Alejandro CabreraLa advertencia no provino de un dirigente opositor, un sindicalista ni un empresario enfrentado con el Gobierno. La formuló Ricardo Arriazu, uno de los economistas de mayor influencia sobre Javier Milei y un defensor del equilibrio fiscal como condición indispensable para estabilizar la economía argentina.
Su diagnóstico expone una contradicción que el discurso oficial evita abordar: la Argentina puede exportar más, acumular dólares y mejorar sus cuentas externas mientras pierde empleos en la industria, el comercio y otras actividades vinculadas con el mercado interno.
Arriazu lo resumió con una frase contundente: “Nunca antes vi un gran excedente de dólares con falta de empleo”. El economista describió una estructura en la que los sectores que crecen son grandes proveedores de divisas, pero demandan relativamente pocos trabajadores, mientras las actividades que retroceden necesitan dólares para funcionar, aunque concentran buena parte del empleo urbano.
La frase cuestiona uno de los principales supuestos del programa libertario: que el orden macroeconómico, la apertura comercial y el ingreso de inversiones producirán automáticamente una mejora generalizada.
El superávit externo puede fortalecer las reservas, reducir la posibilidad de una crisis cambiaria y permitir la importación de maquinaria. Pero no garantiza que una fábrica aumente su producción, que un comercio incorpore empleados o que una familia del conurbano consiga un puesto formal.
La minería, Vaca Muerta y el sector agropecuario tienen capacidad para multiplicar las exportaciones argentinas. Sin embargo, son actividades intensivas en capital, tecnología e infraestructura, con una demanda laboral proporcionalmente menor que la industria manufacturera, la construcción o el comercio.
Una empresa energética puede producir miles de millones de dólares con una dotación mucho más reducida que la necesaria para sostener una red de fábricas, talleres, comercios y pequeñas empresas.
Arriazu explicó que la economía atraviesa un cambio estructural con ganadores y perdedores. Entre los primeros aparecen las actividades que generan divisas y emplean poca mano de obra. Entre los segundos se encuentran sectores más orientados al consumo interno, que requieren importaciones, pero también concentran millones de puestos de trabajo.
Los últimos datos del INDEC muestran con claridad esa divergencia.
Durante mayo, el Estimador Mensual de Actividad Económica creció apenas 0,2% frente al mismo mes de 2025 y cayó 0,5% respecto de abril en la medición desestacionalizada. La explotación de minas y canteras avanzó 15,7% interanual y el agro creció 4,6%. En cambio, la industria manufacturera cayó 5,6% y el comercio mayorista, minorista y las reparaciones retrocedieron 4,3%.
Los sectores exportadores evitaron una caída del indicador general, pero las actividades más relacionadas con el empleo urbano y el consumo continuaron debilitándose.
Ahí aparece la paradoja señalada por Arriazu: los números macroeconómicos pueden mejorar mientras se deteriora el entramado productivo que sostiene la vida económica de los grandes centros urbanos.
Según el economista, el saldo comercial acumulado alcanzaría unos 27.000 millones de dólares, acompañado por un superávit de cuenta corriente de alrededor de 9.000 millones. En su evaluación, la Argentina dispondría de una oferta importante de divisas, salvo que el propio Gobierno cometa errores que alteren ese equilibrio.
Pero los dólares generados por el petróleo, el gas, el litio, el cobre o la cosecha no se distribuyen automáticamente entre regiones, trabajadores y pequeñas empresas.
Pueden mejorar el balance externo y, al mismo tiempo, convivir con fábricas cerradas, comercios con menos ventas y trabajadores que pasan de un empleo asalariado a una ocupación informal.
La segunda advertencia de Arriazu es territorial y tiene un enorme impacto político.
El economista considera que una economía más abierta reducirá el peso relativo de sectores industriales concentrados históricamente en el Gran Buenos Aires, mientras aumentará la participación de actividades vinculadas con los recursos naturales en Neuquén, la Patagonia, Cuyo y las provincias mineras.
El Gobierno presenta esa transformación como una reasignación eficiente. Las empresas que no pueden competir deberían achicarse o desaparecer, mientras el capital y los trabajadores se trasladarían hacia los nuevos sectores dinámicos.
