Gobierno da de baja más de 110 mil pensiones por discapacidad laboral

El gobierno nacional anunció la cancelación de 110.522 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral, tras un operativo de control que reveló un elevado número de otorgamientos irregulares. La decisión se enmarca en un proceso de depuración de los padrones llevado adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad en conjunto con el PAMI, que analizó los antecedentes médicos y legales de cada beneficiario.

Las autoridades informaron que, en un 60 % de los casos, las personas convocadas para validar su condición no se presentaron a las instancias de revisión. A esto se sumaron 8.107 bajas por fallecimiento y 10.038 renuncias voluntarias, lo que eleva la cifra total de bajas a más de 128 mil.

Entre las irregularidades detectadas, se halló la utilización reiterada de un mismo estudio médico para justificar diferentes pensiones. En provincias como Tucumán y Chaco se identificaron radiografías idénticas presentadas en más de un centenar de expedientes, un patrón que encendió las alarmas sobre posibles redes de fraude.

El impacto económico de la medida no es menor: se estima que el ajuste permitirá un ahorro mensual cercano a los 35 mil millones de pesos. El Gobierno argumenta que el recorte busca destinar los recursos a quienes realmente cumplan con los requisitos y dependan del beneficio para subsistir.

La medida ha generado debate político y social. Mientras sectores oficialistas defienden la depuración como una acción necesaria para frenar abusos, organizaciones de personas con discapacidad advierten que existe el riesgo de que personas legítimamente beneficiarias pierdan su pensión por fallas en la verificación o problemas para presentarse a las citas médicas.

En paralelo, el Ministerio de Justicia analiza presentar denuncias penales contra funcionarios y profesionales que, según los registros, habrían validado estudios falsos o emitido certificados sin respaldo clínico real. El Ejecutivo sostiene que la transparencia en la asignación de beneficios será una prioridad y que continuará con auditorías periódicas para evitar nuevas distorsiones.