentes penales actualizados de los choferes. La legislación vigente contempla requisitos mínimos, pero en la práctica, gran parte del sistema funciona en la informalidad o con controles laxos.
Desde el entorno de la víctima piden que se tipifique el delito con agravantes, dada la condición de discapacidad y la situación de confianza en la que se produjo el ataque. El acusado permanece detenido y se espera su indagatoria en las próximas horas. El fiscal de la causa evalúa solicitar la prisión preventiva.
El hecho generó conmoción en redes sociales y grupos comunitarios, donde se multiplicaron testimonios de situaciones similares o de comportamientos inapropiados por parte de transportistas. También hubo llamados a una reforma urgente del sistema de habilitación de conductores para servicios sensibles.
Este caso se suma a una preocupante estadística de abusos en entornos de confianza, donde la vulnerabilidad de las víctimas y la falta de controles favorecen el accionar de los agresores. El desenlace judicial marcará un precedente clave para casos similares.
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