El problema, advirtió Arriazu, es que “la gente no se mueve”. Las inversiones pueden cambiar rápidamente de destino, pero las familias tardan años en abandonar la ciudad donde viven, trabajan, estudian y construyeron sus vínculos sociales.
Un operario de La Matanza, Avellaneda, Quilmes o San Martín no puede trasladarse automáticamente a Vaca Muerta o a un proyecto cuprífero en San Juan.
Necesita conseguir vivienda, financiar una mudanza, capacitarse para una actividad diferente y trasladar a su familia. También requiere escuelas, hospitales, rutas, transporte y servicios en la región receptora.
La inversión privada puede instalar una mina o ampliar un yacimiento. No construye por sí sola toda la infraestructura social necesaria para recibir a cientos de miles de personas.
Por eso Arriazu advirtió que el proceso puede producir “bolsones de descontento, bolsones de desempleo y de pobreza” en la región más poblada y políticamente sensible del país. También reclamó que la transición sea estudiada y acompañada mediante políticas específicas.
No se trata solamente de una dificultad electoral para Milei. Es el riesgo de que el país resuelva su histórica escasez de divisas, pero profundice la fractura territorial y social.
Mientras algunas provincias reciben inversiones multimillonarias, otras pueden concentrar trabajadores desplazados, pequeñas empresas cerradas y familias sin posibilidades reales de trasladarse.
Arriazu no sostuvo que la apertura deba ser cancelada. Señaló que sus costos no desaparecerán espontáneamente y que el Estado tendrá que intervenir para administrar la transición. “Hay que pensar cómo se resuelve el problema”, planteó.
La advertencia resulta incómoda para un Gobierno que confía en que el mercado reasignará recursos sin necesidad de una política industrial, habitacional o laboral de gran escala.
El último informe de la Secretaría de Trabajo contabilizó 12,765 millones de trabajadores registrados durante abril, con una caída mensual del 0,2%.
Los asalariados privados registrados sumaron 6,13 millones y también retrocedieron 0,2% frente a marzo. En mayo, la Encuesta de Indicadores Laborales volvió a mostrar una reducción mensual del empleo privado formal del 0,1% en los principales aglomerados urbanos.
Los porcentajes pueden parecer pequeños cuando se observan de manera aislada. Sin embargo, su repetición muestra una economía que todavía no consigue generar empleo asalariado de manera sostenida.
La Encuesta Permanente de Hogares del INDEC ubicó la desocupación en 7,8% durante el primer trimestre de 2026. En el Gran Buenos Aires alcanzó el 8,7%, por encima del promedio nacional.
La informalidad llegó al 44,2% y aumentó 2,2 puntos porcentuales en un año. La subocupación también creció y se ubicó en 11,1%.
La estabilidad de la tasa general de desempleo no significa que el mercado laboral esté sano.
Una persona que pierde un empleo industrial puede comenzar a manejar para una aplicación, vender productos, realizar trabajos ocasionales o inscribirse como monotributista. Estadísticamente continúa ocupada, pero pierde estabilidad, salario previsible, vacaciones pagas, aguinaldo, indemnización y aportes patronales.
Por eso, el aumento del cuentapropismo o del monotributo no compensa necesariamente la destrucción de puestos asalariados.
Puede evitar que la desocupación abierta crezca todavía más, pero al costo de una estructura laboral más precaria.
La advertencia tiene mayor peso porque Arriazu no rechaza los principales fundamentos del programa económico.
El economista considera que la eliminación del déficit fiscal es la diferencia central entre el proceso actual y otros intentos fallidos de estabilización. También destaca la posibilidad de que la Argentina alcance simultáneamente superávit fiscal y externo.
Su cuestionamiento comienza donde termina el relato oficial: estabilizar no es lo mismo que desarrollar.
Un país puede ordenar sus cuentas y seguir sin resolver cómo reemplazará los empleos que desaparecen con la apertura, la competencia importada, el cambio tecnológico y la reducción del consumo interno.
Arriazu también rechazó la idea de que una mejora cambiaria o monetaria sea suficiente para reactivar la economía. Señaló que, cuando existe capacidad productiva ociosa, el nivel de actividad depende de la demanda: cuánto consumen los hogares, cuánto invierten las empresas y qué cantidad de poder de compra circula dentro de la economía.
