Alejandro Cabrera
El envío del Presupuesto 2026 al Congreso abrió un frente de discusión que trasciende lo económico y se adentra en lo institucional: el texto no contempla el mandato legal que obliga a destinar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación. Ese porcentaje fue establecido por la Ley de Financiamiento Educativo sancionada en 2005, que fijó un piso para garantizar la inversión en un área considerada estratégica para el desarrollo del país.
El dato no pasó desapercibido. Para los especialistas y referentes del sistema educativo, la omisión implica un retroceso en materia de derechos y una señal clara del rumbo fiscal del Gobierno. Milei planteó desde un inicio que la prioridad absoluta es el equilibrio de las cuentas públicas. Bajo ese prisma, el presupuesto no se ata a pisos de gasto preestablecidos sino que distribuye recursos en función del ajuste.
La ley vigente no ha sido derogada y sigue siendo un marco obligatorio. Sin embargo, la forma en que se plasma en el Presupuesto define cuánto dinero efectivamente se asigna a escuelas, universidades, infraestructura educativa, capacitación docente y programas de inclusión. Si ese 6% no aparece, el Congreso debería decidir si insiste en restituirlo o si avala la propuesta del Ejecutivo.
El 6% del PBI no es un número menor. En la práctica representa miles de millones de pesos que, a lo largo de casi dos décadas, sirvieron como garantía mínima para sostener salarios docentes, funcionamiento de universidades y programas federales. Eliminar ese compromiso abre la puerta a que el gasto educativo fluctúe según las prioridades de coyuntura, en lugar de estar asegurado por una norma.
Desde la oposición, las críticas apuntaron a que la medida implica “desfinanciar el futuro del país”. Argumentan que la educación pública es uno de los pocos consensos históricos que trasciende banderas partidarias y que su desprotección no solo afecta la calidad del sistema, sino también la cohesión social. Los sindicatos docentes, por su parte, anticiparon un escenario de conflicto gremial en caso de que no se garantice la inversión mínima.
En la Casa Rosada, en cambio, se defiende el criterio de realismo fiscal. Señalan que el PBI proyectado para 2026 es incierto y que cualquier piso rígido compromete el objetivo de déficit cero. Bajo esa mirada, los fondos para educación deben ser discutidos en el marco del gasto total, y no atados a un porcentaje fijo del producto.
La discusión también tiene un costado jurídico. Varios constitucionalistas señalan que no cumplir con la ley del 6% podría derivar en acciones judiciales, ya que se trataría de un incumplimiento legislativo explícito. Otros, en cambio, advierten que la ley fija un horizonte de política educativa pero no obliga al Ejecutivo a incluir de manera automática esa cifra en cada presupuesto.
El debate en el Congreso será central. Diputados y senadores deberán decidir si ratifican el proyecto del Gobierno o si reponen el piso histórico, como ya ocurrió con los vetos al financiamiento del Garrahan y de las universidades. La pulseada promete ser intensa, con la comunidad educativa movilizada y con la oposición buscando consolidar una mayoría en defensa de los recursos.
La omisión del 6% del PBI para educación expone una tensión más amplia: hasta dónde llega el ajuste en áreas sensibles y cuál es el costo social de mantener la disciplina fiscal a cualquier precio. La educación, tradicionalmente considerada un tema de Estado, quedó ahora en el centro de la disputa política.
