Alejandra Larrea
La investigación por el crimen que conmocionó al país —las jóvenes Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20) fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en septiembre en Florencio Varela— registró un avance decisivo. La UFI de Homicidios de La Matanza recibió un informe de inteligencia peruana que identifica los alias de los presuntos jefes de la organización narco que habría ordenado el hecho desde Trujillo (Perú).
Entre los apodos figuran “Pequeño J” (Tony Janzen Valverde Victoriano) y otros dirigidos por la banda internacional, lo que refuerza la hipótesis de que no se trató de un ajuste local sino de un mando superior organizado.
Las pericias telefónicas y el cruce de datos de inteligencia permitieron ubicar detenciones en Lima y fueron clave para que la causa sea derivada al fuero federal, por los vínculos transnacionales.
¿Qué se investigó?
La causa arrancó cuando las tres jóvenes desaparecieron tras subirse a una camioneta rumbo a lo que se suponía era una fiesta. Cinco días después aparecieron enterradas en una casa de Villa Vatteone, con signos de tortura extrema.
La banda narco presuntamente motivó el crimen por el robo de droga —varios kilos de cocaína— a uno de sus integrantes y decidió enviar un mensaje ejemplar.
Avances concretos
Los directivos del expediente estiman que la firma de las prisiones preventivas y el pase al fuero federal podrían concretarse en los próximos días. Además, los pedidos de captura internacional para los fugitivos de Perú y Argentina están en curso.
Dentro del país, ya hay seis o más detenidos; otros tantos prófugos con alertas rojas de Interpol. Las fiscalías analizan los roles de mando, la logística criminal y la responsabilidad de los que planificaron desde el extranjero.
Relevancia y consecuencias
Este caso muestra que el terrorismo narco no solo mata sino que utiliza femicidios para marcar territorio y poder. El hallazgo de los alias y la carga internacional del expediente lo convierten en un hito para la investigación de delitos complejos en Argentina.
La sociedad exige respuestas rápidas. El poder político y judicial tendrán que dar cuenta de cómo avanzan los procesos y cómo se protege a las víctimas jóvenes que crecían en vulnerabilidad.
El expediente - una mezcla de femicidio, narcotráfico y crimen organizado transnacional - puso en evidencia que no basta con capturar sicarios; es necesario llegar al núcleo superior que ordena, financia y manipula. Este nuevo capítulo se abre con pistas claras y compromiso internacional, pero aún sin sentencia firme.