En ese contexto, observó que “El depósito creció más que el crédito”: el sistema absorbió más recursos de los que volcó nuevamente mediante préstamos, reduciendo el impulso sobre la demanda interna.
Una fábrica con máquinas detenidas no produce más porque el Banco Central acumule dólares. Necesita pedidos.
Un comercio no incorpora personal porque aumenten las exportaciones de gas. Necesita consumidores con ingresos.
Y un trabajador industrial no se transforma automáticamente en operario petrolero porque la empresa en la que trabajaba cerró.
Arriazu también marcó un límite a la capacidad oficial de manejar la cantidad de dinero. Sostuvo que “la monetización no la determina el Gobierno”, porque la demanda de pesos depende finalmente de las decisiones de la sociedad.
La observación es relevante para un oficialismo que suele presentar la política monetaria como una variable bajo control absoluto.
El Gobierno deposita buena parte de sus expectativas en Vaca Muerta, la minería, el agro y la economía del conocimiento.
Esos sectores pueden modificar la restricción externa que condicionó históricamente a la Argentina. Una disponibilidad sostenida de dólares permitiría importar maquinaria, estabilizar la moneda, pagar deuda y financiar inversiones.
Pero ninguna de esas ventajas garantiza por sí sola una distribución territorial y social equilibrada.
La expansión minera puede generar demanda de cemento, transporte, construcción, maquinaria y servicios. Arriazu estimó que el crecimiento previsto podría requerir miles de camiones y decenas de miles de conductores adicionales.
Para que esa expansión se transforme en empleo argentino, se necesita una política productiva.
Las compañías deben encontrar proveedores locales competitivos, los trabajadores requieren formación profesional y las provincias necesitan rutas, viviendas, escuelas y servicios. De lo contrario, parte de los insumos puede importarse y los beneficios pueden concentrarse en enclaves productivos desconectados del resto de la economía.
La administración de Milei cuestiona las políticas industriales tradicionales porque considera que protegieron empresas ineficientes y trasladaron sus costos a los consumidores.
Ese argumento puede tener fundamentos. Pero eliminar las protecciones sin diseñar una transición tampoco constituye una estrategia de desarrollo.
La competencia externa puede bajar algunos precios y obligar a modernizar empresas. También puede destruir capacidades productivas difíciles de reconstruir cuando el crédito, los impuestos, la logística y la infraestructura colocan a los productores nacionales en condiciones desfavorables.
La propia entidad que organizó una de las exposiciones de Arriazu resumió que el éxito de la transformación dependerá de la capacidad para gestionar sus consecuencias sociales y reclamó instrumentos de compensación, capacitación e infraestructura para las zonas más afectadas.
La advertencia de Arriazu expone el principal desafío económico y político del modelo.
La Argentina puede solucionar su escasez de divisas y, al mismo tiempo, profundizar la falta de empleo formal.
Puede presentar superávit fiscal, comercial y energético mientras aumentan la informalidad, el cuentapropismo y el descontento en las grandes áreas urbanas.
No es una contradicción estadística. Es la consecuencia de una matriz que favorece actividades de alta productividad y baja demanda laboral mientras deja retroceder sectores que emplean a millones de personas.
El Gobierno confía en que las inversiones y la estabilidad terminarán generando nuevas oportunidades. Pero todavía no explicó qué ocurrirá con quienes pierdan su trabajo antes de que esas oportunidades aparezcan.
Tampoco detalló cómo evitará que el conurbano concentre el costo social de una apertura cuyos beneficios principales se localizan a cientos o miles de kilómetros.
Las declaraciones de Arriazu deberían ser consideradas una advertencia interna y no una observación secundaria.
El economista que Milei escucha está diciendo que el equilibrio externo no garantiza equilibrio social, que la población no se traslada al ritmo de las inversiones y que el mercado, por sí solo, puede dejar regiones enteras atrapadas entre la pobreza y el desempleo.
La Argentina puede dejar atrás la histórica restricción de dólares y encontrarse con otro problema igual de profundo: una economía que exporta más, acumula reservas y ordena sus cuentas, pero no ofrece suficiente trabajo estable a su población.
