Karina Milei al borde de la citación forzosa en el escándalo $LIBRA

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que analiza la caída del proyecto $LIBRA y su vinculación con figuras del poder político, ha avanzado hacia una medida excepcional: podría solicitar el auxilio de fuerzas públicas para garantizar la comparecencia de Karina Milei. Ella fue citada como testigo clave por su presunta participación vinculada al directorio o promoción del criptoactivo en cuestión.

Aunque no ocupa un cargo legislativo, su rol al frente de la Secretaría General de la Presidencia y su cercanía al Ejecutivo la sitúan como figura de relevancia en la investigación. La autorización judicial a la apelación de la comisión habilita el uso de medidas coercitivas si no se presenta voluntariamente.

Antecedentes del caso

El escándalo del criptoactivo $LIBRA se originó tras la promoción pública del mismo desde perfiles vinculados al Ejecutivo, con fuertes pérdidas para inversores y denuncias sobre posible esquema de lavado y manipulación. La comisión legislativa pidió información sobre las operaciones, vínculos societarios, billeteras virtuales y contratos, y vinculó el nombre de Karina Milei en calidad de directora o partícipe indirecta del proyecto.

Implicancias institucionales y políticas

La posibilidad de usar la fuerza pública para asegurar la declaración de una funcionaria cercana al presidente genera una tensión inusual: mezcla de inmunidad, poder político y transparencia. En el plano político, el incidente pone al gobierno bajo presión por el cumplimiento de su discurso anticorrupción. Frente al público, la familia presidencial ya está en el centro de un escándalo que podría marcar el rumbo de las próximas legislativas.

Pasos siguientes

La comisión fijará en breve una fecha límite para la declaración voluntaria de Karina Milei. Si no comparece, se iniciará el procedimiento de citación coercitiva y se evaluará un dictamen preliminar con posible desafuero o remisión a la justicia penal.
Para el Ejecutivo, la forma en que se desarrolle este proceso tendrá impacto menos en la economía que en la percepción de transparencia y control de poder.

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